En el derecho se tiene por cierto que una persona ha cometido un hecho ilícito a través de una sentencia consentida y ejecutoriada. Pero en la población peruana No.
El peruano tiene esa bendita costumbre de dar por hecho algo con la mínima sospecha existente.
Digo esto sacado del contexto de la entrevista realizada ayer en el Programa Cuarto Poder a la congresista Rosa Bartra. En donde explicaba la razón por el cual no se incluyó en el informe final de la comisión Lava-Jato a Alan García y a Keiko Fujimori, y por qué a Nadine Heredia (a pesar que no fue funcionaria del estado y no tuvo en su cargo de “primera dama” la asignación de alguna obra pública por parte del Estado Peruano) y además la responsabilidad que tenían las “empresas coimeras” ODEBRECHT, OAS, Andra de Gutierrez y sus consorciadas peruanas GRAÑA Y MONTERO, JJ CAMET, entre otros; ya que en el marco del control político que tiene el Congreso de la República, en sus Comisiones Investigadores, analizaron el proyecto desde que se conceptualizó como idea hasta la actualidad.
En el caso de Alan García, quien “asistió ocho horas” de interrogación en el parlamento peruano, así como que se pidiera el levantamiento de su secreto bancario, tributario, bursátil; y que, además, se pidiera a Registro Público el detalle de sus propiedades y sociedades que tiene, no se encontró “Nada” o alguna irregularidad existente.
Del mismo modo pasó con la señora Keiko Fujimori, un claro ejemplo que en el Perú no se respeta la presunción de inocencia y que por razones “existentes” se encuentra tipificada en las leyes peruanas, tampoco se le encontró alguna irregularidad existente frente a las ya Empresas Coimeras del Estado Peruano. Además que ella no tuvo a su cargo la asignación de alguna obra pública como gaseoducto, la línea uno del metro de 1, entre otros, razón por la cual amerite ser incluida en el informe final de la comisión Lava Jato.
El de Nadine Heredia es un caso extremo ya que ella estaba activa en los actos de gobierno del ex presidente Ollanta Humala, razón por la cual miembros del pleno decidieron, por consenso, que se la incluyera en los casos de corrupción investigadas por el Congreso Peruano.
Entonces, a todo ello ¿la sospecha es suficiente para la imputación de un delito a pesar que no se encontrará documento alguno que indique responsabilidades individualidades? ¿Acaso con ello no se juega con el honor y la imagen pulcra que tiene todo individuo peruano? ¿Por las puras el Estado Peruano tiene instancias judiciales para que verifique ello? ¿Por las puras existe un Congreso de la República que no cumple con su función fiscalizadora dentro del marco político peruano?
Mientras que no cambiemos de parecer, seguiremos preguntándonos: ¿Y cuándo se jodió el Perú?
