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Institucionalidad

Douglass North, Nobel en economía en 1993, conceptualiza la institucionalidad como las reglas de juego del funcionamiento de una sociedad. Asimismo, señala que existen dos clases de institucionalidad, la formal –todas las leyes– y la informal –comportamientos, costumbres, culturas, ética–. Conforme a ello, ante los escándalos de corrupción y fácil injerencia en las decisiones y posturas de las diversas instituciones nacionales, queda demostrado que en nuestro país prima la institucionalidad informal, en la cual los comportamientos son corruptos, ya que por costumbre ello es algo normal, por la cultura implantada desde la creación de nuestro Estado y la ética solo es importante cuando los hechos nos afectan directamente o no nos permite mantener nuestro orden cultural habitual.

Sobre lo descrito, Dennis Chávez de Paz señala que este problema se acentuó en el gobierno del Presidente Alberto Fujimori, ya que con la consolidación de diversas violaciones constitucionales, se debilitó y generó una crisis de institucionalidad cuyas consecuencias en la ciudadanía se tradujeron en inseguridad jurídica y falta de confianza en las instituciones gubernamentales, con inevitables repercusiones negativas para la vida económica, social y política del país.

En ese sentido, haciendo una paráfrasis de Jorge Basadre, con nuestra institucionalidad podrida, incendiada y congelada, conforme a lo advertido en los últimos días, los únicos ganadores son los grupos fácticos, ya que su lucro se basa en la institucionalidad pervertida, por lo que para ellos esta situación debe continuar y harán todo lo posible para que sea así, imposibilitando la generación de valor público que beneficie a la ciudadanía.

Para el maestro Sinesio López, el orden oligárquico se mostró hostil al desarrollo de las instituciones modernas tanto del Estado como de la sociedad civil y los partidos. El populismo creó un conjunto de instituciones que han evidenciado su fragilidad, como se advierte con los diferentes escándalos y destapes. Concibiendo que en la columna somos partidarios del control social, bajo un enfoque de una comunidad política es imperante elevar los niveles de institucionalidad formal. Ante esto, es necesario establecer pautas de conductas reiteradas, estables y apreciadas que tengan fuerza y amplitud en las organizaciones y procedimientos, y entendiendo que, mientras más moderna es una sociedad, mayor es la diversidad de sus organizaciones y más alto es –o debería ser– su nivel de institucionalidad. (López, 1995)

Entendiendo nuestro sistema de gobierno democrático, Montesquieu señalaba que cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir. Asimismo, señalaba que tampoco existe libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo –tiene injerencia en sus decisiones como en nuestro caso–, ya que sería arbitrario.

Actualmente, ante los diversos destapes y escándalos que motivan estas líneas, a manera de conclusión es preciso hacer hincapié en la necesidad vital de fortalecer y contar con instituciones fuertes, solidas e inmunes a cualquier injerencia, que garanticen el respeto a los derechos individuales y colectivos de todos los ciudadanos, puesto que como podemos apreciar, nuestra economía está estancada, el crecimiento no se dio conforme a lo previsto, como consecuencia de esta crisis política e institucional nacional, ya que la incertidumbre que causa en el mercado internacional es incomparable.

En un país donde prima la institucionalidad, las políticas públicas pueden ser correctamente diseñadas e implementadas y conforme a ello cumplir las metas esperadas generando el añorado valor público en beneficio de la sociedad, por lo que es nuestro deber como ciudadanos exigir ello.

Miguel Angel Rojas Rios

Abogado

Maestrando en Gobierno y Políticas Publicas

rojasr.miguel@pucp.edu.pe

BIBLIOGRAFÍA

López, Sinesio

1995     “Estado, régimen político e institucionalidad en el Perú”. Lima: PUCP, pp. 573.


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