La inmunidad parlamentaria se puede suprimir o anular con una reforma Constitucional que requiere votación calificada de 87 congresistas en dos legislaturas ordinarias y basta que se convenza a ese número de parlamentarios para acabar con esa antigua norma. También se puede acabar con esa prerrogativa constitucional a través de un referéndum que requiere mayor esfuerzo logístico, más tiempo y produce una exposición mediática todo el tiempo y más que dure el proceso. De hecho que el camino más corto es el de la votación en el Pleno. Pues recolectar firmas para un propósito de reforma constitucional es tedioso, costoso y agobiante. Sin embargo, es popular y expone en el ámbito nacional, sobretodo limeño, a quien la lidera. Entonces, está claro porqué la congresista Patricia Donayre, contradiciendo como tantas otras veces su propia formación académica, prefiere el camino más largo: Necesita tribuna.

Para ello emplea una estrategia que los iquiteños la conocemos bastante, pues el exparlamentario Jorge Luis Donayre Lozano, hizo algo similar cuando emprendió la recolección de firmas para sacar del poder al exgobernador Iván Vásquez Valera. Las particularidades y resultado de ese propósito ya todos lo conocemos: acusaciones mutuas de todo calibre. La recolección de firmas, digámoslo con todas sus letras, no llevará a nada. De hecho –como si se preguntara a la población si está de acuerdo o no con la pena de muerte- la propuesta recibe el respaldo de la población porque nadie está de acuerdo que los congresistas tengan “privilegios”. Pero ni siquiera privilegios son porque, lo dicen constitucionalistas y lo ha reiterado el analista Juan de la Puente hace unos días: “Desde la doctrina parlamentaria clásica, la inmunidad no es un derecho personal ni un privilegio individual del legislador, sino una garantía que descansa en el poder del Parlamento como cuerpo colegiado, como lo ha señalado en su momento el Tribunal Constitucional”. Hay más razones. No vamos a enumerarlas por razones obvias.

Está claro que Donayre Pasquel –que hoy se pasea con Martín Vizcarra y César Villanueva por la región San Martín sin que haya sido elegida por esa región, tal como lo hacía con PPK y con Keiko en meses anteriores y quizás lo haga con el que ejerza poder en los próximos años- no desea ninguna reforma estructural del sistema político peruano. Sólo quiere tribuna que, baste analizar los últimos meses de su función, la tendrá en Lima y otras ciudades pero que en Iquitos se le irá reduciendo no sólo porque ya no posee un canal y una radio sino porque su agenda mediática es personalísima y egocéntrica, como todo lo que hace en su función pública.

Si quisiera una reforma concreta sobre el trabajo parlamentario haría caso a los especialistas. A quienes, además, convocó en diversas oportunidades cuando estaba empeñada en modificar la Constitución. Para ello tendría que recurrir al mismo De La Puente, quien señala que la representación parlamentaria “tiene dos momentos, la formación y el ejercicio”. Donayre quiere reformular el ejercicio cuando debería empezar por la formación. No lo hace, evidentemente, porque esa etapa es de la “impunidad legalizada” y se reduce al “fichaje de independientes con dinero, el financiamiento ilegal y el desprecio a los militantes de base de los partidos. Sin reforma radical de esa etapa, que no implique colocar más requisitos, el Congreso seguirá abierto a los indeseables y quizás solo se mejore el proceso de desafuero”, como lo dice el analista antes aludido.

La congresista Patricia Donayre ha escrito que “es una obligación moral iniciar una reforma constitucional para eliminar la inmunidad parlamentaria, la misma que ha servido de escudo para la impunidad y la corrupción”. Podríamos firmar esa iniciativa, solo que antes pediríamos con el respeto que su inmunidad la confiere que la congresista exfujimorista nos explique qué entiende por moral y corrupción. Porque esas “obligaciones” ya las escuchamos muchas veces para justificar sofismas que suenan ilustrados, es verdad, pero son putrefactos para la democracia del país y la región.