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POLITICOS, EMPRESARIOS Y PODER: DILEMA PARA LA DEMOCRACIA

ESCRIBE: Tato Barcia

Quisiera empezar definiendo el concepto de “corrupción”, que es utilizado muy a la ligera, inclusive por los comunicadores sociales de Iquitos. La corrupción es la alteración más grave y contagiosa que puedan padecer las instituciones. Supone que una persona o varias, de común acuerdo, instrumenten y manejen el sector público a su antojo, en beneficio propio o ajeno. La misma patología arrasa a las corporaciones privadas si los gestores las administran imponiendo intereses particulares defraudatorios frente a los de la sociedad o sus socios. También existen situaciones mixtas, donde lo público y lo privado se entrecruzan constantemente. Hasta para esta definición no se suscita un cierto acuerdo general. Pero, cuando llega el momento de precisar si determinados hechos constituyen prácticas corruptas, donde el común de las personas advierte podredumbre institucional, la interpretación legal, sin embargo, suele ser invidente.

Un funcionario o servidor público comete un acto de corrupción cuando recibe o solicita dinero para hacer algo o dejar de hacer algo a lo que está obligado. En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Como vemos, la definición de funcionario público adquiere relevancia en los delitos contra la administración pública y exige una cualidad en el sujeto activo para que pueda ser considerado como “autor” del delito para efectos penales la Ley Nº 30124 mediante la cual se modifica el art. 425º del Código Penal, referido al concepto de funcionario o servidor público. En estricto, con dicha norma se indica que la condición de funcionario o servidor público la ostenta quien independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado, y que en virtud de ello ejerce funciones. Esto destierra cualquier duda interpretativa. En términos generales, es funcionario público aquella persona que ocupa un status especial y que tiene un deber de garante para con la sociedad y el Estado, por lo que debe evitar la lesión de los intereses de la Administración Pública. El Código Penal, que fue promulgado el 8 de abril de 1991, mediante el Decreto Legislativo N° 635, ha regulado en los artículos 382° al 400° los diversos tipos de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, encontrándose entre ellas: la concusión, colusión, peculado, malversación de fondos, entre otras.

El artículo 425° del Código Penal, presenta un abanico de 6 consideraciones que se deben tomar en cuenta para establecer quién o quiénes ejecutan, desarrollan y desempeñan sus actividades como funcionarios o servidores públicos. En el argot popular, toda definición y entendimiento social sobre la corrupción, siempre implica de manera unilateral únicamente a políticos y funcionarios públicos. Pero “tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata”. En otras palabras, consiste en “el abuso del poder público para beneficio privado”. Como vemos esta definición solo se circunscribe a los actos cometidos por los integrantes del sector público o, en el mejor de los casos, a aquellas personas que manejan recursos provenientes del erario. La corrupción es producto de acuerdos viciados de origen entre la esfera pública (funcionarios) y la privada (empresarios), que terminan por malversar lo que es de naturaleza pública con el objeto de obtener altísimos beneficios personales. La suma de ambas voluntades es condición sine qua non para que se dé la corrupción. O sea, esos son negocios al más puro “estilo Odebrecht”.

A la luz de lo acontecido por las declaraciones del último “CADE 2019” en Paracas, se ha popularizado equivocadamente que la corrupción en nuestro país involucra a todas las organizaciones políticas y, por supuesto, a muchos “empresarios” que han estado interesados en menor o mayor medida en los resultados de los procesos electorales y la supuesta necesidad de flujo de efectivo para sostener lealtadas. Pero esta concepción equivocada sólo sería la punta de un iceberg, siempre atado a la permanencia y a la definición del poder político de turno, privatizaciones, contratos de obras de infraestructura, trámites más agiles, concesiones, leyes con nombre propio e impropio, licencias y todo aquel proceso regulado o que dependa del gobierno. Son las zanahorias que muchos empresarios y políticos han intercambiado durante muchos años y que se impusieron como un desviado deber de ser de los “negocios”.

El soborno, los desvíos de fondos públicos, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito y oculto, la colusión, la obstrucción de la justicia, el uso ilegal de información confidencial o falsa, el nepotismo y la conspiración para cometer actos corruptos, son el pan de cada día. En un país donde las elecciones de autoridades se dan bajo el control del poder político de los partidos y las influencias de ciertos sectores económicos, donde la corrupción y la impunidad han marcado el devenir, donde los contubernios entre poderes políticos y económicos llegan al grado de confundir a unos con otros, peor ahora que no existe la fiscalización del Congreso de la Republica. Sin controles sociales todo gobierno se dirige a la corrupción, el ejercicio del poder lleva inevitablemente en esa dirección si no existen la vigilancia junto a claras y duras sanciones contra esa práctica, contra el beneficio personal a partir de los recursos públicos.

Para completar este guisado, la presidenta de la Confiep, María Isabel León, se despachó con unas declaraciones torpes y fuera del contexto de la institución que ella representa. Al manifestar que las empresas tienen “tres millones de razones” para dar un paso al costado. Esto en alusión a Dionisio Romero Paoletti, presidente de unos de los grupos empresariales más connotados del país (Credicorp), y al aporte en la campaña electoral del año 2011. Contribución que se efectuó pensando en defender el sistema de Libertad y de Libre Mercado que estaba amenazado por un candidato que recibía fuertes cantidades de dinero antisistema (Chávez – Venezuela) y que podría traer problemas al país. A pesar de todo el alboroto que se armó en torno a lo manifestado por la señora León, no queda claro cuál es el sentido de la declaración. Porque se puede interpretar de distintas maneras. Aquí lo que correspondería sería que la Confiep y la Asociación de Bancos se pronuncien de manera oficial. Y no estemos especulando en torno a las inconvenientes declaraciones de la presidenta de la Confiep, que estoy seguro no refleja el pensamiento y menos cuenta con el apoyo de la gran mayoría de empresarios peruanos.

Lo que si me queda claro, es que estamos frente a una nueva generación de empresarios que tiene mucho más interiorizados los temas de fondo que se han discutido en la CADE: la responsabilidad social, la equidad de género, la lucha contra la discriminación. Y que en su mayoría demostraron estar convencidos de estas cosas, de un liderazgo mucho más moderno, acorde con los tiempos en que vivimos. Al margen de la insustancial declaración de la señora León, considero que es más importante modificar la forma cómo funciona el sistema de contrataciones públicas, el sistema de licitaciones y de adjudicación de grandes obras, ver cómo aseguramos que los mecanismos sean más transparentes, más abiertos y a la vez eficientes. Para ello hay que avanzar en iniciativas concretas. Se ha hablado de “cero soborno”, de empresarios por la integridad. Eso está muy bien, pero habría que dar más pasos y proponer cambios legislativos que minimicen el riesgo de corrupción en la relación entre el Estado y las empresas.

Recordemos que la señora León (Presidenta de la CONFIEP), no es en sí, una empresaria en el estricto sentido de la regla. Es una ejecutiva del rubro de empresas de la educación (IPAE, CNE y otros). Y fue elegida para defender su institución y no para atacar a los empresarios que han apoyado a diferentes candidatos en elecciones realizadas igualmente en distintos tiempos y, sobre todo, haberlos tratado indebidamente de corruptos, produciendo más inestabilidad y desconcierto al interior y exterior del gremio. No se puede hablar de ética y de transparencia con lo que ha ocurrido los últimos días, me estoy refiriendo a la declaración de la señora León. ¿Qué alucinaba la aún presidenta de Confiep? ¿Creía que se podía reír a costa del jefe de Credicorp’. Grupo empresarial que tiene empresas con más de 130 años de antigüedad y actualmente la maneja su cuarta generación. Dicho sea de paso, mientras la ley lo permitía, las empresas (en EE.UU., Francia, Inglaterra, Brasil, Perú, etc.), han contribuido a sufragar las campañas de los candidatos de su preferencia, sin incurrir en delito. La falta de transparencia podría ser, en todo caso, un desliz ético. ¡Pero de ninguna manera un acto de corrupción!

Debemos tener presente que en el año 2011 en nuestro país, así como en la mayoría de la orbe, no estaba prohibido que las empresas financien las campañas electorales, efectúen donaciones con fines proselitistas. O financien actividades partidarias ordinarias. En la mayoría de los países democráticos los partidos políticos suelen recurrir a las empresas para costear sus campañas, al tratarse de un acto legal. En nuestro país esta flamante restricción rige a partir del referéndum del 9 de diciembre último pasado con la pregunta No 2 (¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas?). Y a partir del 10 de enero de este año, mediante la promulgación de la Ley No 30905, se modificó el artículo 35º de la Constitución para controlar el financiamiento de las organizaciones políticas a través de recursos públicos y privados. Conforme a conceptos de transparencia y rendición de cuentas, bajo criterios de igualdad y proporcionalidad. Esto recién entrará en vigencia en el proceso electoral del año 2021, y el financiamiento privado se realizará a través del sistema financiero (Bancos), con las excepciones, topes y restricciones correspondientes.

Como vemos desde hace poco y a partir del punto de vista legal, no había ninguna prohibición a que las personas y empresas donen a las campañas. Aunque sí la obligatoriedad de los partidos políticos de declarar a la autoridad electoral el origen de esos fondos. Por lo tanto, no cometían delito alguno los donantes económicos a las campañas políticas. En todo caso podría pensarse que cometían una falta ética. Esta podría ser, sólo si la donación obligaba al futuro Presidente o funcionario en el poder a beneficiar a las personas o empresas que habían hecho los aportes. Pero si lo colocamos en el contexto del año 2011, donde un candidato recibía fuertes cantidades de dinero provenientes de Venezuela, el asunto cambia diametralmente. Para los mal pensados podría ser obvio, pero no necesariamente real. En todo caso debía demostrarse que era así.

Por otro lado, debemos tener presente que el “Grupo Romero” es una transnacional peruana con presencia en más de 20 países y reconocida como uno de los grupos económicos más importantes, sólidos y prestigiosos del Perú y está conformado por empresas competitivas y rentables que operan en distintos sectores, en los cuales son líderes gracias al empuje y visión con las que son dirigidas. Es un grupo de inversionistas peruanos que siempre buscó generar valor de los sectores en los que participa. Las empresas del Grupo Romero se rigen por altos estándares de competitividad, que les han permitido ser el grupo empresarial número uno en el país en gobierno corporativo y líderes en excelencia e innovación. Que es motivo de orgullo en la historia empresarial en el Perú.

La respuesta de la Fiscalía a la nueva postura anti-empresarial de la señora León fue allanar las oficinas de la Confiep, al día siguiente. Esta fue una decisión tan torpe y riesgosa como la mencionada declaración de la representante del gremio empresarial. La Fiscalía no puede sospechar de un gremio, no importa que algunos de sus integrantes hayan contravenido la ley. Deben saber identificar e individualizar las responsabilidades, es su deber hacerlo. Al final el allanamiento duró 48 horas, pero la zozobra de los empresarios que estaban en la CADE y que no están relacionados con los casos de las empresas brasileñas como Odebrecht, OAS, Camargo Correa o al club de la construcción durante los gobiernos de Toledo, García y Humala, no terminan de comprender el porqué de la mirada incriminatoria del pueblo peruano en contra de ellos. A eso se suma la extrema murmuración de los activistas en las redes sociales y cierta prensa, que meten a todo el empresariado en un mismo saco, tratándolos a todos, arbitrariamente, de corruptos para abajo.

En nuestro país todos sabemos que las campañas políticas presidenciales, regionales y municipales siempre fueron financiadas por el sector privado. Por lo que no entiendo por qué ahora algunos se rasgan las vestiduras. Los empresarios lo vienen haciendo prácticamente toda la vida, y es porque su intervención en las campañas electorales era lícita. En las presidenciales ya sea para defender determinada estructura económica en el país o porque se vieron en el compromiso de ayudar a los candidatos que les extendían la mano, temiendo a posteriores represalias. Aunque fueron también engañados. Esto es muy diferente al caso de las barrabasadas cometidas por las empresas brasileñas (encabezadas por Odebrecht), que, habiendo “coimeado” a ex presidentes de la República y altos funcionarios, se encuentran en total libertad y justificando sus acciones de la manera más inverosímil. Inclusive el gobierno actual ha sacado 564 millones de soles de nuestros bolsillos para pagar a la empresa Odebrecht, con la finalidad de que cumpla con su deber de “colaborador eficaz”, cosa que increíblemente, al parecer todavía no sucede. El caso del financiamiento de las campañas regionales y municipales tienen más similitud al caso de las empresas brasileñas.

No se trata de defender alguna u otra posición política. Pero recordemos que en el año 2011, cuando salió elegido Ollanta Humala, solo las acciones de Credicorp cayeron 19%. Eso representaba una pérdida bursátil de US$1.500 millones. El temor estaba debidamente sustentado, porque el miedo de los mercados produjo una sobre-reacción a que nuestro país se convirtiera en un peón del chavismo, lo que se mostraba en el plan de gobierno del partido nacionalista. Ademas servía de compensación, como ahora se sabe esos tres millones de dólares recibidos de Odebrecht por parte de “Gana Perú”. Que terminó firmando la famosa “Hoja de ruta”, que solo era un distinto fraseado de ciertos temas comprendidos en el programa. Se comprometió además a dar continuidad a la labor de Julio Velarde en el BCRP y la designación de Miguel Castilla como ministro de Economía (exviceministro del gobierno aprista).

Pero de ahí, que algún alucinado quiera hacer creer que un aporte de la campaña del 2011, con un Congreso ampliamente mayoritario del Partido Nacionalista (Humala), del período 2011-2016 haya servido para influenciar en el Congreso del 2016-2019. Y hablar de la Ley de Octógonos (Ley Nº 30021), que entró en vigencia el 17-06-2019. Del mismo modo sugiere que el propio ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes (del actual Ejecutivo), expuso en marzo de este año ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República el texto consensuado en el Ejecutivo de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, haya resultado como un aporte de campaña de la legislatura anterior. Extrañamente alguien se está olvidando que los grandes empresarios siempre han buscado financiar a todas las agrupaciones políticas con medianas o reales opciones de ganar. No busquemos tres pies al gato, sabiendo que tiene cuatro. Esto es una especulación que carece de toda lógica, ya que se supone que estas leyes se maquinaron con una anticipación de 8 años.

Es común que los políticos y funcionarios inculpados o sospechosos de haber recibido dinero mal habido salgan en la TV con cara de angelitos y hasta de ofendidos. Todos dicen estar dispuestos a cualquier investigación. César Villanueva es uno de ellos, que ha mostrado ante las cámaras un cinismo propio del malo de la telenovela. Ya que este personaje recibió coima de Odebrecht por la carretera Cuñumbuque–San José de Sisa cuando era gobernador regional de San Martín. En su caso no se trataba de un aporte de campaña electoral, sino de una coima para conseguir una obra. Además, probablemente sobrevaluada. Un delito por donde se le mire. Son muchos los funcionarios públicos denunciados y que están entre rejas cumpliendo “prisión preventiva”, pero en ningún caso hay un representante o dueño de las empresas brasileñas y sus aliados peruanos.

Es obvio que este gobierno pretende humillar a la empresa privada peruana para recuperar su popularidad. Pero, además, Vizcarra necesitaba una cortina de humo para tapar el escándalo de su amigote y ex premier Villanueva. El escándalo de intervenir Confiep le cae como pedrada en ojo de tuerto, el Ejecutivo lo considera su último triunfo, el definitivo, para adormecer a la ciudadanía. El fragor del último CADE sirvió para eso. Para convencer a la opinión pública de que todo es un contubernio entre políticos y empresarios, donde la teoría del “sancochado” campea, y nadie sabe en qué bando está, aunque eso pase por minimizar o ignorar casos de corrupción flagrantes. Ese fue el último clavo del ataúd. Cuando el clivaje de la ciudadanía versus empresarios sea reemplazado por los zurdos, la opinión pública se habrá comprado la teoría del empate, y la derrota de la democracia se habrá consumado. Esto no es corrupción, de hecho ni siquiera se llama así. Y cuando a la corrupción ni siquiera se la llama por su nombre, la derrota es total.


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