El Santuario Histórico de Machupicchu volvió a registrar nuevas imágenes del oso andino en estado silvestre, esta vez a través de un video que muestra a una osa junto a su cría desplazándose entre árboles del bosque montano. El material evidencia la importancia de esta área natural protegida como refugio para la conservación de la especie en el Perú.
El registro audiovisual fue captado dentro del santuario y forma parte de los nuevos datos que contribuyen al monitoreo del oso andino, considerado una especie emblemática de los Andes amazónicos. La escena muestra un comportamiento natural pocas veces documentado en libertad, lo que refuerza el valor ecológico de los bosques de Machupicchu.
Un refugio clave para el oso andino
De acuerdo con las investigaciones desarrolladas en el área, actualmente se estima una población aproximada de 70 osos andinos en buen estado de conservación dentro del Santuario Histórico de Machupicchu. Este dato consolida al espacio protegido como uno de los refugios más importantes para la especie.
Los resultados forman parte del trabajo sostenido que impulsa el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), junto a organizaciones aliadas como Spectacled Bear Conservation Society (SBC). Desde 2022, esta institución desarrolla investigaciones mediante cámaras trampa y collares satelitales.
Estas herramientas permiten conocer con mayor precisión los patrones de desplazamiento, comportamiento y uso del hábitat del oso andino. La información recogida también ayuda a fortalecer las acciones de conservación y manejo dentro del santuario.
Monitoreo revela alta conectividad ecológica
Desde 2015, el Santuario Histórico de Machupicchu aplica metodologías de monitoreo basadas en modelos de ocupación. A partir de estos estudios, se determinó que el oso andino utiliza más del 87 % del área natural protegida.
Este indicador confirma la alta conectividad ecológica del santuario y la calidad de sus ecosistemas. Además, demuestra que el área mantiene condiciones favorables para el desplazamiento, alimentación y permanencia de la especie.
El reciente video se suma a otros avistamientos registrados en distintos sectores del santuario. Entre ellos figuran reportes de osos andinos cerca de la línea férrea y en los alrededores del poblado de Machupicchu.
Avistamientos cerca de la vía férrea
Uno de los casos que generó mayor atención ocurrió en el sector de Parahuachayoq, donde se registró a una osa acompañada de dos oseznos cerca de los rieles del tren. Este tipo de avistamientos forma parte de las rutas naturales de tránsito de la especie dentro del área protegida.
Sobre este punto, Roberto Quispe, especialista de control, vigilancia y monitoreo biológico del Santuario Histórico de Machupicchu del Sernanp, precisó que los estudios realizados desde 2016 evidencian que la vía férrea no representa una barrera significativa para el desplazamiento natural del oso andino.
“Existen registros continuos de machos y hembras utilizando distintos sectores vinculados a la vía férrea y desplazándose entre ambas márgenes del río Vilcanota como parte de sus rutas naturales de tránsito”, explicó.
En el marco de la gestión adaptativa, el Sernanp coordina con la empresa Ferrocarril Trasandino S.A. (FTASA) la implementación de medidas preventivas. Entre ellas se consideran señalización y protocolos de alerta para operadores ferroviarios, con el fin de reducir riesgos o accidentes ante posibles avistamientos de fauna silvestre.
La denuncia alcanza a funcionarios y abogados de la minera luego de que el Poder Judicial confirmara que la compañía demolió las casas de las familias desalojadas del denominado “Lote Municipio”, el Morococha antigua, pese a una prohibición expresa de modificar o destruir los predios mientras el proceso seguía en trámite.
La Sala Mixta Descentralizada de Tarma confirmó la decisión del juez Santana y ordenó remitir copias certificadas al Ministerio Público para que la Fiscalía Penal Corporativa de Turno investigue el presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad contra Ezio Martino Buselli Cánepa, Carlos Aquino Camacuari, Rafael Díaz Ochoa, Martín Sotero Garzón y Omar Salas Camacho.
Desalojo, pero no demolición
El conflicto nació cuando el Juzgado Civil de La Oroya concedió a Chinalco una medida cautelar de desalojo anticipado sobre el inmueble conocido como “Lote Municipio” en Morococha antigua. Pero el mismo despacho judicial fijó una condición clara e inmodificable: la empresa debía conservar el estado físico de los predios y abstenerse de cualquier acto de demolición hasta que existiera una resolución definitiva sobre el caso.
Pese a esa orden, la minera terminó derribando las viviendas. En la apelación, los representantes de Chinalco intentaron justificar la demolición alegando que las casas se encontraban en “estado ruinoso” dentro de una “zona de riesgo no mitigable” y que la Municipalidad de Morococha había emitido la Resolución Gerencial N.° 173-2024-GM ordenando su demolición para evitar riesgos a la población.
Sala confirma desacato a la autoridad
La defensa de la empresa también sostuvo que el área de Protección Empresarial ejecutó las acciones siguiendo criterios de seguridad interna. Sin embargo, la Sala Superior rechazó esos argumentos y recordó que ninguna autoridad administrativa puede colocarse por encima de un mandato judicial vigente.
En uno de los pasajes más contundentes de la resolución, los magistrados remarcan que la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a toda persona y autoridad a “acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances”.
La Sala de Tarma además dejó en claro que el desalojo otorgado a Chinalco solo tenía carácter cautelar y temporal, por lo que la empresa no podía actuar como propietaria definitiva del terreno ni alterar las condiciones materiales del inmueble mientras el litigio seguía abierto.
Con esta resolución, el Poder Judicial ratificó que el presunto desacato sí amerita investigación penal y dejó en manos de la Fiscalía determinar las responsabilidades individuales de los funcionarios involucrados.
El Gobierno Regional de Ayacucho inició la actualización de la Estrategia Regional de Cambio Climático al 2050 frente al incremento de sequías, heladas, granizadas, ventarrones y altos niveles de radiación solar que afectan a la región. https://jornada.com.pe/ayacucho-actualiza-estrategia-climatica-con-enfoque-ancestral-y-tecnico/ La subgerente de Recursos Naturales del GORE Ayacucho, Gisela Barrientos Pillaca, advirtió que los efectos del cambio climático ya impactan directamente en la salud, la agricultura, la ganadería y la economía local. “Las horas de sol se han visto bastante pronunciadas, tenemos sequías, heladas, granizadas y fuertes ventarrones”, señaló la funcionaria, quien precisó que la actualización busca articular acciones de mitigación y adaptación frente a estos fenómenos.
La estrategia regional al 2050 contempla comprometer a municipios, instituciones públicas, sectores privados y organizaciones en la ejecución de proyectos ambientales y medidas preventivas en sectores críticos como agricultura, salud y educación. Barrientos recordó además que el Perú figura entre los países más vulnerables al cambio climático, pese a no ser altamente industrializado, e hizo un llamado a la población e instituciones a asumir acciones concretas de prevención.
La dirección del Glorioso Colegio Nacional San Carlos de Puno confirmó que viene realizando coordinaciones permanentes para lograr el retorno seguro de la delegación de estudiantes, docentes y padres de familia que permanece varada en Bolivia debido a las protestas y bloqueos registrados en distintas carreteras del vecino país.
Según informó la institución educativa, apenas se conoció la emergencia se activaron acciones inmediatas junto a diversas entidades nacionales e internacionales para garantizar la integridad de los escolares y encontrar una pronta solución al problema.
La directora Teresa Pilco señaló, a través de una comunicación telefónica, que actualmente mantienen coordinaciones con la embajada peruana, el consulado, Migraciones, el colegio Pichincha y otras instituciones involucradas para concretar el retorno de la delegación hacia territorio peruano.
Asimismo, precisó que se evalúan diferentes alternativas de traslado, entre ellas una posible salida terrestre por Chile o vuelos escalonados, dependiendo de las condiciones de seguridad y las autorizaciones correspondientes.
La institución también pidió tranquilidad a los padres de familia y aseguró que todos los estudiantes se encuentran en buen estado de salud, mientras la comitiva permanece acompañándolos de manera permanente.
Como se recuerda, la delegación del Colegio San Carlos viajó el pasado lunes 4 de mayo a la ciudad de Potosí, Bolivia, para participar en actividades académicas y culturales. Sin embargo, las movilizaciones y bloqueos registrados en ese país impidieron su retorno programado a Puno.
Un cierre prolongado de más de una hora en el sector Mataro Grande, por trabajos de reasfaltado en la carretera Juliaca-Azángaro, generó indignación entre pasajeros varados en ambos sentidos de la vía regional.
La empresa ejecutora de la obra bloqueó la vía en ambos carriles durante las labores, sin informar con anticipación a los viajeros, quienes desconocían el cierre y se encontraron detenidos con largas colas de vehículos.
Un ciudadano llegado desde Lima, que se dirigía al sepelio de su madre, expresó su malestar: «No todo el mundo están viajando porque quieren, hay gente que quiere llegar temprano a su destino».
Impacto en fechas clave y exigencias ciudadanas
El cierre coincidió con un día antes del Día de la Madre, fecha de alta demanda en rutas regionales, afectando a viajeros con motivos urgentes, entre ellos personas que retornaban a sus comunidades para actividades agrícolas de cosecha.
El impacto alcanzó a trabajadores del campo y familiares en tránsito, quienes exigen a la empresa ejecutora evitar cierres prolongados y coordinar mejor los horarios de restricción en esta importante vía de la región Puno.
Los pasajeros pidieron que los tiempos de cierre se reduzcan al mínimo posible y que la entidad responsable informe con mayor insistencia y anticipación sobre las interrupciones programadas en la carretera Interoceánica, tramo Juliaca-Azángaro.
Luego de cinco días de agonía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo, falleció Juan Martínez Torres, el vigilante de 54 años que fue brutalmente atropellado por una camioneta conducida por la empresaria Maricsa Polet Alfaro Cerna, quien manejaba en presunto estado de ebriedad y con la licencia de conducir vencida.
Trágico final
La muerte del trabajador fue confirmada por el gerente regional de Salud de La Libertad, Gerardo Florián, quien reveló que horas antes de su deceso los médicos le habían diagnosticado muerte cerebral debido a la gravedad de sus lesiones. “En la mañana se le diagnosticó muerte cerebral y, lamentablemente, hizo un paro”, declaró el funcionario.
Este fue el momento en el que camioneta conducida por Maricsa Polet Alfaro Cerna aplastó al vigilante quien finalmente falleció.
Según el reporte médico, Martínez Torres presentaba múltiples fracturas en las costillas, la columna vertebral y la pelvis, daños ocasionados por el violento impacto que sufrió la noche del pasado 3 de mayo en la urbanización El Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera.
Juan Martínez Torres, el vigilante de 54 años, sufrió severes lesiones. La actuación de la Policía, que consignó primero que había sifrido un caída, y de la Fiscalía que decidió que pese a la gravedad y los agravantes, dejó en libertad a Maricsa Alfaro, ha sido duramente criticada por la población.
Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que la camioneta, lejos de girar en una intersección, avanzó directamente contra el vigilante, quien se encontraba sentado en su puesto de trabajo, y terminó aplastándolo contra la pared de una vivienda. Testigos señalaron que en el vehículo viajaban dos mujeres y que ambas intentaron retirarse tras el accidente, pero fueron retenidas por vecinos hasta la llegada de la Policía.
Fiscalía ahora dice que sí solicitará prisión para responsable
Las diligencias fiscales determinaron que Maricsa Polet Alfaro Cerna tenía 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuadruplicando el límite permitido para conducir. Además, se conoció que manejaba con la licencia vencida desde el año 2022.
Maricsa Polet Alfaro Cerna manejaba ebria de acuerdo al dosaje etílico y con licencia vencida, al momento del fatal accidente.
Tras confirmarse el fallecimiento del vigilante, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad reformuló la investigación y ahora solicita 5 años y 4 meses de prisión efectiva para la empresaria por el presunto delito de homicidio culposo. Asimismo, exige el pago de S/ 329,280 como reparación civil para los familiares de la víctima y la inhabilitación definitiva para conducir vehículos.
Cuestionables decisiones
El caso ha generado indignación en Trujillo y serios cuestionamientos de la población hacía la actuación de la Fiscalía debido a que inicialmente solicitaron que la imputada afronte el proceso en libertad bajo comparecencia con restricciones, pese a serios agravantes.
A respecto, el Ministerio Público explicó que inicialmente no se solicitó prisión preventiva porque el caso estaba tipificado como lesiones culposas, cuya pena no superaba el mínimo requerido para pedir dicha medida coercitiva. Pero, que ahora, tras el fallecimiento del vigilante, sí solicitarán la prisión de Alfaro Cerna.
Familiares, vecinos y usuarios en redes sociales han cuestionado que la conductora permanezca libre pese a la gravedad de los hechos y exigen sanciones más severas para quienes manejen bajo los efectos del alcohol y provoquen tragedias en las vías públicas.
Cada año, millones de aves cruzan continentes siguiendo rutas invisibles que conectan ecosistemas y países, ajenas a las fronteras humanas. En ese viaje enfrentan amenazas crecientes: pérdida de hábitat, cambio climático, contaminación e incluso colisiones con edificios que interrumpen su paso por las ciudades. En este contexto, el Día Mundial de las Aves Migratorias funciona como un recordatorio global de que su supervivencia depende de algo más que su resistencia: requiere acción colectiva y cooperación internacional.
En 2026, la conmemoración pone el foco en una idea tan simple como contundente: “Cada ave cuenta: tus observaciones importan”. El lema subraya el papel de la ciudadanía y las comunidades locales en la recolección de datos, hoy indispensable para comprender el estado de las poblaciones de aves, sus rutas migratorias y los factores que inciden en su declive o recuperación.
El llamado es claro: millones de observaciones pueden convertirse en conocimiento para proteger a las aves. Desde conteos en patios y parques hasta monitoreos a gran escala, estos registros —a través de plataformas como eBird e iNaturalist— convierten a las personas en actores de la conservación. Cada dato, por pequeño que parezca, alimenta bases que permiten mapear distribuciones, detectar cambios migratorios y orientar decisiones en política ambiental.
Hembra de reinita cerúlea (Setophaga cerulea) con un dispositivo de rastreo. Foto: cortesía Asociación Ambiental Cerúlea
“El lema de este año —que cada registro cuenta— es quizás lo más importante”, señala Nick Bayly, director del programa de Ecología de Migración de SELVA, organización basada en Colombia. “No es necesario ir a un bosque o una reserva natural; se puede contribuir desde el parque del barrio, el jardín o el patio de casa”.
En un contexto donde las ciudades —con factores como la contaminación lumínica— afectan la migración, generar información desde los espacios donde vive la mayoría de las personas resulta clave, añade el especialista. “Incluso registrar dos o tres especies cerca de casa aporta datos valiosos para entender las amenazas que enfrentan las aves y detectar concentraciones inesperadas en entornos urbanos”, sostiene.
En Mongabay Latam conversamos con especialistas en México, Colombia y Costa Rica sobre los proyectos de ciencia ciudadana que están aportando a la conservación de las aves en América Latina.
Colombia: un plan basado en la ciencia ciudadana
Durante mucho tiempo, las aves migratorias que invernan en los Andes tropicales fueron un enigma para la conservación. Se sabía que millones descendían cada temporada Norteamérica hacia los bosques de elevaciones medias de Centro y Sudamérica, pero no estaba claro dónde se concentraban ni qué hábitats eran realmente clave para su supervivencia. Mientras tanto, algunas especies comenzaban a desaparecer silenciosamente.
Entre 2015 y 2016, esa incertidumbre impulsó a científicos y organizaciones a desarrollar un Plan de Inversión para conservar los bosques de elevaciones medias, utilizados por aves migratorias durante su temporada no reproductiva. Liderado por la organización colombiana SELVA junto a la red Partners in Flight, el esfuerzo se centró inicialmente en tres especies que atraviesan algunos de los declives más acelerados entre las aves migratorias terrestres del continente: la reinita de Canadá(Cardellina canadensis), la reinita cerúlea (Setophaga cerulea) y la reinita alidorada(Vermivora chrysoptera), que han perdido entre el 60 % y el 70 % de sus poblaciones.
Hembra de reinita de Canadá (Cardellina canadensis). Foto: cortesía Santiago Rosado
“Reconocimos que todas estaban utilizando la misma ecorregión cuando migran hacia Centro y Sudamérica”, explica Nick Bayly, de SELVA. Con el tiempo, el enfoque se amplió más allá de las aves hacia el ecosistema completo: bosques andinos que regulan el agua, el clima y la erosión, y que también son refugio para numerosas especies amenazadas.
Con esa visión, el proceso de planeación reunió no solo a especialistas en aves migratorias, sino también a organizaciones locales, comunidades rurales y productores agrícolas vinculados a actividades como el café y el cacao bajo sombra. La idea era mostrar que incluso territorios transformados podían seguir funcionando como hábitat para las aves si conservaban árboles y fragmentos de bosque. “Son sistemas agroforestales que todavía pueden proveer recursos importantes para muchas especies”, explica Bayly.
El Plan de Inversión liderado por la organización colombiana SELVA y la red Partners in Flight está enfocado en los bosques y los sistemas agroforestales localizados a elevaciones medias en Centro América y el norte de Suramérica, los cuales son reconocidos como hábitats críticos para varias especies de aves migratorias neotropicales en declive. Mapa: cortesía SELVAReinita alidorada (Vermivora chrysoptera). Foto: cortesía: Paz Irola
Pero una de las piezas más importantes para construir el plan no surgió desde laboratorios ni expediciones científicas tradicionales, sino desde miles de observaciones ciudadanas en toda América Latina. Los datos registrados en eBird, la plataforma global de ciencia ciudadana para el monitoreo de aves, permitieron identificar con una precisión inédita dónde se concentran estas especies a lo largo de los Andes tropicales. En la actualidad, el plan une esfuerzos a lo largo de 12 países, desde Canadá, hasta Perú.
“Hace diez años la información era muy general; prácticamente se coloreaba todo el norte de Sudamérica”, recuerda Bayly. Hoy, con millones de registros y herramientas como eBird Status and Trends, es posible conocer elevaciones, abundancias y áreas prioritarias de conservación. Estos datos revelaron, por ejemplo, que Colombia alberga cerca del 50 % de la población global de la reinita de Canadá en temporada no reproductiva. “La ciencia ciudadana nos da una precisión antes imposible”, afirma el especialista.
Paisaje de la Zona de Reserva Campesina La Tuna, ubicada en el municipio de Santa Rosa, en el departamento del Cauca, Colombia. Foto: cortesía SELVA
Los datos de eBird no se quedaron en mapas ni modelos: en Colombia comenzaron a guiar decisiones concretas sobre el territorio. A partir del Plan de Inversión, SELVA cruzó zonas prioritarias para aves migratorias con áreas protegidas, resguardos y coberturas de bosque, identificando sitios clave que permanecían fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Uno de esos lugares apareció al sur del país: la Zona de Reserva Campesina La Tuna, ubicada en el municipio de Santa Rosa, en el departamento del Cauca. Los modelos construidos con datos de ciencia ciudadana indicaban que allí podía existir un hábitat crítico para especies como la reinita cerúlea, aunque los registros directos en la zona eran todavía escasos. La razón era simple: se trata de un territorio remoto, de difícil acceso y con muy poca presencia histórica de observadores de aves.
Capacitando a la comunidad en eBird dentro de la Zona de Reserva Campesina La Tuna. Foto: cortesía SELVA
“El siguiente paso era verificar en terreno si realmente estaban presentes las especies focales”, explica Nick Bayly. Para hacerlo, investigadores de SELVA trabajaron junto a las comunidades locales, recorriendo los bosques de elevaciones medias que aún permanecen en pie. El esfuerzo implicó largas jornadas para alcanzar las zonas adecuadas, pero las observaciones terminaron confirmando lo que anticipaban los registros ciudadanos en eBird.
“Encontramos poblaciones impresionantes de reinita cerúlea”, recuerda Bayly. En campo observaron bandadas mixtas con hasta cinco o seis individuos a la vez, algo poco común por su declive poblacional. La evidencia confirmó que La Tuna es un hotspot de aves migratorias en los bosques andinos.
A partir de ese trabajo conjunto con las comunidades, el proyecto avanzó hacia acciones concretas de conservación. A finales de 2024 se apoyó la creación oficial de la Zona de Reserva Campesina La Tuna, de 3500 hectáreas. Además, mediante un proceso de zonificación participativa, las comunidades acordaron destinar cerca de 18 000 hectáreas de bosques de elevaciones medias a conservación estricta.
México: conservar a las aves migratorias en la frontera
En la región fronteriza entre México y Estados Unidos, una pequeña ave migratoria ha encontrado un punto clave que le sirve como escala, refugio y sitio de anidación dentro de la larga ruta del Pacífico. La golondrina risquera(Petrochelidon pyrrhonota), una de las especies de golondrina más abundantes del continente, ha llamado la atención de observadores de aves por su presencia constante y su comportamiento reproductivo. En Rancho Bonito, una comunidad ubicada en Ensenada, Baja California, recientemente se registró una concentración masiva con un conteo estimado de 400 individuos.
“Un detalle muy curioso es que Rancho Bonito ofrece todo lo que la golondrina requiere”, explica Carlos Adrián Ceceña, gestor ambiental y coordinador del Programa de Aves Urbanas (PAU) de Ensenada. En el lugar se ha observado a las aves recolectando lodo y barro de una represa cercana y de un pequeño arroyo, materiales clave para la construcción de sus complejos nidos. “Hay indicios de que están anidando ahí y que no se trata solo de un sitio de paso para alimentarse”, añade.
Golondrina risquera (Petrochelidon pyrrhonota) tomando lodo para construir su nido. Foto: cortesía Carlos Adrián Ceceña
Este hallazgo se enmarca en el BioBlitz de la Frontera, una iniciativa de ciencia ciudadana que busca registrar la mayor cantidad posible de especies —no solo de aves, sino también de flora y fauna en general— dentro de una franja de 15 kilómetros a ambos lados de la frontera. El proyecto es coordinado por la Nueva Generación de Investigadores del Desierto Sonorense (N-Gen), Botanical Community Development Initiatives (BCDI) y el San Diego Natural History Museum, junto con más de 40 organizaciones aliadas.
Desde 2018, ha acumulado más de 143 000 observaciones de más de 6600 especies, gracias a la participación de comunidades que documentan la biodiversidad mediante plataformas como iNaturalist y eBird, donde las personas pueden registrar avistamientos de aves, subir fotografías, identificar especies y compartir la ubicación de sus observaciones. Más allá de los datos, esta iniciativa propone entender la frontera como un territorio de intercambio ecológico y colaboración científica, donde registrar la biodiversidad también es una forma de comprenderla y defenderla.
En el nodo del Border BioBlitz en Rancho Bonito, Ensenada, México, participaron organizaciones como Fauna del Noroeste y el Programa de Aves Urbanas (PAU) Ensenada, la investigadora Mariana Delgado, estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y habitantes de las comunidades aledañas. Foto: cortesía Border BioBlitz
“El BioBlitz busca recopilar datos para llenar los vacíos de información que hay en muchas áreas”, explica Ceceña. “Por eso es importante que haya más ojos en todos lados; es una invitación a la población en general para que haga aportes a la ciencia. Finalmente, son datos muy valiosos que muchos investigadores pueden utilizar para sus estudios y estrategias de conservación”.
Durante la jornada de observación ciudadana del 25 de abril de 2026 en Rancho Bonito, se documentaron varios grupos de 15 a 25 golondrinas risqueras separados por muy pocos metros. Las aves fueron vistas recolectando lodo y arcilla, construyendo nidos adheridos en viviendas y estructuras cercanas. El sitio combina cañones y formaciones rocosas con cavidades aptas para la nidificación, además de agua permanente que sostiene la cadena de insectos de la que dependen. Este mosaico de pastizales, matorrales, cactáceas y zonas arboladas convierte a Rancho Bonito en un punto de alta diversidad biológica.
Golondrina risquera (Petrochelidon pyrrhonota) en vuelo. Foto: cortesía Carlos Adrián Ceceña
Sin embargo, este entorno enfrenta crecientes presiones por el desarrollo urbano y los proyectos de infraestructura en la región. Ceceña advierte que una de las principales amenazas es un proyecto carretero actualmente en debate público y con una consulta ciudadana programada para este mes, que contempla el desmonte de 96 hectáreas, incluidas zonas cercanas a la represa y el riachuelo donde se concentra la actividad de las aves.
Para el gestor ambiental, iniciativas como el BioBlitz de la Frontera permiten que más personas comprendan el valor de estos ecosistemas y sus servicios ambientales. “Si la gente conoce lo que tiene y participa en protegerlo, quizá las leyes también puedan cambiar en el futuro”, concluye. “Por eso es importante que todos nos involucremos y sigamos generando información”.
Observadores ciudadanos durante el BioBlitz de la Frontera en Rancho Bonito, Ensenada. Foto: cortesía Carlos Adrián Ceceña
Costa Rica: ciencia ciudadana para proteger los hábitats
En las montañas húmedas de Costa Rica, la reinita cerúlea(Setophaga cerulea) se ha convertido en un indicador de un ecosistema bajo presión. Cada año recorre miles de kilómetros desde Norteamérica para invernar en bosques de elevación media, hoy fragmentados por la expansión agrícola, la ganadería y la pérdida de cobertura forestal.
La historia del proyecto que hoy busca protegerla comenzó en 2006, con una observación inesperada. Ernesto Carman, fundador de la Asociación Ambiental Cerúlea, realizaba conteos en la Reserva Las Brisas, ubicada en las laderas del volcán Turrialba, cuando encontró algo inusual: 13 reinitas cerúleas alimentándose juntas en una bandada mixta. Hasta entonces, la especie era considerada rara y escasa en Costa Rica. “Llamé a mi mentor y me dijo: ‘Tuviste mucha suerte, seguramente una tormenta en el Caribe las sopló hacia tierra’”, recuerda Carman. Pero el patrón se repitió año tras año. “Cuando ocurrió tres veces seguidas, ya no era accidente”, recuerda.
Macho de reinita cerúlea (Setophaga cerulea) con un dispositivo de rastreo. Foto: cortesía Asociación Ambiental Cerúlea
A partir de ahí, los registros se transformaron en un esfuerzo colectivo. Se organizaron conteos abiertos con participantes de distintas partes del país, recorriendo fincas y caminos para buscar la especie. El salto llegó cuando el proyecto comenzó a colaborar con SELVA y el Corredor Neotropical de Aves Migratorias, así los monitoreos incorporaron metodologías estandarizadas que terminaron confirmando lo que los observadores ya intuían: aquella zona era uno de los sitios más importantes para la reinita cerúlea durante su migración otoñal hacia Sudamérica.
Gran parte de esa evidencia quedó registrada en eBird. Para Carman, la herramienta fue decisiva para darle visibilidad internacional a lo que ocurría en Costa Rica. “Permitió visibilizar todas esas observaciones que estábamos realizando en la zona y que luego otras personas comenzaron a hacer también”, explica. “Si hablamos de ciencia ciudadana, eBird es una plataforma vital”.
Siembra de especies nativas en la Reserva Natural Cerúlea. Foto: cortesía Asociación Ambiental Cerúlea
Pero mientras los datos crecían, también se hacía evidente el deterioro del paisaje. Aunque la Reserva Las Brisas seguía siendo un refugio clave, gran parte del entorno había sido transformado por monocultivos de banano y piña, ganadería y expansión urbana. “No queríamos quedarnos solo en decir que era un sitio importante”, dice Carman. “Queríamos usar esos datos para mejorar el hábitat”.
Así nació el Corredor Azul, una iniciativa de restauración y trabajo comunitario que hoy abarca cerca de 300 kilómetros cuadrados. El proyecto promueve viveros de especies nativas, restauración ecológica y acuerdos con propietarios para recuperar zonas usadas por la reinita cerúlea y otras especies migratorias. Muchas de las plantas cultivadas provienen de árboles donde las aves fueron observadas alimentándose.
“La reinita cerúlea fue la especie clave, el enganche para atraer atención y recursos”, explica Carman. Pero el objetivo pronto se amplió hacia la protección integral del ecosistema, incluyendo especies residentes amenazadas como el guacamayo verde, anfibios y mamíferos como el tapir y el jaguar.
La participación comunitaria se volvió central en el proceso. A través de actividades de educación ambiental y jornadas de observación de aves, el proyecto comenzó a involucrar a niñas, niños, productores rurales y voluntarios. “La educación ambiental es la herramienta para abrir los ojos”, dice Carman. “Muchas personas creen que para ver especies impresionantes tienen que irse muy lejos y de repente descubren que están en su propio patio”.
Paisaje de la Reserva Natural Cerúlea. Foto: cortesía Asociación Ambiental Cerúlea
Ese trabajo también permitió consolidar una reserva dentro del Corredor Azul. En febrero de 2026, la Asociación Ambiental Cerúlea adquirió 81 hectáreas de bosque en Guayacán de Siquirres, gracias al apoyo de donantes y al financiamiento gestionado por el equipo. Ese primer terreno dio origen a la Reserva Natural Cerúlea, concebida como la base de un proyecto de conservación a largo plazo. Ahora, la organización impulsa una campaña de recaudación de fondos destinados a adquirir una finca vecina de 57 hectáreas para expandir la reserva y proteger un mayor territorio.
Para Carman, una de las mayores fortalezas de la ciencia ciudadana es su capacidad de ampliar el alcance del monitoreo con recursos limitados. “Si fuéramos solo nosotros, necesitaríamos años para cubrir el territorio”, explica. En una región donde la pérdida de hábitat sigue siendo la principal amenaza, estos proyectos apuestan por algo más que datos: construir un sentido de pertenencia.
Macho de reinita cerúlea (Setophaga cerulea) inmaduro. Foto: cortesía Asociación Ambiental Cerúlea* Informe publicado originalmente en Mongabay Latam
El actual panorama institucional de la Municipalidad Provincial de La Convención luce desolador debido al reciente escándalo político por presunta corrupción que involucra directamente al alcalde Alex Curi León. La justicia peruana dictó una orden de detención preliminar contra la autoridad provincial por diversas investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción.
Diversas fuentes oficiales confirman que el burgomaestre Alex Curi León mantiene actualmente una condición legal de no habido frente a las autoridades competentes. Los antecedentes judiciales sobre la autoridad provincial incluyen diversas investigaciones por presuntos actos de corrupción, algunos de los cuales ya habrían alcanzado la etapa crítica denominada formalmente como juicio oral.
Esta preocupante situación legal genera una profunda incertidumbre sobre la continuidad administrativa dentro del gobierno local de esta importante provincia del Cusco. El exregidor Manuel Mayorga Quintanilla, quien ejerció funciones durante el periodo 2015-2018, describió el escenario actual como una situación sombría y crítica.
El exfuncionario cuestionó severamente la capacidad de respuesta demostrada por el cuerpo de regidores ante la gravedad de los hechos presentados recientemente. Mayorga Quintanilla criticó duramente la supuesta incapacidad fiscalizadora de los actuales regidores durante sus tres años y medio de gestión pública efectiva.
Incertidumbre ante el escándalo por presunta corrupción en La Convención
Existe una gran preocupación sobre quién asumiría las riendas del gobierno provincial si la justicia dictamina finalmente una orden de prisión preventiva. Manuel Mayorga Quintanilla señaló directamente al teniente alcalde Soria por su presunta falta de labor fiscalizadora y de gestión administrativa institucional. El exregidor lamentó que la provincia sufra esta inestabilidad política tras nueve años de haber abandonado su cargo en el consejo municipal. La actual crisis motivó un urgente llamado a la reflexión ciudadana sobre la importancia de evaluar adecuadamente a todos los candidatos políticos.
La población debe elegir representantes que estén realmente comprometidos con el desarrollo integral y posean una voluntad genuina de fiscalización gubernamental constante. Es fundamental analizar la integridad y preparación profesional de las listas de regidores que acompañan a cada aspirante a la alcaldía provincial. El futuro inmediato de la provincia de La Convención se encuentra seriamente comprometido por la vulnerabilidad legal y política del actual gobierno local. Los ciudadanos exigen transparencia total frente a los presuntos actos de corrupción que afectan el progreso y la estabilidad de la región.
El Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA) ha proyectado una transformación radical en el sistema de transporte de Arequipa al incluir formalmente la planificación de un metro y un sistema de teleféricos en el nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM). Patricia Muñoz, gerente de la institución, señaló que la ciudad requiere un enfoque multimodal para solucionar el caos vehicular ante la. El objetivo es integrar diversas alternativas de transporte para que los ciudadanos reduzcan los tiempos de traslado que actualmente afectan su calidad de vida.
Muñoz indicó que la propuesta técnica se está desarrollando con especialistas que tienen experiencia en el metro de Lima y la red de teleféricos de La Paz, Bolivia. Debido a la alta sismicidad de la región, se descarta inicialmente un sistema totalmente subterráneo, optando por tramos a nivel de superficie o elevados en las zonas geológicamente más complejas. De esta manera, el PDM estableceria la hoja de ruta técnica necesaria para que las municipalidades ejecuten inversiones públicas bajo una cartera de proyectos priorizada.
La implementación de estos megaproyectos se plantea en un horizonte de 14 años, con el objetivo de que estén operativos para el quinto centenario de la fundación de la ciudad. Para ello, la ejecución de estor proyectos y su presupuesto dependen de la coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, gestionada en conjunto con el gobierno regional y los gobiernos locales y futuros congresistas por Arequipa.
El plan contempla la creación de paraderos estratégicos donde se encuentren los servicios de metro teleférico y de colectivos para facilitar el transbordo de pasajeros. Estos puntos de conexión se ubicarán preferentemente en zonas que pertenecen al Estado o áreas liberadas, evitando así procesos de demolición de viviendas o expropiaciones masivas. Se espera que para fines de junio se presente un avance detallado de la ubicación exacta de estos nodos y las vías que se habilitarán para el tránsito masivo.
Factibilidad y plazos de inversión
Aunque proyectos de esta envergadura suelen demorar décadas, Muñoz sostiene que la escala de Arequipa permite una gestión más manejable que la de otras metrópolis como Lima. Especialistas en transporte indican que, con el apoyo político y económico adecuado, las primeras mejoras y sistemas de transporte podrían implementarse en un plazo de 10 años. El éxito de esta visión depende de la aprobación del PDM antes de agosto, lo que permitirá a las entidades correspondientes evaluar la propuesta y darle luz verde.
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El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) reforzó su sistema de monitoreo y detección de incendios forestales. Gracias a la optimización de la plataforma Alerta Incendio Forestal SERFOR. La herramienta opera a nivel nacional y busca mejorar la respuesta frente a emergencias ambientales.
La iniciativa forma parte del Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025–2027 y permite generar alertas más rápidas y precisas gracias al uso de información satelital actualizada y sistemas de observación de la Tierra.
Tecnología satelital para mejorar la detección
La plataforma integra datos provenientes de sensores y satélites como VIIRS, Terra, MODIS, NOAA y GOES. Estos son capaces de identificar anomalías térmicas vinculadas a focos de calor. Esta información facilita la detección temprana de posibles incendios y permite a las autoridades actuar con mayor rapidez.
Entre las nuevas funciones incorporadas destacan los resúmenes de alertas, la visualización del estado de los eventos, un ranking de distritos con mayor incidencia y la denominada Alerta Distrital Preventiva. Esta última orientada a anticipar escenarios de riesgo.
Según informó el SERFOR, estas herramientas contribuyen a fortalecer la toma de decisiones. Además, de mejorar la planificación de acciones de respuesta y restauración en las zonas afectadas.
La coordinación con gobiernos regionales y locales permitió incrementar en un 70 % la confirmación de incendios forestales en campo. (Foto: Difusión)
Coordinación territorial y acceso público a información
Uno de los principales avances de la plataforma es la articulación directa con gobiernos regionales y locales mediante una red de contactos actualizada para verificar en campo las alertas emitidas. Este mecanismo permitió incrementar en un 70 % la confirmación de incendios forestales, optimizando el uso de recursos destinados a la atención de emergencias.
La directora de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR, Doris Guardia, señaló que la entidad publica diariamente información geoespacial sobre focos de calor, alertas y áreas afectadas. De esta manera, promueven la transparencia y facilitan una mejor gestión del riesgo.
Además, indicó que la plataforma utiliza estándares abiertos y un diseño modular que garantiza su sostenibilidad, escalabilidad y posibilidad de réplica en otros contextos.
El SERFOR, organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), destacó que esta herramienta busca fortalecer la prevención. Así como la respuesta oportuna frente a incendios forestales, protegiendo los ecosistemas y el patrimonio natural del país.
La denuncia alcanza a funcionarios y abogados de la minera luego de que el Poder Judicial confirmara que la compañía demolió las casas de las familias desalojadas del denominado “Lote Municipio”, el Morococha antigua, pese a una prohibición expresa de modificar o destruir los predios mientras el proceso seguía en trámite.
La Sala Mixta Descentralizada de Tarma confirmó la decisión del juez Santana y ordenó remitir copias certificadas al Ministerio Público para que la Fiscalía Penal Corporativa de Turno investigue el presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad contra Ezio Martino Buselli Cánepa, Carlos Aquino Camacuari, Rafael Díaz Ochoa, Martín Sotero Garzón y Omar Salas Camacho.
Desalojo, pero no demolición
El conflicto nació cuando el Juzgado Civil de La Oroya concedió a Chinalco una medida cautelar de desalojo anticipado sobre el inmueble conocido como “Lote Municipio” en Morococha antigua. Pero el mismo despacho judicial fijó una condición clara e inmodificable: la empresa debía conservar el estado físico de los predios y abstenerse de cualquier acto de demolición hasta que existiera una resolución definitiva sobre el caso.
Pese a esa orden, la minera terminó derribando las viviendas. En la apelación, los representantes de Chinalco intentaron justificar la demolición alegando que las casas se encontraban en “estado ruinoso” dentro de una “zona de riesgo no mitigable” y que la Municipalidad de Morococha había emitido la Resolución Gerencial N.° 173-2024-GM ordenando su demolición para evitar riesgos a la población.
Sala confirma desacato a la autoridad
La defensa de la empresa también sostuvo que el área de Protección Empresarial ejecutó las acciones siguiendo criterios de seguridad interna. Sin embargo, la Sala Superior rechazó esos argumentos y recordó que ninguna autoridad administrativa puede colocarse por encima de un mandato judicial vigente.
En uno de los pasajes más contundentes de la resolución, los magistrados remarcan que la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a toda persona y autoridad a “acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances”.
La Sala de Tarma además dejó en claro que el desalojo otorgado a Chinalco solo tenía carácter cautelar y temporal, por lo que la empresa no podía actuar como propietaria definitiva del terreno ni alterar las condiciones materiales del inmueble mientras el litigio seguía abierto.
Con esta resolución, el Poder Judicial ratificó que el presunto desacato sí amerita investigación penal y dejó en manos de la Fiscalía determinar las responsabilidades individuales de los funcionarios involucrados.
El proceso de actualización de la Estrategia Regional de Cambio Climático al 2050 en Ayacucho avanza con participación de autoridades, organizaciones indígenas, entidades científicas y colectivos ambientales, en medio de los desafíos que enfrenta la región por la variabilidad climática, la escasez de agua y el impacto en las actividades agrícolas.
Durante el lanzamiento de esta actualización, el director de Adaptación de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación del Ministerio del Ambiente, Jesús Villegas, señaló que el objetivo es construir una estrategia acorde a los nuevos escenarios climáticos que afectan principalmente a las zonas altoandinas. Explicó que el Ministerio del Ambiente brinda asistencia técnica y metodológica para que este instrumento regional responda a las necesidades actuales del territorio.
Entre las medidas priorizadas figuran la siembra y cosecha de agua, el manejo sostenible de recursos hídricos y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. Estas acciones buscan fortalecer la capacidad de adaptación de las comunidades frente a fenómenos climáticos que afectan cultivos, disponibilidad de agua y actividades económicas vinculadas al agro.
El funcionario también destacó la importancia de incorporar conocimientos ancestrales de comunidades campesinas y pueblos originarios en la formulación de políticas climáticas. Según indicó, los saberes tradicionales sobre conservación de agua y manejo de suelos pueden complementar las herramientas técnicas y científicas para desarrollar soluciones sostenibles y adaptadas a la realidad regional.
En este proceso participan la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Ayacucho, organizaciones civiles y representantes de pueblos indígenas. La Asociación Pro Fauna Silvestre informó que forma parte del grupo técnico de organizaciones civiles que intervienen en la actualización de la estrategia regional, enfocada en la protección de la biodiversidad frente a la crisis climática.
Además, la Plataforma Regional de Pueblos Indígenas frente al Cambio Climático aprobó recientemente una medida de adaptación basada en la crianza, siembra y cosecha de agua, propuesta por la Federación Regional de Mujeres Indígenas de Ayacucho frente al Cambio Climático, en articulación con el Instituto Geofísico del Perú. La iniciativa busca fortalecer la seguridad hídrica en comunidades altoandinas mediante un enfoque territorial y culturalmente pertinente.
La articulación entre organizaciones indígenas, entidades técnicas y autoridades regionales consolida un espacio de gobernanza climática que busca responder a los efectos del cambio climático con medidas sostenibles y participación comunitaria.
El hecho ocurrió la tarde del jueves 7 de mayo de 2026, alrededor de las 2:58 p.m., en el sector denominado Plataforma de Secado Uno. La víctima fue identificada como Joe Redi Jaurequi Quispe, de 30 años, quien se desempeñaba en trabajos de topografía dentro del proyecto minero.
Según los primeros reportes, un deslizamiento repentino de piedras y tierra alcanzó al trabajador mientras realizaba sus funciones. Compañeros de la zona intentaron auxiliarlo de inmediato, sin embargo, lamentablemente fue hallado sin signos vitales.
Tras el accidente, personal policial y representantes del Ministerio Público de la Fiscalía Provincial Mixta de Ichuña llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.
El fallecimiento del trabajador ha generado consternación entre sus compañeros y pobladores de la zona, además de reavivar el debate sobre las condiciones de seguridad y prevención de riesgos en operaciones mineras de alta complejidad.
Hasta el momento, la empresa minera no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las circunstancias del accidente. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del hecho y establecer posibles responsabilidades.
Puno figura en el tercer lugar de las regiones más pobres del Perú en 2025, con el 37,5 por ciento de su población sin ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, según cifras de Estudios Econométricos al 6 de mayo de 2026.
En el año 2013, Puno registraba el 32,4 por ciento de pobreza y ocupaba el décimo lugar a nivel nacional, lo que significa que, lejos de mejorar, la región subió varios puestos en ese ranking negativo durante más de una década.
Solo en el último año, la pobreza en Puno bajó del 39,9 por ciento en 2024 al 37,5 por ciento en 2025, una reducción de 2,4 puntos porcentuales, aunque la región se mantiene entre las 3 más afectadas del país.
Por encima de Puno en el ranking están Cajamarca con el 41 por ciento y Loreto con el 40,1 por ciento, mientras regiones como Cusco, con el 18,8 por ciento, y Arequipa, con el 12,8 por ciento, muestran cifras muy por debajo.
El 37,5 por ciento de pobreza en Puno representa a más de 1 de cada 3 personas en la región sin dinero suficiente para alimentarse, vestirse o acceder a servicios de salud, según los datos del informe de Estudios Econométricos.
El informe de Estudios Econométricos revela que la pobreza en el Perú golpea con más fuerza a las regiones de la sierra y la selva, donde Puno se ubica entre las más rezagadas, mientras las regiones de la costa sur registran los niveles más bajos del país.
La Contraloría General de la República emitió reportes sobre el desempeño administrativo actual en las obras públicas de la región cusqueña. Ante dichas alertas, el organismo supervisor detectó que el Gobierno Regional de Cusco solo resolvió el 17% de situaciones adversas. Esta preocupante cifra técnica surge de un análisis detallado sobre el control simultáneo realizado a los proyectos de inversión estatales vigentes.
La gerente Brendy Gil Ordinola lidera la Gerencia Regional de Control Cusco y expuso estos datos ante la Comisión Especial del Congreso. La funcionaria presentó la información estadística oficial durante la Decimosegunda Sesión Extraordinaria Descentralizada celebrada recientemente en la ciudad imperial del Cusco. Ella enfatizó que la falta de respuestas oportunas pone en riesgo real la ejecución exitosa de los proyectos clave del presupuesto.
Los informes indican que la rotación constante de funcionarios públicos y las deficiencias técnicas impiden la reactivación de las obras regionales. Estas demoras administrativas perjudican a miles de ciudadanos cusqueños que esperan mejoras urgentes en transporte, educación y también en servicios básicos. El presupuesto público asignado para estas labores no garantiza por sí solo el bienestar social sin una administración estatal que sea responsable.
Alarmante retraso por la deficiente atención del Gobierno Regional de Cusco
El control posterior registra solo un 40% de avance en la implementación de recomendaciones dadas por los auditores especializados. Entre los años 2023 y 2026 los peritos emitieron 409 servicios de control de naturaleza simultánea. La entidad fiscalizadora señala que el Gobierno Regional de Cusco recibió exactamente 45 informes detallados de control de tipo posterior.
Un caso emblemático de irregularidad ocurrió en la provincia de Canchis durante la licitación pública para el esperado puente Enrique Mejía. La administración regional otorgó la buena pro a una empresa privada que incumplía los requisitos de experiencia para el personal. Otros proyectos iniciaron labores físicas sin tener la libre disponibilidad de los terrenos o la acreditación necesaria de sus recursos hídricos.
Existen problemas de saneamiento físico y legal en distritos rurales específicos como los sectores de Checca en Canas y también Anasaya. La ausencia total de licencias sociales detiene actualmente los proyectos de irrigación que son vitales para el desarrollo de estas comunidades. La Contraloría General recomienda priorizar ahora los mecanismos de control preventivo para asegurar finalmente el beneficio de toda la ciudadanía regional.
El responsable del atropello que causó la muerte del fotoperiodista Heiner Aparicio Ojeda en Arequipa se presentó ante las autoridades y admitió que habría estado conduciendo bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, ocurrido en el distrito de Paucarpata.
Se trata de Juan Gabriel Aguirre Cáceres, quien acudió voluntariamente a la Policía acompañado de su abogada. Durante su declaración, reconoció haber consumido bebidas alcohólicas previamente y señaló que recuerda solo de forma parcial lo ocurrido. Incluso indicó que cree haber impactado “algo” mientras conducía.
Según su testimonio, horas antes del hecho estuvo bebiendo en la zona de Yumina y luego se trasladó hacia Paucarpata con la intención de continuar consumiendo alcohol. El vehículo de placa CIH-046, involucrado en el accidente, estaría vinculado a una pollería ubicada a menos de una cuadra del lugar, cuyos propietarios serían Jherson Guevara Orosco y Nelly Sánchez Salazar.
El implicado decidió entregarse tras recibir asesoría legal y, de acuerdo con su manifestación, optó por asumir su responsabilidad en los hechos. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del atropello.
Colegio de Periodistas de Arequipa exige sanciones
El Colegio de Periodistas se pronunció tras lo ocurrido y exigió que el caso sea investigado con celeridad, solicitando además que se impongan sanciones severas contra el responsable del atropello que terminó con la vida del periodista.
El gremio advirtió que los hechos podrían configurar delitos como homicidio culposo, lesiones graves, omisión de auxilio y fuga del lugar del accidente. Este último es considerado especialmente grave por las circunstancias en las que se produjo el hecho.
Asimismo, calificaron como “inadmisible” que el conductor no se haya detenido a auxiliar a la víctima tras el impacto. Señalaron que ya existirían elementos que permitirían su identificación, por lo que pidieron reforzar las investigaciones con imágenes de cámaras de seguridad.
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Pretenden contraer matrimonio civil en esta Municipalidad Provincial de Maynas los señores
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS
EDICTO
(CODIGO CIVIL Art. 250 y 251)
Se hace saber que Don: ASTOLFO PEREA MORI Identificado con DNIN° 05290303 de Estado Civil SOLTERO de 68 años de edad de Nacionalidad PERUANO, natural de Distrito IQUITOS Provincia MAYNAS, Dpto. LORETO, domiciliado en CALLE UNIÓN N° 585 Distrito: IQUITOS de profesión JUBILADO y Doña: NENCI PANDURO LAULATE con DNINº 05268240 de, Estado Civil SOLTERA, de 65 años de edad, de Nacionalidad PERUANA natural del Distrito IQUITOS de Provincia de MAYNAS Dpto. de LORETO, domiciliada CALLE UNIÓN N° 585 Distrito de IQUITOS de ocupación SU CASA.
LAS PERSONAS QUE CONOZCAN CAUSALES DE IMPEDIMENTOS PODRÁN DENUNCIARLO DENTRO DEL TÉRMINO DE OCHO DIAS Y EN LA FORMA PRESCRITA EN EL ARTICULO Nº 253 DEL INDICADO CODIGO.
Iquitos, 06 de mayo del 2026.
Abog. Yajaira López Díaz
Coordinadora de Registro de Estado Civil de la Municipalidad Provincial de Maynas.
* El líder de Renovación Popular cuestionó la continuidad política de Keiko Fujimori y volvió a referirse a un presunto fraude electoral.
Rafael López Aliaga lanzó nuevas críticas contra Keiko Fujimori y aseguró que ella “sabe bien” que perderá una elección presidencial por cuarta vez. Durante sus declaraciones, el excandidato presidencial sostuvo además que existen irregularidades en el proceso electoral y pidió a Fujimori “plantarse” frente a esa situación.
El líder de Renovación Popular también afirmó que la lideresa de Fuerza Popular estaría arriesgando al país al insistir en una nueva candidatura presidencial. “Usted pierde con el panetón, señora”, señaló López Aliaga en referencia a las anteriores campañas electorales de Fujimori. Sus declaraciones se producen en medio del debate político sobre la transparencia de los procesos electorales en el país.
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La coordinación con gobiernos regionales y locales permitió incrementar en un 70 % la confirmación de incendios forestales en campo. (Foto: Difusión)
