JHON RIVAS OCHOA Y ABDIEL ARÉVALO INICIAN LA “RECONQUISTA CELESTE” CON UN ENCUENTRO LLENO DE ESPERANZA EN EL PUERTO LA BOCA
EN YURIMAGUAS:
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta roja por el incremento de la temperatura diurna en 19 regiones del país, entre ellas Ayacucho, donde se prevé que el calor llegue hasta los 33 grados acompañado de altos niveles de radiación UV entre el 10 y el 12 de diciembre.
Según el organismo meteorológico, la región ayacuchana experimentará un aumento de calor “de moderada a extrema intensidad”, principalmente en provincias como Huamanga, Vilcas Huamán, Cangallo, Víctor Fajardo, Huanca Sancos, Sucre, ubicadas dentro del aviso de riesgo.
El Senamhi informó que este incremento forma parte de un fenómeno que afecta a la sierra norte, centro y sur, donde se registrarán temperaturas máximas que oscilarán entre 20 °C y 38 °C, dependiendo de la zona. En el caso de Ayacucho, los valores se acercarán al límite superior de la sierra centro, lo que eleva el nivel de exposición y fatiga por calor, especialmente en zonas urbanas y agrícolas.
La alerta roja se mantendrá activa hasta el viernes 12 de diciembre a las 23:59 horas, periodo en el que se recomienda a la población evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse constantemente y utilizar sombreros de ala ancha, lentes de sol, prendas de manga larga y protector solar para reducir los efectos dañinos de la radiación.
Las autoridades locales también instaron a estar atentos a cualquier variación del clima y seguir los avisos oficiales, ya que el incremento de calor podría intensificar los riesgos para niños, adultos mayores y personas que trabajan a la intemperie.
Como parte del pronóstico, el Senamhi prevé que el miércoles 10 las temperaturas en la sierra centro —donde está Ayacucho— alcancen hasta 33 °C, mientras que el jueves 11 se mantendrán en rangos similares. Estos niveles, inusuales para esta temporada, responden a la combinación de mayor brillo solar y condiciones atmosféricas que limitan la formación de nubes.
La institución recordó que se trata de un evento poco habitual en extensión y duración, por lo que recomienda a la población mantenerse informada y tomar todas las precauciones durante los días de mayor intensidad.
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El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo dictó nueve meses de prisión preventiva para Carlos Hugo Egoavil Shupingahua, de 31 años, quien es investigado por el delito de homicidio calificado. El pasado viernes mató de un disparo a su colega, Luis Abimael Beltrán Díaz, dentro de la comisaría de Surcubamba, en Huancavelica.
Durante la audiencia, la fiscal de Surcubamba sustentó que la intención de Egoavil Shupingahua era matar a su colega, tras una discusión en el área de prevención de las instalaciones policiales, durante las celebraciones previo al Día de la Policía.
El acusado confesó el delito y recalcó que actuó en defensa propia, su defensa sostuvo que la víctima estaba ebria y lo amenazó con el arma del investigado.
El Ministerio Público ha solicitado 30 años de prisión para Egoavil Shupingahua.
Egoavil es natural del departamento de Loreto, provincia de Ucayali, distrito de Vargas Guerra.
Fue internado en el penal de Huamancaca Chico, mientras duren las investigaciones.
El cuerpo de la víctima, en tanto, fue sepultado el domingo en su pueblo natal, Surcubamba, acompañado de un numeroso grupo.
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La marcha en Huancané fue para exigir justicia inmediata y sanciones ejemplares contra los responsables de la tragedia.
Desde tempranas horas, los deudos se congregaron en el Instituto Pedagógico de Huancané, donde iniciaron una movilización que recorrió las principales calles de la ciudad. Con pancartas en mano, arengas y el acompañamiento de conjuntos de sikuris, los manifestantes avanzaron con dirección a la sede del Ministerio Público.
Durante la protesta, los familiares demandaron que se dicte prisión preventiva para los presuntos involucrados, entre ellos el detenido que permanece bajo investigación. También exigieron medidas urgentes contra los propietarios del local, quienes se encuentran actualmente prófugos de la justicia.
Los deudos expresaron su preocupación por la falta de avances en las labores de búsqueda, responsabilizando a la Policía Nacional del Perú por la aparente inacción en la ubicación de los fugitivos. En ese sentido, solicitaron la intervención de altos mandos policiales para garantizar un operativo eficiente que evite que el caso quede impune.
La población de Huancané reafirmó su compromiso de continuar movilizándose hasta que las autoridades aseguren justicia para las diez víctimas y se esclarezcan plenamente las circunstancias de esta lamentable tragedia.

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El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno informó que este 10 de diciembre el índice meteorológico de incendios se mantiene entre niveles moderados y altos, por lo que pidió a la población evitar quemas agrícolas y cualquier uso descuidado del fuego en el campo.
El boletín N.° 607-2025 elaborado con información del Senamhi detalló que las provincias de Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román y Sandia presentan un nivel moderado de peligro de incendios forestales.
El informe precisó que en nivel moderado el fuego puede crecer a lo largo de los flancos de un incendio y exige herramientas manuales y agua a baja presión, por ello el COER recomendó cuidar pastizales secos y no arrojar colillas ni botellas en zonas rurales.
El documento ubicó a la provincia de Puno en nivel alto de intensidad del fuego, situación que requiere un ataque directo al incendio con equipo especial y construcción rápida de líneas de control, lo que eleva el riesgo para brigadistas y para familias que viven cerca de laderas.
El reporte señaló que solo Lampa y Yunguyo se mantienen en nivel bajo, categoría en la que el fuego suele extinguirse lentamente o de manera natural, aunque el COER recordó que un descuido puede cambiar las condiciones y provocar que un incendio se salga de control.
El boletín incluyó una tabla de interpretación que describe que en niveles muy altos y extremos los incendios se vuelven difíciles de controlar, por ello el COER subrayó la importancia de que municipios y comités de seguridad revisen sus planes de respuesta ante emergencias.
El COER Puno reiteró a las autoridades locales que informen por radio y altoparlantes sobre la prohibición de quemas sin autorización, además pidió a la ciudadanía comunicar de inmediato cualquier humo sospechoso, porque una alerta temprana reduce daños en chacras, viviendas y bofedales.
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Las autoridades y representantes del distrito de Caylloma, en la región Arequipa, anunciaron la ruptura de las negociaciones con la empresa minera Bateas. La decisión se tomó tras no alcanzar un consenso para incrementar significativamente la inversión destinada al desarrollo social de esta jurisdicción, zona de influencia directa de la operación.
El alcalde distrital, Juan Delgado, detalló que durante el último encuentro se solicitó a la compañía un aporte superior a los 11 millones de soles para el Fondo de Desarrollo Social. Sin embargo, la oferta final de Bateas no superó los 2.6 millones de soles. El burgomaestre consideró esta propuesta insuficiente, destacando que la minera reporta ingresos anuales de alrededor de 430 millones de soles, pero la contribución actual apenas representa el 0.6% de ese monto.
El presidente del Frente Único de Defensa de Caylloma, Alejandro Ccasa, enumeró las carencias críticas que enfrenta la población. Entre las prioridades se encuentran la falta de saneamiento básico, una planta de tratamiento de aguas residuales y la mejora de la infraestructura educativa.
Estos requerimientos contrastan con el crecimiento de la operación minera, que desde la firma del convenio marco en 2021 ha triplicado su producción y despliega más de un centenar de vehículos en la zona.
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Los dirigentes han convocado una nueva mesa de trabajo para el 12 de diciembre, exigiendo la presencia del gerente ejecutivo de la empresa. Advirtieron que, de no registrarse avances concretos y una voluntad real de negociación, la población se vería obligada a adoptar medidas de protesta más radicales.
La posibilidad de una huelga distrital se evalúa ante la percepción de incumplimiento por parte de la minera.
Voceros de la comunidad, que se desplazaron hasta la ciudad de Arequipa para hacer oír su posición, acusan a la empresa de ignorar las necesidades locales en sectores clave como salud, educación y agricultura. Asimismo, reclaman que los beneficios económicos se traduzcan en empleo directo para los jóvenes de Caylloma y en una participación justa en las ganancias, que según sus cálculos se han multiplicado exponencialmente desde la llegada de la minera a la región.
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COORDINACION DE REGISTROS CIVIL
EL FUNCIONARIO EDIL QUE SUSCRIBE, HACE SABER QUE:
Pretenden contraer matrimonio civil en esta Municipalidad Provincial de Maynas los señores
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS
EDICTO
(CODIGO CIVIL Art. 250 y 251)
Se hace saber que Don: CARLOS ALBERTO DIAZ ROMAYNA Identificado con DNI N° 72644949 de Estado Civil SOLTERO de 23 años de edad de Nacionalidad PERUANO, natural de Distrito BELÉN Provincia MAYNAS, Dpto. LORETO, domiciliado en 1 DE SETIEMBRE MZ E LOTE 10 Distrito: SAN JUAN de profesión PROFESOR y Doña: FIONA STEFANI PINEDO ZEVALLOS con DNI Nº 76448833 de, Estado Civil SOLTERA, de 31 años de edad, de Nacionalidad PERUANA natural del Distrito IQUITOS de Provincia de MAYNAS Dpto. de LORETO, domiciliada 1 DE SETIEMBRE MZ E LOTE 10 Distrito de SAN JUAN de ocupación TEC. LABORATORIO.
LAS PERSONAS QUE CONOZCAN CAUSALES DE IMPEDIMENTOS PODRÁN DENUNCIARLO DENTRO DEL TÉRMINO DE OCHO DIAS Y EN LA FORMA PRESCRITA EN EL ARTICULO Nº 253 DEL INDICADO CODIGO.
Iquitos, 05 de diciembre del 2025.
Abog. Yajaira López Díaz
Coordinadora de Registro de Estado Civil de la Municipalidad Provincial de Maynas.
El Colegio de Arquitectos Regional Piura solicitó revisar y corregir aspectos técnicos de la obra de reconstrucción del Centro Histórico de Piura, para asegurar su sostenibilidad urbana y funcionalidad a largo plazo. El pedido se sustenta en observaciones realizadas al expediente del sistema de drenaje pluvial, componente clave del proyecto que presenta riesgos constructivos y podría afectar el desarrollo adecuado de la intervención.
La posición fue expuesta por el decano Leopoldo Villacorta, durante la reunión convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros, realizada en la Universidad de Piura, en el marco de la construcción de los Objetivos Estratégicos Regionales Piura 2025–2034 y alineados al Plan Nacional al 2050. El arquitecto remarcó que el diseño del drenaje requiere ajustes que garanticen eficiencia hidráulica y seguridad para la infraestructura urbana existente.

Las objeciones del gremio se centran en la propuesta de instalar un “tanque tormenta” en la Plaza Tres Culturas, destinada a acumular agua pluvial para su posterior evacuación al río. Según Villacorta, esta alternativa no sería la más adecuada para una zona con alta napa freática y podría comprometer edificaciones colindantes. El Colegio de Arquitectos sostiene que existen soluciones más simples y seguras que no han sido consideradas en el expediente.
El avance de la obra preocupa al sector profesional y ciudadano. De acuerdo con información consultada en el portal de transparencia del Gobierno Regional, la intervención —que supera los S/ 120 millones de inversión— presenta apenas 2% de progreso en pistas y veredas, y 0.2% en drenaje, pese a ser uno de los proyectos más esperados tras los daños ocasionados por el Fenómeno del Niño Costero 2017. El retraso mantiene a la zona central de la ciudad con desmontes acumulados, tráfico congestionado y afectación al comercio local.
Villacorta entrevistado del tema en Canal N, subrayó que la reconstrucción debe priorizar la calidad técnica para evitar problemas futuros. Recordó que el expediente original fue elaborado por la Municipalidad de Piura, luego corregido por el Gobierno Regional, tras deslinde previo de la Autoridad Nacional de Infraestructura.

El Colegio de Arquitectos de Piura respalda la recuperación del centro histórico, pero en agosto del presente año advirtió una preocupación por la falta de claridad en la ejecución del cableado subterráneo y la articulación con el drenaje pluvial de ANIN. Señalan que, aunque Enosa prevé trasladar las redes eléctricas al subsuelo, aún no hay cronograma ni presupuesto confirmados. El gremio también pide coordinación con EPS Grau y empresas de telecomunicaciones para evitar interferencias y paralizaciones.
El gremio plantea instalar una mesa permanente de seguimiento, con participación del Ejecutivo, autoridades locales y colegios profesionales, que permita consensuar alternativas y asegurar la ejecución de una obra estratégica para el patrimonio urbano de Piura. “Este proyecto debe ser una oportunidad para construir una ciudad resiliente, con infraestructura bien diseñada y pensada para el futuro”, fue la reflexión del decano durante el encuentro.

La ciudadanía espera respuestas claras sobre los próximos pasos y las medidas que tomará el Gobierno Regional para acelerar la ejecución, corregir las observaciones y garantizar que el Centro Histórico cuente con una obra de reconstrucción que responda a su importancia social, económica y patrimonial.
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Ayacucho registró avances en la reciente evaluación regional de lengua quechua, con incrementos del 17 % en niveles de logro y entre 40 % y 50 % de docentes en proceso de dominio del idioma. Sin embargo, especialistas señalan que estos resultados no reflejan la implementación efectiva de una educación intercultural bilingüe (EIB) pertinente cultural y lingüísticamente.
José Montoya, representante de Chirapaq, explicó que los progresos se centran en ejercicios de traducción, limitando que los estudiantes razonen y se expresen desde su lengua y cosmovisión.
“Se traduce, pero no se piensa ni se aprende desde la identidad cultural”, advirtió.
El modelo educativo actual, predominantemente castellanizado, genera barreras de aprendizaje para niños y adolescentes quechua hablantes, afectando su rendimiento y su desarrollo integral. Los especialistas recomiendan escolarizar la EIB en toda la región, incorporando lengua, cultura, historia, cosmovisión y símbolos de los pueblos originarios.
Asimismo, se enfatiza la necesidad de formar docentes capacitados en enfoque intercultural bilingüe y de adecuar la malla curricular universitaria y escolar para atender a la diversidad cultural y lingüística de Ayacucho, incluyendo zonas urbanas, rurales y del Vraem. Montoya concluyó que una educación intercultural verdadera fortalece la identidad, mejora el aprendizaje y garantiza que los estudiantes piensen y se desarrollen desde sus raíces ancestrales. Pese a los avances en cifras, la región aún enfrenta el reto de transformar los resultados en aprendizajes significativos y sostenibles.
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La filigrana ayacuchana, uno de los oficios más finos y tradicionales del arte local, enfrenta un serio riesgo de desaparecer. Vasco Flores, artesano y quinta generación de su familia dedicada a este oficio, aseguró que actualmente es el último filigranista activo en la región Ayacucho y que la ausencia de formación, investigación y promoción cultural ha llevado este arte al borde de la extinción.
Durante la entrevista, Flores explicó que, pese a ser ingeniero agrónomo, decidió dedicarse por completo a la filigrana para evitar que esta técnica heredada desde la época colonial se pierda. Señaló que muchos joyeros actuales han aprendido el trabajo básico del metal, pero no dominan el tejido fino, la simbología ni la tradición cultural que distinguen a la verdadera filigrana.
El artesano recordó que Ayacucho llegó a tener más de 100 líneas artesanales, pero hoy sobreviven apenas una docena. Atribuye esta caída al egoísmo de antiguos maestros que evitaron compartir su conocimiento y a la falta de espacios formativos que permitan enseñar adecuadamente el oficio.
También cuestionó que escuelas de arte locales se hayan alejado de su propósito original, indicando que ya no forman artistas ni preservan técnicas tradicionales. “Sin escuelas no hacemos nada”, afirmó, tras insistir en que no existe promoción cultural ni apoyo institucional que impulse a nuevos talentos.
Flores advirtió que, si no se implementan programas formativos y políticas públicas que recuperen la enseñanza del arte tradicional, la filigrana podría desaparecer definitivamente, convirtiéndose en otra línea artesanal perdida.
El maestro pidió que se revalore la artesanía como parte esencial de la identidad regional y que se generen espacios para la investigación y transmisión del conocimiento. “La filigrana es cultura, es tradición, es historia viva”, culminó.
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Con lanzas en sus manos, coronas de plumas y tejidos de chambira, más de 200 personas de 15 pueblos de la Amazonía colombiana, ecuatoriana y peruana atravesaron bosques y navegaron el río Aguarico, en el norte de Ecuador, hasta llegar a la comunidad A’i cofán de Sinangoe el 1° de diciembre de 2025. Allí, hasta el día 5, se realizó el Encuentro de Experiencias y Saberes de Guardias Indígenas para el cuidado del Territorio y la Cultura.
“Nos acompañan para intercambiar experiencias desde nuestra cosmovisión y desde la espiritualidad de cada territorio, para revivir la memoria de las luchas de los pueblos que hemos venido perviviendo muchos años”, dijo a Mongabay Latam Alexandra Narváez, lideresa a’i cofán durante el segundo día del encuentro. “Aquí estamos con guardias indígenas de la vida”, resaltó.
Esa mañana, las autoridades tradicionales a’i cofán limpiaron con ortiga a los asistentes, una tradición espiritual y de sanación. En el espacio de armonización, la lideresa shuar Josefina Tunki compartió tabaco. Esta planta es considerada sagrada y se usa para sanar, limpiar y establecer comunicación espiritual.
Narváez; Robert Molina, ex coordinador de la guardia indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, Colombia; y Mario Erazo, líder del pueblo indígena ziobain, de la frontera colombiana con Ecuador, conforman el equipo Punta de Lanza de la fundación Alianza Ceibo que organizó el encuentro.

La organización Punta de Lanza nació en 2022 tras el I Encuentro de Guardias Indígenas del Ecuador. Su objetivo es fortalecer estas agrupaciones civiles no armadas para la defensa de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ante el avance de las industrias extractivas y de las economías criminales sobre sus territorios.
“La gran tarea está en que los mayores transmitan el conocimiento y que los jóvenes lo absorban. Se debe partir desde la espiritualidad, desde los principios, ese es nuestro chaleco antibalas”, se dirigió ante los asistentes Erazo, quien vino desde la comunidad de Buenavista.
A lo largo de los cinco días, los asistentes expusieron sobre sus cosmovisiones ligadas a sus territorios, espiritualidad, la importancia del idioma y de la cultura propia para asegurar su existencia como pueblos indígenas. También trabajaron en el fortalecimiento de las capacidades organizativas, la autonomía y la defensa territorial.
El tercer día giró alrededor del análisis de la coyuntura que amenaza a los pueblos indígenas. En primer lugar, al menos el 67 % de las 987 municipalidades de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela enfrentan la presencia de redes criminales y grupos armados asociados a minería ilegal de oro y narcotráfico, de acuerdo con la investigación Amazonía bajo ataque, publicada en octubre de 2025 por la alianza de medios Amazon Underworld.
Además, sobre 31 millones de hectáreas de territorios indígenas de toda la cuenca amazónica se han sobrepuesto bloques petroleros y gasíferos, según un análisis publicado en noviembre de 2025 por la organización Earth Insight. La investigación también detectó 9.8 millones de hectáreas de concesiones mineras sobre territorios ancestrales de la Amazonía.
María Espinosa, abogada de Alianza Ceibo, añadió un tercer elemento: los cambios normativos que se están dando en Colombia, Ecuador y Perú, que “tienen el objetivo” de dejar a los pueblos indígenas “sin derechos colectivos”.
El pueblo indígena kakataibo, en la Amazonía peruana, enfrenta los problemas que tanto el Estado como los actores ilegales han traído a sus territorios. Elías Noico, miembro de la guardia indígena de este pueblo, señaló que, por un lado, es el mismo Estado el que concede derechos de minería y explotación forestal dentro de los territorios indígenas.

Por otro lado, los kakataibo habitan entre las regiones de Ucayali y Huánuco, dos de las más letales para los pueblos indígenas peruanos, según halló la investigación Los vuelos de la muerte, de Mongabay Latam. Durante el Encuentro, Noico dijo que la presencia de pistas clandestinas para el transporte de droga y el tráfico de tierras están poniendo en riesgo la vida de los líderes y guardias indígenas.
Al menos seis miembros del pueblo kakataibo han sido asesinados en este contexto, aseguró a Mongabay Latam. Él mismo ha recibido amenazas de muerte y, aunque el Estado le ha otorgado “garantías de vida”, no confía en ellas, porque no pasan de ser meros documentos que “no aguantan balas”.
Como medida de protección, guardias indígenas de diferentes comunidades se han unido para tratar de mantener a los invasores y actores ilícitos fuera. Noico además propuso una integración regional para fortalecerse ante las amenazas, que a su criterio intentan despojarlos de sus derechos ancestrales.
En Ecuador, cada vez más pueblos indígenas están amenazados por la expansión de la minería ilegal de oro. Jacinto Shiguango, miembro de los Inkarukunas, la guardia indígena del Pueblo Kichwa de Rukullacta (PKR), relató a Mongabay Latam que personas externas llegaron y vincularon a habitantes del PKR en actividades de minería ilegal.

En una asamblea comunitaria, se resolvió desalojar a los mineros ilegales. Sin embargo, antes de que la guardia indígena actuara con el apoyo del resto de la población, los mineros se retiraron, evitando un enfrentamiento. A pesar de ello, cuenta Shiguango, la guardia indígena se mantiene vigilante en la defensa del territorio.
María Ochoa, representante del pueblo murui bue, puso otro ejemplo que grafica los intentos por vulnerar los derechos. La lideresa relató que aunque el territorio murui está legalmente titulado, el Estado peruano solo reconoce a los murui muinani, ignorando las variantes de ese tronco principal. Esa falta de reconocimiento, aseguró a Mongabay Latam, obstaculiza la validación de sus derechos.
Ahora mismo, los murui bue enfrentan intentos del Estado peruano para construir el segundo tramo de la carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho a través de la comunidad Centro Arenal sin realizar consulta previa, libre e informada. “No se dan cuenta de que nos va a afectar tanto en lo ambiental, cultural, social e incluso a nuestras aves. ¿Por qué el Estado no entiende que nos afecta psicológicamente también?”, reclamó.

Los murui bue se informaron sobre sus derechos y junto un antropólogo de la organización Derechos, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) aprendieron a elaborar mapas parlantes de su territorio. Esta es una representación que recoge las percepciones culturales, ambientales, económicas y sociales de los espacios mediante gráficos y el uso del idioma propio.
Este tipo de ejercicios, se señaló en el encuentro, son los que los indígenas, como guardianes de sus territorios, deben fortalecer para demostrar su relación con el espacio que han habitado de manera ancestral. Aquí, además, es donde las guardias juegan un rol especial, al ser quienes hacen un monitoreo constante del territorio, reconociendo los cambios y amenazas.
Finalmente, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones inició un proceso de consulta, pero Ochoa señala que la institución ha justificado retrasos y otros errores en el proceso porque esta sería la primera vez que realiza una consulta de este tipo. El Centro Arenal elaboró su propio Protocolo de Consulta Previa, con el fin de que la consulta no sea un proceso exclusivamente administrativo, sino que busque realmente el consentimiento informado de la población indígena.
En Ecuador, se está desarrollando una consulta ambiental para dar paso a la explotación petrolera en el Bloque 10. Aunque hay poblaciones indígenas, no se está realizando la consulta previa, libre e informada, que tiene estándares más altos que la consulta ambiental y que no solo busca informar sobre la realización de una actividad y sus impactos, sino evitar poner en riesgo el derecho a la existencia cultural ligada al territorio, de acuerdo con Espinosa.

Ante estos problemas, Espinosa recordó a los asistentes que los tres países reconocen el derecho de los pueblos originarios a ejercer jurisdicción sobre sus territorios. “Ustedes son autoridad territorial”, dijo. Si bien las comunidades y pueblos enfrentan trabas para que ellos mismos, sus territorios o sus derechos sean reconocidos, la abogada animó a continuar con el fortalecimiento del autogobierno con base en la elaboración de estatutos colectivos.
El cuarto día del encuentro, los asistentes analizaron las experiencias exitosas de autogestión, autogobernanza y defensa del territorio. También establecieron la situación actual y los aportes de las guardias indígenas. El último día, se aprobó el pronunciamiento del encuentro.
En el documento, se abordó la criminalización que enfrentan las guardias indígenas, como sucedió recientemente en Ecuador, tras el paro nacional de octubre. “Este intento de desprestigiar nuestra identidad y labor como sujeto colectivo de derechos, pretendiendo alinearnos al terrorismo o al narcotráfico, genera un grave escenario de riesgo físico y cultural”, se lee en el documento.
“La guardia no necesita más que el permiso colectivo. La guardia resulta incómoda porque es la línea de defensa de los territorios y de la vida”, aseguró Espinosa.

Los 15 pueblos resolvieron reafirmar el gobierno propio, la jurisdicción indígena y las guardias como ejercicio de los derechos colectivos reconocidos en cada uno de los tres países y en las normativas internacionales. Además, resolvieron reafirmar la articulación de las guardias indígenas a escala regional y reconocer su labor como defensoras de la vida y el territorio. Por último, reiteraron a los gobiernos nacionales que seguirán realizando acciones de monitoreo, control y gobernanza.
En una segunda parte del documento, exigieron que los Estados garanticen la seguridad e integridad de los territorios ante las amenazas ilícitas, generen garantías para proteger a las guardias indígenas y exigieron la no persecución política por la defensa de derechos humanos, de la naturaleza y colectivos.
El pronunciamiento fue firmado por los pueblos amazónicos ziobain, awá, a’i cofán, siekopai, kichwa de Rukullacta y kichwa de Pastaza, quijos, waorani, shuar, kakataibo, kukama, murui bue, shipibo konibo shetebo y por las guardias indígenas que conforman el Tejido Unuma de la Orinoquía colombiana y del Consejo Regional Indígena del Cauca.
Las delegaciones volvieron a cruzar el río Aguarico el viernes al mediodía, de regreso a sus territorios cada vez más acorralados por intereses ilícitos, pero también por el abandono estatal.
* Informe especial publicado originalmente por Mongabay Latam.
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El politólogo y exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla, cuestionó el balance de las elecciones primarias realizadas el domingo pasado, señalando que la baja participación, escasa competitividad y nula capacidad para reducir el número de partidos evidencian las deficiencias del sistema actual de selección de candidatos presidenciales y parlamentarios en el país.
El experto detalló que de las 39 organizaciones políticas inscritas, 37 optaron por la modalidad de delegados en lugar de elección directa, reproduciendo el mismo esquema que había generado problemas en 2003, cuando la norma permitía estas prácticas que posteriormente fueron modificadas con la introducción de las PASO, luego suspendida y finalmente anulada.
«Cualquier partido dirá, ¿para qué voy a hacer todo este esfuerzo? Incluso un riesgo», explicó Tuesta, agregando que «el único partido que voluntariamente eligió la elección directa de sus militantes fue el Apra», mientras que Renovación Popular mantuvo esa modalidad solo porque no modificó sus estatutos.
La elección de delegados realizada el domingo antepasado no contó con intervención de organismos electorales, lo que significa que nadie supervisó, acreditó ni fiscalizó el proceso; los partidos simplemente entregaron listas con nombres de delegados sin verificación alguna, generando un vacío de transparencia en la base misma del sistema democrático interno.
El impacto se refleja en que apenas el 5% de militantes participó en las primarias de 2021, cifra que según Tuesta podría ser igual o menor en esta ocasión, aunque no existe registro oficial porque la elección de delegados escapó al control de las autoridades electorales, perpetuando la precariedad de los partidos políticos peruanos.
El número de delegados varía según cada partido, desde tres hasta 105 en el caso de Fuerza Popular, pero la ley establece que basta con alcanzar el 10% de asistencia para validar la elección; esto significa que en organizaciones con 105 delegados solo se necesitan 11 presentes para legitimar todo el proceso de selección de candidatos.
Entre los casos más notorios figura Acción Popular, donde Alfredo Barnechea derrotó sorpresivamente a Julio Chávez pese a que este último había afirmado públicamente haber ganado tanto en delegados como en consulta no vinculante; también destaca el triunfo de Marisol Pérez Tello sobre Miguel del Castillo en el partido Primero la Gente, evidenciando que algunos candidatos logran vencer a los dueños de las organizaciones.
«Estamos viendo que en la parte de parlamento, de una manera aplastante son listas únicas», advirtió Tuesta, señalando que la verdadera competencia interna es prácticamente inexistente y que el proceso electoral seguirá con 39 partidos participantes, generando boletas extremadamente largas por disposición legal hasta la inscripción definitiva el 23 de diciembre.
El politólogo alertó sobre la creciente judicialización del proceso electoral mediante amparos y recursos ante la justicia ordinaria, práctica que se intensificó desde 2021 y amenaza con convertirse en mecanismo alternativo para resolver disputas internas que deberían resolverse en el ámbito electoral, dejando abierta la posibilidad de tachas ciudadanas que podrían modificar el panorama definitivo de candidaturas.
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Las aguas del Río Ramis se convirtieron en un lodo espeso y tóxico en el distrito de San Antón, provincia de Azángaro, esta contaminación afecta a más de veinte comunidades que dependen de este recurso hídrico para su supervivencia; pobladores acusan a mineros informales y legales de la zona de haber provocado esta grave crisis ambiental que amenaza la salud de miles de pobladores.
El recurso hídrico esencial para el consumo humano y la crianza de animales quedó completamente inutilizable haciendo que los pobladores enfrenten una emergencia sanitaria sin precedente ya que la actividad minera continúa sin control efectivo por parte de las entidades responsables de la fiscalización ambiental.
La Fiscalía de Medio Ambiente y otras instituciones competentes no tomaron ninguna acción concreta hasta ahora según denuncias de los residentes de las comunidades ribereñas quienes claman por una intervención inmediata de las autoridades con jurisdicción en el área.
La contaminación del Ramis evidencia una crisis que impacta directamente en la salud de la población local. Las comunidades perdieron su principal fuente de agua para actividades básicas y productivas, la orilla del río muestra el avance imparable de los relaves mineros que destruyen el ecosistema.
La cuenca del Ramis enfrenta un daño ambiental de proporciones alarmantes que requiere intervención inmediata de las autoridades quienes deben implementar medidas para detener la contaminación y sancionar a los responsables directos ya que resulta urgente restaurar la calidad del agua y proteger la salud de las comunidades afectadas.
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Marisol Pérez Tello, Keiko Fujimori, Fiorella Molinelli y Rosario Fernández comparten un mismo escenario: todas buscan suceder a Dina Boluarte en un contexto de crisis institucional, desconfianza generalizada y partidos debilitados. Pero llegan con historias, vínculos políticos y antecedentes que merecen un análisis crítico.
Keiko Fujimori (Fuerza Popular), la candidata más experimentada y también la más cuestionada, intenta por cuarta vez llegar a Palacio arrastrando los procesos por lavado de activos y presunto liderazgo de una organización criminal vinculados al caso Cócteles y Lavamoto. Aunque parte del expediente fue anulado en 2025, su figura continúa asociada a operadores políticos, empresarios y excongresistas investigados. Su fuerza partidaria, no obstante, sigue siendo la estructura más sólida entre las candidatas.
En una posición distinta, Marisol Pérez Tello (Primero La Gente) capitaliza una imagen de tecnócrata y defensora del Estado de derecho. Exministra de Justicia durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, mantiene cercanía con sectores académicos, colectivos anticorrupción y cuadros técnicos del extinto PPC. No registra antecedentes penales, aunque su agrupación afrontó cuestionamientos por firmas falsas, un problema recurrente en los partidos nuevos, sin derivar en imputaciones contra ella. Su reto será convertir su solvencia técnica en capital electoral real.
Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), ex presidenta de EsSalud y exministra del MIDIS, es quizá la más polémica en términos administrativos. Durante su paso por EsSalud enfrentó múltiples denuncias mediáticas por presuntas irregularidades en adquisiciones, aunque varias no prosperaron en el sistema judicial. Su vínculo político más visible es con el entorno de Pedro Pablo Kuczynski, cuya campaña defendió y cuya sombra judicial aún pesa en la opinión pública. Su nueva plataforma política —una alianza con Fuerza Moderna— intenta reposicionarla como candidata “renovadora”, pese a su historial fuertemente cuestionado.
Finalmente, Rosario Fernández (Un Camino Diferente) surge como la candidata menos conocida, pero con la mayor carga política externa: su candidatura está estrechamente vinculada a su hermano Arturo Fernández Bazán, líder de la agrupación y hoy prófugo por una condena por difamación agravada. Aunque ella no registra antecedentes judiciales, su postulación es vista como un mecanismo para mantener la influencia de un personaje inhabilitado, replicando estrategias ya conocidas en la política peruana. La legitimidad del proyecto partidario es su principal debilidad.
Las cuatro candidatas representarán a un electorado que exige renovación, pero cada una llega con pesos distintos: desde procesos judiciales de alto impacto hasta cuestionamientos éticos y estructuras partidarias construidas alrededor de líderes fuertes. La pregunta, más que quién sucederá a Dina Boluarte, es si alguna de estas candidatas podrá romper con el ciclo de desconfianza y precariedad que domina la política peruana.
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