Era 2019 cuando Madre de Dios ocupó las portadas de los diarios con imágenes que mostraban maquinaria pesada ingresando a zonas tomadas por la minería ilegal, personal policial y militar desplegado en puntos críticos, campamentos intervenidos y pozas abiertas en medio del bosque amazónico. Era el Operativo Mercurio, una de las mayores intervenciones del Estado peruano para recuperar el control en Madre de Dios, donde la extracción ilegal de oro había avanzado a niveles de crisis.

Han pasado siete años desde aquella operación histórica y Madre de Dios vuelve a ser noticia. Pero esta vez, por el avance descontrolado de una actividad que, lejos de contenerse pese a diversos operativos, sigue dejando heridas abiertas en gran parte del bosque. Según el informe #241 del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), la minería ilegal de oro “ha reiniciado una alarmante expansión en la Reserva Nacional Tambopata”, principalmente durante el segundo semestre de 2025 e inicios de 2026.

Las imágenes satelitales ayudan a ver la magnitud de este problema. En la parte norte del área natural protegida, cerca del río Malinowski, el bosque ya no aparece como una mancha verde continua. En su lugar se observan pozas de agua removida, zonas sin vegetación, maquinaria y campamentos levantados.

Minería ilegal deforestó en Tambopata un área similar a 700 canchas de fútbol

Entre la segunda mitad de 2025 y los primeros meses de 2026, la minería ilegal deforestó 500 hectáreas dentro de la Reserva Nacional Tambopata, una extensión equivalente a aproximadamente 700 canchas de fútbol. No se trata solo de árboles talados, sino de áreas completas removidas para abrir pozas e instalar equipos.

El río Malinowski ayuda a entender por dónde está entrando y creciendo la minería ilegal. Al marcar parte del límite de la Reserva Nacional Tambopata, sus alrededores se han vuelto una zona frágil y muy expuesta. Allí, cerca del agua y del borde del área protegida, el monitoreo detectó cinco sectores con actividad minera: Isla Córdoba, A4, A3, Isla Correntada y Apaylom.

En febrero de este año, el informe identificó en estos sectores 67 campamentos y 183 infraestructuras mineras. No son ingresos aislados ni ocasionales. Hay una ocupación organizada, con capacidad para instalarse, operar y seguir avanzando dentro de la reserva. A partir de esa evidencia, se estima que alrededor de 1000 personas estarían vinculadas a la minería ilegal dentro de Tambopata.

Deforestación por minería en el sector Isla Córdoba en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACCA, Planet

El aumento del precio internacional del oro

La minería ilegal de oro no es un problema nuevo en Madre de Dios. Desde hace décadas, esta actividad viene abriendo caminos, removiendo suelos y dejando extensas zonas deforestadas en el sur de la Amazonía peruana. En Tambopata, la presión llegó a niveles críticos a mediados de la década de 2010, cuando las invasiones mineras avanzaron dentro de la reserva y también en su zona de amortiguamiento. Esa crisis fue una de las razones que llevó al Estado a desplegar el Operativo Mercurio en 2019 y, dos años después, el Plan Restauración en 2021.

Ambas intervenciones lograron frenar parte del avance. Según el informe, el Operativo Mercurio generó una reducción importante de la deforestación minera en 2019, sobre todo si se compara con 2016 y 2017, años en los que se registraron mayores invasiones. Luego, el Plan Restauración también estuvo asociado a una nueva disminución en 2021, después de un 2020 difícil, marcado por la pandemia del COVID-19 y por la reducción de operativos y patrullajes en zonas clave de la reserva.

Pero esa reducción no se mantuvo. El gráfico anual del informe muestra que 2025 volvió a encender las alertas. Ese año, la deforestación por minería dentro de la Reserva Nacional Tambopata superó las 400 hectáreas, una cifra mayor a la registrada en los años críticos de 2016 y 2017.

Una de las razones que ayuda a explicar este nuevo avance es el precio internacional del oro. Cuando el oro sube, también aumenta la ganancia esperada por quienes lo extraen y comercializan de manera ilegal. Eso vuelve más atractivo ingresar a nuevas zonas, abrir pozas, mover maquinaria y levantar campamentos, y no solo en Madre de Dios, también en otras regiones como Huánuco y Loreto.

De las 500 hectáreas deforestadas identificadas por el informe, 431 se perdieron durante el segundo semestre de 2025 y otras 69 en los primeros meses de 2026, hasta febrero. Es decir, la mayor parte de la expansión ocurrió en menos de un año. Estamos hablando de un rebrote acelerado que logró avanzar incluso después de operativos e intervenciones estatales.

Sectores más críticos se encuentran cerca de puestos de vigilancia y control

Uno de los puntos más golpeados es Isla Córdoba, ubicada al noroeste de la Reserva Nacional Tambopata y cerca del puesto de vigilancia y control Otorongo. Entre enero de 2025 y enero de 2026, este sector perdió 106 hectáreas de bosque por el avance de la actividad minera. Lo más preocupante es la velocidad del daño, ya que el 80 % de esa deforestación ocurrió entre julio y diciembre de 2025. Sí, en solo seis meses.

El informe señala que allí ya se había registrado actividad minera entre 2017 y 2018. Luego, durante el Operativo Mercurio, las zonas mineras de este sector fueron intervenidas y el avance ilegal se redujo. Sin embargo, el nuevo monitoreo muestra que la actividad logró recomponerse. Para febrero de 2026, se identificaron 53 tracas y 20 campamentos mineros.

Infraestructuras mineras en el sector A4 en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACCA, Planet

El sector A4 muestra un patrón parecido. También se ubica al noroeste de la reserva y registró 101 hectáreas deforestadas entre febrero de 2025 y febrero de 2026. De ese total, 83 hectáreas se perdieron entre julio y diciembre de 2025, lo que equivale al 82 % del daño registrado en la zona. Además, fue el sector con mayor cantidad de infraestructura detectada entre los casos analizados: 68 infraestructuras mineras y 33 campamentos en febrero de 2026.

En el sector A7, ubicado al norte de la reserva y a lo largo del río Malinowski, la pérdida fue menor en extensión, pero igual de preocupante por su rapidez. Allí se identificaron 25 hectáreas deforestadas entre febrero de 2025 y febrero de 2026. La minería empezó durante el segundo semestre de 2025 con una poza cercana al río y luego se fue expandiendo. Solo en los primeros meses de 2026 se sumaron 17 hectáreas, equivalentes al 68 % de toda la deforestación registrada en este sector. Esta zona se encuentra cerca del puesto de vigilancia y control Azul.

El cuarto caso es Isla Correntada, ubicada al noreste de la reserva y cerca del puesto de vigilancia y control Yarinal. Allí se registraron 111 hectáreas deforestadas por minería entre enero de 2025 y enero de 2026. La mayor parte del daño también ocurrió en la segunda mitad del año: entre julio y diciembre de 2025 se perdieron 85 hectáreas, equivalentes al 76 % del total. En este sector, el informe identificó además 11 infraestructuras mineras y tres campamentos cerca del río Malinowski.

El dato más grave es que varios de estos sectores se encuentran cerca de puestos de vigilancia y control. Es decir, la presión minera no está ocurriendo en lugares completamente alejados de la presencia estatal, sino alrededor de zonas donde debería existir mayor capacidad para prevenir el ingreso y detener la expansión.

Un Estado que interviene, pero no logra sostener el control

Frente al avance de la minería ilegal, el Estado respondió con operativos entre enero y marzo de 2026. Las intervenciones se realizaron en coordinación con instituciones policiales y militares, e incluyeron acciones terrestres y fluviales dentro de la Reserva Nacional Tambopata. En el despliegue participaron el Sernanp, la Policía Nacional del Perú, Dicapi y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, con el objetivo de retirar maquinaria, destruir equipos y desactivar campamentos usados para la extracción ilegal de oro.

Durante estos operativos se incautaron o destruyeron 23 balsas carrancheras, 175 balsas tipo traca, 142 tracas, 81 tolvas, 183 motores, 23 motobombas, 119 bombas de succión, 108 caballetes, 33 generadores eléctricos y tres sistemas fotovoltaicos. También se intervinieron 14 032 galones de diésel, 1130 metros de tubería de PVC, 340 campamentos, 26 motosierras, 68 tricargueros, 165 motocicletas, 11 motores fuera de borda, 40 motores tipo peque peque, 34 botes y 29 balsas.

Es una lista larga, pero ayuda a entender el tamaño del problema. Detrás de cada motor, cada traca y cada campamento había una operación instalada en el bosque. Estructuras con combustible, transporte, maquinaria, zonas de trabajo y campamentos para sostener la extracción. Sin embargo, pese al volumen de bienes intervenidos, el monitoreo satelital mostró que estas acciones no lograron frenar la expansión minera dentro de la reserva.

Intervenir no es lo mismo que permanecer: Falta de recursos y ampliaciones del REINFO

Un operativo puede destruir equipos, retirar maquinaria o desactivar campamentos en un momento determinado. Pero si después no hay presencia constante, las redes ilegales pueden volver a organizarse, mover nuevos equipos, abrir otras pozas o regresar a zonas ya intervenidas. En Tambopata, el problema no se mide solo por cuántas máquinas se destruyen, sino por la capacidad real del Estado para impedir que la minería ilegal vuelva a instalarse.

Deforestación por minería en el sector A7 en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACCA, Planet

Una de las principales limitaciones fue la falta de recursos para sostener esa presencia en el territorio. El informe señala que los grupos especiales de la Marina de Guerra del Perú que mantenían vigilancia permanente en los puestos de control a lo largo del río Malinowski fueron replegados durante 2025 por falta de financiamiento. Ese retiro dejó más expuesto uno de los corredores de ingreso más activos hacia el interior de la reserva.

En la práctica, la vigilancia dejó de ser preventiva y pasó a depender de respuestas posteriores al avance minero. Es decir, en lugar de impedir que los operadores ilegales ingresen, el Estado termina actuando cuando la maquinaria ya está instalada, las pozas ya fueron abiertas y el bosque ya fue removido. Por eso, el informe subraya:

“El resultado de estas limitaciones es una brecha estructural entre la respuesta operativa del Estado y la escala del problema”.

Esa brecha ayuda a explicar una contradicción difícil de ignorar. Tambopata puede estar bajo estado de emergencia, recibir operativos y contar con normas más duras contra la minería ilegal, pero la actividad continúa expandiéndose dentro de sus límites. La respuesta estatal golpea la maquinaria, pero no siempre alcanza a desarticular las condiciones que permiten que la minería vuelva.

A esa limitación operativa se suma una contradicción normativa. En enero de 2026, el Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo N.º 1695, que endurece las sanciones contra la minería ilegal e incorpora esta actividad dentro del ámbito de la Ley contra el Crimen Organizado. Sin embargo, en paralelo, el informe identifica retrocesos legislativos que debilitan la prevención, la fiscalización y la sanción. El caso más relevante es la quinta ampliación del REINFO, que prorrogó el proceso de formalización minera hasta fines de 2026.

Tambopata entre operativos, leyes débiles y avance minero

El efecto es contradictorio. Por un lado, se anuncian penas más duras para quienes operan de manera ilegal. Por otro, se mantiene abierto un mecanismo de formalización que fue concebido originalmente como transitorio, pero ha sido ampliado varias veces.

El escenario se vuelve más delicado en el contexto político-electoral que estamos viviendo. Inestabilidad y debilitamiento de políticas ambientales, mientras continúan las amenazas contra defensores ambientales. En ese marco, recordamos el asesinato de Hipólito Quispe Huamán, defensor ambiental de la Reserva Nacional Tambopata, ocurrido el 26 de julio de 2025.

Hipólito Quispe Huamán fue asesinado el sábado 26 de julio en el kilómetro 285 de la carretera Interoceánica.

Tambopata no enfrenta solo un problema de deforestación. Lo que ocurre en la reserva muestra una disputa más profunda por el control del territorio. Por un lado, un área natural protegida que necesita vigilancia permanente para sostenerse. Por otro lado, una economía ilegal altamente rentable, capaz de reorganizarse incluso después de operativos, estados de emergencia y anuncios de sanciones más severas.

¿Cuánto puede resistir un área protegida cuando la respuesta del Estado llega por momentos, pero la minería ilegal avanza todos los días? Hoy Tambopata está rodeada de una vigilancia debilitada, el alto precio del oro y normas contradictorias. En ese vacío, las redes ilegales encuentran espacio para volver, abrir nuevas pozas y ocupar zonas que ya habían sido intervenidas. Cada hectárea perdida dentro de la reserva muestra que el problema sigue creciendo y que el costo lo paga directamente el bosque y quienes de él dependen. 
 

*Accede al informe de MAAP aquí.

Lea la nota original aquí o visita el medio Inforegión | Agencia de Prensa Ambiental