Algunas soluciones al problema rural
Moisés Panduro Coral
Progresivamente la población rural ha ido reduciéndose en la amazonía peruana para dar paso a la población urbana. En menos de tres décadas, los territorios amazónicos como Loreto, Ucayali y San Martín, principalmente, han pasado de tener una población rural superior al 60% para llegar hoy a apenas 30%. Cuando uno trata de definir la ruralidad encuentra que no existe una definición satisfactoria pues hasta el concepto de que es rural y qué no es parece arbitrario. Para el vocabulario censal peruano, un centro poblado rural es un centro poblado que tiene menos de cien viviendas agrupadas contiguamente, lo que es cuestionable porque puede haber centros poblados que tienen más de 100 viviendas, pero carecen de servicios públicos elementales como agua y saneamiento y electrificación que en mi opinión deberían ser indicadores que ayuden a reducir la simpleza del número de viviendas como determinante para establecer la frontera entre lo urbano y lo rural.
Este cuestionamiento deriva necesariamente en la relatividad de los procedimientos metodológicos, en las conclusiones y en las recomendaciones de la sociología rural y la economía rural. Y también en nuestra perspectiva de la pobreza rural, de cómo lo enfocamos y de cómo lo afrontamos. Hay muchos políticos que creen que la pobreza rural es un problema única y exclusivamente de carácter social. Yo creo más bien que la pobreza, y especialmente, la rural, es un problema social y económico- productivo. La pobreza rural no se soluciona sólo llevando programas sociales. Éstos tienen su lugar en las políticas de reducción de la pobreza, pero no lo son todo. En el mediano y largo plazo, la pobreza es un problema de exclusión de las poblaciones rurales de la estructura productiva de la región. En esta visión, un ciudadano es pobre porque su papel en la economía es de consumidor, preeminentemente, y no de productor.
Teniendo en cuenta esta relatividad, y sumando el hecho de que en la amazonía peruana, las poblaciones rurales están agrupadas en comunidades indígenas y comunidades ribereñas, es que he planteado algunas propuestas para impulsar la inclusión del ciudadano en la estructura productiva del país. La primera es la creación del Banco Regional de Fomento como un ente técnico y financiero conducido por un Directorio en el que estén representadas las comunidades indígenas y ribereñas, además de la Dirección Regional de Agricultura y el INIA, bajo la presidencia de un miembro designado por el Gobierno Regional de Loreto, y teniendo como capital el 12% del canon petrolero además de otras fuentes de financiamiento que puedan captarse. La finalidad de este Banco es el de propulsar el emprendimiento productivo con valor agregado completando el circuito competitivo integrado por créditos blandos, desarrollo de capacidades y acompañamiento técnico, sistema de transporte, infraestructura de comercialización y posicionamiento en los mercados.
Igualmente, he planteado la creación de un Fondo Indígena y Ribereño para la Educación y la Salud (FIRES), el mismo que se sustenta en la responsabilidad social que tienen las empresas dedicadas a la industria extractiva, fundamentalmente minería y petróleo, para lo cual será necesario que el Estado negocie el otorgamiento de regalías en la explotación de estos recursos. Este Fondo debe financiar actividades y proyectos vinculados a desarrollo de capacidades, educación intercultural, becas para la formación productiva de estudiantes indígenas y ribereños, revaloración de la cultura ancestral, medicina preventiva con aplicación de los conocimientos tradicionales, entre otros, que se pueden ir priorizando.
Por otro lado, es indispensable canalizar ingresos monetarios hacia la población. La posibilidad está dada con el Decreto de Urgencia Nº 079 por el cual se establece que se debe destinar un 10% del canon petrolero para financiar proyectos y obras en las comunidades indígenas en cuya jurisdicción se explote petróleo, bajo la modalidad de núcleos ejecutores, que generarán oportunidades de trabajo, permitirán ejecutar pequeñas obras de infraestructura y, paralelamente, seguir potenciando habilidades y destrezas.
Finalmente, y aún cuando no es parte de la gestión pública, se debe propender a que los organismos no gubernamentales que reciben fondos de la cooperación internacional publiquen los resultados concretos que se obtienen de sus intervenciones en términos de mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones, ya que se estima que una gran parte de esos fondos se quedan en el camino en consultorías y no llegan realmente al beneficiario que se supone es el poblador indígena o rural.
