Quellaveco no es ejemplo

Hace unos días el presidente y dirigentes sociales de la región Moquegua anunciaron con bombos y platillos la satisfacción en el diálogo para iniciar el proyecto minero cuprífero Quellaveco. Un proyecto que dejaría más de 2500 millones de soles en total, y en donde la empresa Anglo American desembolsará por lo menos 1000 millones para lo que ahora se denomina la licencia social.

Todos resaltaron este acuerdo en primera instancia. Lo que se fue desenvainando en los días posteriores es que un grupo significativo de gremios de agricultores de la misma región iniciaron su voz de protesta por haberlos pasado por encima de sus acuerdos y conocimiento sobre la aprobación de este proyecto.

Incluso el gobierno central puso como ejemplo de negociación en Moquegua (duro más de 14 meses y se le calificó como la nueva minería en el país) a ser replicado en el caso Conga en Cajamarca. Más allá, no fueron pocas las fuentes palaciegas que anunciaban al presidente regional de Moquegua Martín Vizcarra de ser el próximo primer ministro, pero esta habría declinado pues, no era ingenuo, decidió acabar con su gestión en Moquegua y no ser un fusible inmediato en el premierato.

Pero como suele suceder cuando no se toman en cuenta la realidad total y compleja que implica los proyectos mineros actuales, una serie de actores sociales y localidades empezaron a anunciar paralizaciones sobre lo que para ellos consideran los afectará de manera irreversible.

Para que el proyecto Quellaveco funcione se requiere el apresamiento de una serie de ríos que se originan en la región Moquegua pero que en su tránsito natural alimentan otras cuencas agrícolas en otras regiones, como es el caso del valle del Tambo que nace del río que lleva el mismo nombre y  que componen una serie de distritos y localidades del zona sur – oeste de la región Arequipa.

Estas poblaciones, que sumadas se equiparan en número con casi la totalidad de la región Moquegua, se rehúsan al proyecto y han anunciado que lo frustrarán en las próximas semanas mediante paralizaciones, bloqueos y huelgas que dejarán al descubierto un nuevo conflicto social  para el gobierno que no ha atinado más que enviar a funcionarios de Conflictos Sociales de la PCM, como un distractivo más que una solución.

Y es que ahora los proyectos mineros no son mera exclusividad de donde se extrae el mineral. Nunca lo fueron, es sólo que antes no había los mecanismos que impone la ley  ambiental ahora y los activistas sociales no habían comprendido los réditos políticos que la protesta social, sobre estos proyectos, les atribuía.

Así, de hacerse realidad lo que han anunciado los gremios agrícolas en la propia Moquegua sumados a los del valle del Tambo, la supuesta ejemplar maniobra de diálogo y concertación entre la minera y los actores sociales se caerá sin remedio. Incluso el propio presidente regional tendrá que poner las barbas en remojo si quiere seguir adelante con este compromiso ya asumido, peor aún, en las condiciones políticas en las que se encuentra el gobierno con el tema Conga y el cambio ministerial.

 

De esta coyuntura y de otras a nivel nacional, parece urgente que el nuevo gabinete no sólo sea más político como se ha pedido desde diferentes tiendas y líderes nacionales, sino su sesgo vuelva a parecerse a los inicios del primer gabinete que conformó el gobierno y que mejor que un provinciano ocupe este cargo (pero esta no parece la decisión del gobierno que ya tendría su candidato), pues de lo contrario no sólo Conga continuará desgastando su activo político del presidente sino que continuará violento y peor aún otras regiones entenderán que el mensaje que se les manda es el de imposición ante los proyectos mineros.

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