ESCRIBE: Jaime A. Vásquez Valcárcel
Lo que se vive y padece en Pataz y Puinahua tiene similitudes a pesar que son realidades separadas no sólo por miles de kilómetros sino por la equivocación en el rol del Estado, la participación de la empresa privada y la vigencia de colectivos que representan a la sociedad civil. Lo de Pataz parece incontrolable y se explica en la declaratoria de emergencia para el ingreso de las Fuerzas Armadas mientras que lo de Puinahua encuentra explicación en una falta de planificación para emprender proyectos de desarrollo. En ambos casos gana la informalidad, la protesta irracional y la crisis de representación. En Pataz se comete el error de siempre por acción. En Puinahua se comete el error de toda la vida por omisión. Error siempre.
El gobierno de Dina Boluarte ha decidido declarar en emergencia la provincia de Pataz por la presencia incontrolada de “organizaciones criminales extranjeras vinculadas a la minería ilegal”. Las Fuerzas Armadas se encargarán de las responsabilidades que antes estaba en manos de la Policía Nacional. Pataz está en emergencia hace varios años. Es una zona donde el crimen organizado ha tomado el control y será muy difícil que sólo con represión los militares lo recuperen. Que desde las cero hasta las cuatro horas se suspenda el comercio y tránsito de personas soluciona la criminalidad parcialmente. Lo que se quiere es soluciones integrales de los que carece el gobierno de Dina. Más de 800 mil personas se dedican a la minería ilegal directa o indirectamente. El gobierno, que no es capaz de poner orden ni siquiera en la informalidad limeña, se equivoca al plantear una solución militar, únicamente. Salud, Educación y Producción tienen que poner los ojos en esa provincia. De lo contrario se repetirán asesinatos colectivos como los del año pasado y que puso en alerta, recién, al sector “pensante” del país. Desde esa arremetida el Estado ha sido incapaz de plantear una solución integral. Darle el control a los militares podría agravar la situación ya que serán los altos mandos que en el futuro sean parte del problema y no la solución, como ya sucede en el VRAEM.
El gobierno de Dina Boluarte ni siquiera mira al distrito de Puinahua, del que se extrae la mayor riqueza. Del fideicomiso indígena le correspondió a Puinahua 7 millones 46 mil soles el 2023 que serán usados en la construcción del colegio de Primaria. Del Fondo Social que genera la empresa PETROTAL al entregar al 2.5% de la producción fiscalizada aún no se sabe qué monto se utilizará este año a través del Comité de Administración. Mientras que la proyección del canon petrolero con la nueva distribución es de 30 millones de soles este año. Sin contar con la inversión directa a través de los ministerios y del propio GOREL. Por ejemplo, en los últimos días de la gestión de Elisban Ochoa y los primeros meses de la actual, se construyó un polideportivo que se hizo con demora y que hasta el momento no se pone en uso de la gente, a pesar de haber destinado 4 millones 920 mil soles. Los montos no es el problema. Sino la priorización del gasto para que la población acceda a los servicios básicos. Una tremenda contradicción y contrariedad va ser que el propósito principal para la transferencia de fondos haya sido lograr la paz social y que sea esa “lluvia de millones” la que provoque conflictos, como ya se ha visto. Se tendrá que seguir otorgando “bonos extraordinarios” a los pobladores y paralelo a eso que se planifique el desarrollo. Construcción de colegios y postas médicas, sí. Luego de una evaluación de la infraestructura y de las brechas sociales. Definir una alianza pública/privada que no haga las veces de bomberos. Hace unas semanas se inició una campaña de lucha contra la anemia, embarazos en adolescentes y atención primaria en salud. De igual forma el año pasado y los primeros meses del 2024 se ha incidido en mejorar la comprensión de textos y elevar el nivel educativo. Las cifras negativas en servicios básicos no puede continuar en una jurisdicción donde hay dinero.
Mientras que en Pataz la discusión es cómo se combate la minería ilegal y se frena las acciones del crimen organizado en Puinahua, con su capital Bretaña y sus 19 comunidades, la discusión/enfrentamiento es cómo, quiénes y en qué se gasta los millones que la actividad petrolera hace posible. Tremenda diferencia que puede convertirse en terrible origen de conflictos sociales. Si nos sorprendemos por el alto grado de criminalidad en Pataz y se cree que enviando tropas se evitará la delincuencia desde la minería ilegal no pensemos que entregando dinero ya se logrará el cierre de brechas en Puinahua. Si a Pataz se ha enviado militares es oportuno que a Puinahua se envíe planificadores y ejecutores que aseguren el buen uso de los fondos en obras, luego de buenas decisiones para la ejecución de trabajos. De los 157 millones que recibió Loreto por canon petrolero el 2023 poco o nada ha llegado a Puinahua. Este 2024 la distribución será distinta y cerca de 40 millones irá al distrito y ojalá no se haga con ese dinero lo que antaño se hizo en la región: despilfarrar. Una forma de hacerlo es entregando la administración de los fondos a gente que cree que ese dinero le pertenece porque “lucharon” para conseguirlo sin pensar que es un bien colectivo.
Una grave equivocación, por las consecuencias, es creer que la empresa privada sustituye o debería sustituir al Estado. Sucede en Puinahua y, también en Pataz. Una cosa es la alianza estratégica pública/privada para combatir problemas sociales, como se ha hecho en la campaña contra la anemia en las comunidades, y otra es dirigir políticas públicas para reducir el déficit en infraestructura e índices educativos, de salud y comunicación. Es sintomático que en Puinahua se realicen marchas de protesta exigiendo servicios básicos y recreativos que terminan en las puertas de la empresa privada y se obvie el rol que deben cumplir organismos estatales. La ausencia del Estado no será llenada nunca por la empresa privada. Ya hace mucho, aunque en poblaciones tan abandonadas nada es mucho, la actividad privada pagando impuestos, apoyando iniciativas comunales, entregando en dinero parte de la producción fiscalizada, para además comprometerse directamente en la reducción de déficit en salud, educación, transporte y comunicaciones.
Tanto en Puinahua como en Pataz se nota la confusión del rol del Estado, de la empresa y la sociedad. Se construye un polideportivo que no es prioridad, se reclama a los empresarios aportes para líneas de desarrollo y se forman colectivos que terminan divididos. Así, cada barrio terminará con su propia “plataforma” que en el fondo es pedir que se convierta en dinero entregado lo que debería usarse para proyectos colectivos.
