* Marco celis emitió un pronunciamiento surge tras el rechazo de comunidades de Urarinas a sus apus, a quienes acusan de priorizar intereses personales.
Marco Celis cuestionó el rol de algunos dirigentes indígenas luego de que comunidades del río Chambira, en Urarinas, anunciaran su ruptura con sus representantes. A través de una publicación en redes sociales, señaló que “los dirigentes nunca jamás son el pueblo” y sostuvo que las dirigencias siempre responden a intereses particulares, aunque en algunos casos coincidan con los de las comunidades.
Asimismo, criticó la relación entre el Estado y las dirigencias comunales, indicando que muchas veces se sostiene mediante prácticas clientelistas. Según afirmó, medidas como mesas técnicas, viajes y ofrecimientos terminan reemplazando soluciones concretas frente a las demandas de salud, educación e infraestructura planteadas por las comunidades indígenas.
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Con gran participación y entusiasmo, se desarrolló la feria organizada por la Red de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Loreto, espacio que permitió a las socias participantes exhibir, promocionar y comercializar sus productos, fortaleciendo así sus emprendimientos y generando mayores oportunidades de desarrollo económico para sus familias.
El Gobierno Regional de Loreto viene promoviendo este tipo de iniciativas que contribuyen al fortalecimiento del emprendimiento femenino, impulsando la participación activa de las mujeres en espacios comerciales y fomentando la reactivación económica local.
Estas acciones reflejan el compromiso de seguir creando oportunidades para las emprendedoras loretanas, quienes con esfuerzo, creatividad y dedicación aportan al crecimiento económico y social de la región Loreto.
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) publicó la “Guía de actuación frente a reportes de fauna silvestre marino-costera en playas”, un documento técnico que establece procedimientos para atender casos de animales varados o hallados en condiciones inusuales en el litoral peruano.
La herramienta está dirigida a las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre (ARFFS) y busca estandarizar la respuesta frente a estos reportes. Su aplicación permitirá mejorar el manejo de especies marino-costeras, reducir riesgos sanitarios y fortalecer la coordinación entre instituciones.
Cien casos atendidos durante 2025
Durante 2025, el Serfor atendió 100 casos de hallazgos de especies marinas en playas del país. Entre los animales reportados figuran principalmente lobos marinos, pelícanos, pingüinos y tortugas.
Los reportes se concentraron sobre todo en Lima, Piura y Tumbes. Según la información oficial, estos casos están vinculados a factores como la actividad humana, eventos climáticos y enfermedades como la influenza aviar, que pueden afectar a diversas especies de fauna silvestre marino-costera.
Durante 2025, el Serfor atendió 100 casos de hallazgos de especies marinas en playas del país. (Foto: Serfor)
Este escenario evidenció la necesidad de contar con lineamientos claros para actuar ante hallazgos en playas. La guía busca ordenar los procedimientos de atención, manejo y reporte, desde el primer aviso ciudadano hasta la intervención de las autoridades competentes.
Qué establece la nueva guía
El documento precisa las competencias y protocolos que deben seguir las entidades involucradas. Entre ellas se encuentran las ARFFS, responsables de la atención veterinaria según el caso y la especie, así como las municipalidades, encargadas de la disposición final cuando corresponda.
La guía también contempla el correcto reporte por parte de la ciudadanía a través de Alerta SERFOR. Las personas que encuentren fauna silvestre varada o en condiciones inusuales en playas pueden enviar un mensaje de WhatsApp al número 947 588 269.
“Esta guía promueve la participación informada de autoridades locales y la ciudadanía a través de la conformación de brigadas locales, priorizando el bienestar animal y la salud pública, además permite ordenar la respuesta y reducir riesgos sanitarios”, señaló Lady Amaro, especialista en fauna silvestre marino costera del Serfor.
Participación ciudadana y salud pública
Uno de los puntos centrales del documento es la articulación con autoridades locales y ciudadanía. La conformación de brigadas locales permitirá una respuesta más organizada frente a reportes de fauna silvestre marino-costera en playas.
El Serfor indicó que esta iniciativa forma parte de su compromiso con la conservación del patrimonio de fauna silvestre del país. La entidad remarcó que la guía se enmarca en la normativa nacional y en la protección de la salud pública.
La guía completa está disponible en la web del Serfor. El documento permite conocer cómo actuar ante el hallazgo de fauna silvestre en playas y qué pasos deben seguirse para reportar estos casos de manera adecuada.
La presunta organización criminal ‘Los Financistas del Mal’, liderada por Jhon Edgar Cuyutupa Moscoso, alias ‘Jhon Pichari’, no solo habría operado mediante amenazas y préstamos ficticios, sino que además contaría con una estructura logística y tecnológica más amplia de lo que inicialmente se conocía.
Nuevos detalles de la intervención policial ejecutada el último miércoles revelan que agentes de Crimen Organizado de Huancayo incautaron S/177 mil en efectivo, 10 motocicletas, 18 teléfonos celulares, 30 CPU (la mayoría pertenecientes a la supuesta financiera), 15 tarjetas bancarias, cinco memorias USB, una tablet y 23 vouchers durante allanamientos simultáneos realizados en Huancayo, El Tambo, Chilca, San Jerónimo de Tunán y Chupaca.
Además, en la vivienda de ‘Jhon Pichari’, las autoridades hallaron cinco cartuchos y dos granadas lacrimógenas, elementos que ahora forman parte de la investigación fiscal por los presuntos delitos de extorsión agravada y organización criminal.
Duro golpe. El jefe de la Región Policial Junín, general PNP César Calero, participó en la presentación de lo incautado a la presunta red criminal de ‘Jhon Pichari’.
Cobros ‘legales’ bajo amenazas
Según la tesis fiscal, la organización utilizaba la supuesta financiera ‘Corporación Avanzando SRL’ como fachada para encubrir cobros extorsivos y presentarlos como préstamos formales. Sin embargo, las víctimas no habrían solicitado dichos créditos, sino que eran obligadas a aceptarlos bajo amenazas.
La investigación sostiene que las víctimas primero eran intimidadas y luego forzadas a firmar documentos o recibir tarjetas vinculadas a la financiera. Posteriormente, se les exigían pagos mensuales que oscilaban entre S/2 mil y S/4 mil, bajo amenazas dirigidas contra ellas y sus familiares.
Uno de los casos que desencadenó la investigación fue la denuncia de un odontólogo de El Tambo, cuya identidad permanece en reserva. El profesional reportó ataques contra el vehículo de su hijo y mensajes intimidatorios enviados vía WhatsApp. Incluso, de acuerdo con las investigaciones, ‘Jhon Pichari’ habría acudido personalmente a su local para amenazarlo.
Los detenidos
Durante el operativo fueron detenidos por disposición del juzgado:
Jhon Edgar Cuyutupa Moscoso (‘Jhon Pichari’)
Alexander Pariona Medina (‘El Rápido’)
Paulo César Zacarias Villanes (‘Paulo’)
Noris Alcida Pérez Torres (‘Noris’)
Jackeline Mariana Adriano Veliz (‘Mariana’)
Adriana Sofía Zacarias Villanes (‘Adriana’)
Antoni Cuinton Vilcapoma Porta (‘Antoni’)
Asimismo, Geoveth Taipe Astucuri, quien sería pareja de ‘Jhon Pichari’, habría conducido a la Policía hasta la vivienda del presunto cabecilla. En su poder se hallaron municiones y granadas lacrimógenas.
La Policía sostiene que ‘Jhon Pichari’ coordinaba las actividades de la presunta organización criminal y que fue intervenido en Lima cuando retornaba de España.
Cinco inmuebles allanados
Las diligencias fiscales incluyeron el allanamiento de cinco inmuebles de los investigados y cinco locales de la microfinanciera presuntamente vinculados a la organización:
Jr. Trujillo 243 – El Tambo
Jr. Calixto 309 – Huancayo
Calle Real 647 – Chilca
Carretera Central 673, 675 y 677 – San Jerónimo de Tunán
Jr. Bruno Terreros 441 – Chupaca
Las autoridades investigan ahora si la presunta red habría captado a más víctimas mediante el mismo esquema de préstamos ficticios y cobros coercitivos.
El avance del sarampión en el sur del país ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias. La Gerencia Regional de Salud (Geresa) del Cusco solicitó al Gobierno central declarar en emergencia sanitaria la macrorregión sur ante el riesgo de propagación de la enfermedad, luego del brote activo registrado en la región Puno.
Según el reporte epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa), el Perú acumula 153 casos de sarampión. De ese total, 148 contagios fueron confirmados en Puno hasta el 6 de mayo, convirtiéndose en la región con mayor incidencia del país. Juliaca concentra 81 casos, seguida por San Pedro de Putina Punco con 28 y San Miguel con 23.
El director de Inteligencia Sanitaria de la Geresa Cusco, Alex Jaramillo, advirtió que el virus podría estar circulando ya en la región cusqueña y que la confirmación oficial de nuevos casos sería cuestión de horas o días. En Cusco se notificaron 34 casos sospechosos, de los cuales 20 permanecen en evaluación por parte del Instituto Nacional de Salud (INS).
Las autoridades sanitarias informaron que, pese a la espera de resultados, se activaron cercos epidemiológicos, seguimiento de contactos y bloqueo vacunal en las zonas involucradas para contener una eventual expansión del virus. Además, señalaron que el riesgo aumenta debido a la alta movilidad entre regiones y la cercanía con zonas afectadas.
El escenario también refleja brechas en inmunización. En 2025, Cusco alcanzó una cobertura de vacunación de 87,5 %, cifra menor al 95 % recomendado para evitar la propagación del sarampión. De acuerdo con estimaciones regionales, cerca de 49 mil niños menores de 11 años no cuentan con una o ambas dosis de la vacuna.
A ello se suman factores estacionales y sociales que podrían incrementar los contagios. El descenso de temperaturas favorece las infecciones respiratorias y las actividades programadas por el mes jubilar del Cusco, en junio, generarán aglomeraciones y una mayor llegada de visitantes nacionales y extranjeros.
La Dirección Regional de Salud de Puno indicó además que hasta el 3 de mayo se procesaron 418 muestras relacionadas con la enfermedad: 130 fueron descartadas y 141 continúan en evaluación. Aunque no se reportan fallecidos hasta el momento, las autoridades mantienen la alerta por la expansión del virus entre personas no vacunadas.
Frente a este panorama, las autoridades de salud reiteraron el llamado a la población para revisar el esquema de vacunación de los menores y acudir a los establecimientos de salud, recordando que la inmunización continúa siendo la principal medida de prevención frente al sarampión.
La Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Puno vuelve a estar en el centro de la polémica. A pesar de los intentos del actual gerente, Elard Castillo Terrazas, por deslindar responsabilidades en el denominado caso “Mandachitos”, nueva documentación revelaría que las presuntas irregularidades en el registro de papeletas y liberación de vehículos continuaron durante su gestión.
Castillo asumió el cargo el 5 de agosto de 2025, tras la salida de Danny Guerra, y permanece hasta la actualidad al frente de una de las áreas más cuestionadas del municipio puneño.
Omisión de más de 2 mil papeletas en registros oficiales
De acuerdo con los reportes revisados, la Gerencia de Transportes habría incumplido la obligación de registrar diariamente las sanciones impuestas a conductores infractores en el Registro Nacional de Sanciones.
Solo entre agosto y noviembre de 2025 se detectaron graves omisiones: 134 papeletas no fueron registradas en agosto, 1,131 en septiembre, 651 en octubre y otras 279 en noviembre. La situación replicaría el mismo patrón detectado durante la gestión anterior, cuando el caso “Mandachitos” salió a la luz por presuntas liberaciones irregulares de vehículos y manipulación de sanciones.
La intervención policial y fiscal a la gerencia evidenció además que varios procedimientos administrativos continuaban presentando serias deficiencias.
Boletas con datos incompletos e ilegibles
Otra de las observaciones detectadas involucra las boletas de internamiento vehicular emitidas en el terminal terrestre. Según la normativa vigente, estos documentos deben contener información detallada del vehículo intervenido, copia del SOAT, identificación de responsables y fecha de salida.
Sin embargo, informes de supervisión realizados entre mayo y noviembre de 2025 concluyeron que muchas boletas consignaban datos incompletos, ilegibles o carecían de información esencial, dificultando el seguimiento de las liberaciones vehiculares.
La Contraloría advirtió incluso que varios documentos “carecen de identificación de los responsables y de la fecha de salida”, situación que comprometería la trazabilidad de los procedimientos administrativos.
Trabajador investigado seguía con acceso al sistema
La documentación también señala que Ferrini Damián Quispe Puño, encargado de registrar las papeletas en el sistema nacional de sanciones, continuó laborando en la entidad aun después de la salida de Danny Guerra y mantenía acceso al sistema hasta mediados de noviembre de 2025.
Este hecho genera cuestionamientos sobre el nivel de control interno dentro de la gerencia y las acciones correctivas adoptadas tras el escándalo que involucró a los denominados “Mandachitos”.
Elard Castillo aseguró haber cambiado al 90 % del personal
Durante las diligencias fiscales, el gerente Elard Castillo Terrazas sostuvo que, tras asumir funciones, dispuso el cambio del 90 % del personal y ordenó revisar 197 expedientes vinculados al caso.
No obstante, la evidencia documentaria demostraría que varias irregularidades persistieron incluso después de los cambios anunciados, lo que pone nuevamente bajo la lupa la gestión administrativa de Transportes en la Municipalidad Provincial de Puno.
Caso “Mandachitos” sigue generando cuestionamientos
El caso “Mandachitos” se encuentra relacionado con presuntas acciones irregulares en el registro de papeletas, manipulación de sanciones y liberaciones indebidas de vehículos, hechos que actualmente son materia de investigación por parte del Ministerio Público.
La continuidad de observaciones administrativas y posibles fallas en el control interno incrementan las dudas sobre el funcionamiento de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial, una oficina clave para garantizar el orden y la seguridad vial en la ciudad de Puno.
Un audio compromete al alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Javier Ponce Roque. Allí, se le escucha “tramar” presuntos direccionamientos y “favores políticos” de llegar al poder.
El audio correspondería al año 2022, en el que Ponce Roque, tras 16 años de campaña y tres postulaciones fallidas, finalmente se sentía seguro de llegar al sillón municipal de Puno.
Un extracto del audio sería clave, quizá para entender las acusaciones que en la actualidad pesan en su contra. El Ministerio Público lo acusa de liderar una presunta organización criminal.
“Hay que sacarnos la mi…da, mira, mira, mira, para ti y para mi es nuestra única oportunidad, gano yo, bien para mí, también para mi familia, para mis hijas, gano yo, tú también ganas, porque conmigo…”, se le escucha decirle a un tal “Darcy”.
Luego señala un escenario futuro “ya Javiercito sabes, hemos llegado a un término, listo, tu traes la empresa y yo voy a decir, sabes que hermano ya, dale eso… 100 mil”, agregaría Ponce.
“¡Párate tú! ¡Párate! tus deudas, tu casita, párate tu… ¿yo qué te voy a dejar?, ya estas nombrado, ya estás en permanente, ¿qué te voy a dejar?”, continúa diciéndole y por esto último podemos deducir que “Darcy” sería un trabajador nombrado de la municipalidad.
“Mira, yo te digo, si por ahí otro candidato ¿te va a dar eso? No te va a dar. ¿Sabes que te va a decir? Ya quiero acá, te va a dar gusto de moverte a otro lado, pero permanecer en tu área, eso noma te va a cumplir, pero no te va a dar lo que yo te estoy diciendo hue…n”, le diría otra vez Ponce.
“Sabes que, ya Darcy toma 100 mil soles… ya (luego) me dices, sabes Javier con esto he hecho mi casita, me he comprado mi terreno, esta es mi chulla mi…da, ya que ch..cha, yo me siento contento, eso noma te puedo dejar Darcy, no te puedo dar otra cosa más”, continúa señalando.
“Listo hermano”, le respondería Darcy.
“Sigamos cumpa”, agregaría Ponce.
“Ya, conversamos con la doctora Hilda, ¿para que día le digo?”, agregaría Darcy.
“Cualquier día, yo voy a estar toda esta semana acá”, señalaría Ponce.
“Ya, entonces le digo a la doctora para conversar en privado… le voy a comentar… jalémonos a esta chica, a la Lucila… también está nombrada”, indicaría Darcy.
“Ah, ya ya”, señalaría Ponce.
“Pero va estar ahí, hablemos con ella, hablemos con la doctora…”, continuaría Darcy.
El Concejo Municipal suspendió hoy por unanimidad al alcalde Alex Curi León tras detectar graves casos de corrupción en la provincia de La Convención, departamento de Cusco. La medida administrativa surge mientras el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú ejecutan diligencias críticas por presunta organización criminal institucional.
Los regidores tomaron esta decisión drástica durante una sesión extraordinaria urgente después de conocerse la orden judicial de detención contra el burgomaestre. El alcalde solicitó vacaciones por un mes completo justo antes de que las autoridades iniciaran el allanamiento de la sede municipal provincial.
Actualmente, la ubicación del burgomaestre Alex Curi León permanece como paradero desconocido para los agentes policiales y los representantes del Ministerio Público. El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios dictó siete días de detención preliminar contra la autoridad.
Las investigaciones fiscales señalan que el suspendido alcalde habría dirigido diversas contrataciones públicas para favorecer ilegalmente a un grupo de proveedores específicos. Esta red de corrupción operaba presuntamente dentro de la municipalidad provincial mediante el direccionamiento de fondos públicos hacia empresas de personas cercanas.
Avances judiciales ante la corrupción en La Convención – Cusco
La policía ejecutó operativos de allanamiento exhaustivos en las oficinas administrativas de la sede municipal buscando evidencias relevantes para el caso fiscal. Tras la suspensión oficial del cargo, el primer regidor Jerónimo Soria Mormontoy asumirá funciones como alcalde interino de la provincia de Cusco.
El teniente alcalde deberá gestionar el despacho municipal mientras las autoridades judiciales esclarecen la compleja situación legal del titular que está prófugo. La fiscalía analiza documentos incautados durante las diligencias realizadas en las oficinas de logística y administración de la entidad estatal de Quillabamba.
La decisión unánime del cuerpo de regidores busca garantizar la transparencia administrativa durante los procesos de investigación que lidera la fiscalía especializada. Los ciudadanos de la región Cusco esperan resultados concretos sobre el presunto manejo irregular de los recursos económicos destinados a obras públicas provinciales.
El Ministerio Público continúa recopilando testimonios y pruebas documentales para fortalecer la acusación contra los implicados en esta presunta red criminal organizada. La situación jurídica de Alex Curi León dependerá estrictamente del avance de las pesquisas y de su disposición ante la justicia peruana.
La Contraloría General identificó que responsables del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) omitieron compromisos clave establecidos en un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Como resultado, se produjo la devolución de S/ 6 millones 147 mil 211 que estaban destinados a abastecer mediante camiones cisterna a sectores vulnerables de la región.
De acuerdo con el Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 013-2026-2-0263-AOP, el 29 de enero de 2025 ambas entidades suscribieron un convenio en el marco del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU). Dicho acuerdo buscaba financiar la entrega gratuita de agua potable a la población más necesitada del área urbana de la región Arequipa.
Posteriormente, se añadió una modificación al convenio original. Esto ocurrió porque las cláusulas cuarta y sexta inicialmente solo mencionaban al distrito de Arequipa. Pero se amplió la cobertura para incluir diversos distritos dentro de la provincia de Arequipa.
El documento de control señala que la gerencia de Operaciones de Sedapar no cumplió los compromisos relacionados con el seguimiento del objeto del convenio. Tampoco presentó el plan de trabajo ni la información técnica-financiera requerida, a pesar de los múltiples llamados de atención del PNSU. Esta situación evidencia una omisión funcional en el cumplimiento de lo pactado.
Devolución millonaria en Arequipa
El 18 de diciembre de 2025, la Gerencia General de la empresa comunicó al PNSU su decisión de devolver el dinero transferido. Luego, el 23 de enero de 2026, un profesional de evaluación de inversiones confirmó la devolución total de S/ 6 147 211. Precisó que el ejercicio fiscal 2025 cerró sin que se ejecutaran físicamente las actividades financiadas.
Pese a que funcionarios de la Gerencia de Operaciones, la jefatura del Departamento de Logística, un auxiliar de servicios y un especialista en contrataciones y compras de Sedapar sabían que los recursos solo podían emplearse durante el año fiscal 2025, no realizaron las gestiones necesarias para distribuir el agua gratuita y optaron por reintegrar el dinero al MVCS.
El informe, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de Sedapar, fue remitido al presidente del directorio de la empresa. Con ello se busca que se adopten acciones dentro de sus competencias para atender el hecho calificado con indicio de irregularidad y, de ser pertinente, deslindar responsabilidades.
Lea la nota original aquí o visita el medio El Búho
Con el objetivo de fortalecer la prevención y el diagnóstico oportuno del cáncer de mama, durante el mes de mayo se vienen desarrollando campañas gratuitas de mamografías en el Hospital Regional de Loreto, dirigidas a mujeres de 40 a 69 años de edad.
Estas jornadas preventivas son impulsadas por el Gobierno Regional de Loreto, a través de la Dirección Regional de Salud, beneficiando a usuarias previamente captadas en las IPRESS Progreso, Túpac Amaru, 6 de Octubre y Vargas Guerra. Las atenciones se realizan los días 6, 8, 13, 15, 20, 22, 26 y 28 de mayo, facilitando además el traslado y retorno de las pacientes para garantizar el acceso oportuno a este importante examen especializado.
A través de estas acciones, se busca promover la detección temprana del cáncer de mama, incentivando la práctica del autoexamen, el examen clínico y la mamografía anual desde los 40 años, medidas fundamentales para identificar la enfermedad a tiempo y mejorar las posibilidades de tratamiento y recuperación.
Tras el cambio de jurisdicción de la Policía Nacional, Poder Judicial y Ministerio Público, ahora la población exige que el servicio eléctrico deje de depender de Electro Oriente.”
En medio de la masiva recolección de firmas que exige el cambio de administración del servicio eléctrico de Electro Oriente S.A. a Electro Ucayali S.A., en Contamana también crece el debate sobre el progresivo alejamiento administrativo de la región Loreto.
Ciudadanos y autoridades locales recuerdan que anteriormente varias instituciones del Estado ya dejaron de depender administrativamente de Loreto, entre ellas la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y el Ministerio Público, fortaleciendo vínculos operativos con la región Ucayali debido a factores geográficos, logísticos y de atención más eficiente.
Ahora, la población considera que el servicio eléctrico debería seguir el mismo camino, debido a los constantes apagones y deficiencias que afectan diariamente a miles de usuarios en la provincia de Ucayali.
“Contamana poco a poco se va de Loreto”, señalan diversos vecinos durante las jornadas de firmas, mientras crece la interrogante entre la ciudadanía: ¿qué otra institución seguirá este proceso de transición administrativa en el futuro?
El pedido impulsado por la población cuenta con el respaldo de autoridades provinciales lideradas por el alcalde Rodolfo Lovo Tello, así como representantes de diversas instituciones públicas y organizaciones civiles, quienes coinciden en la necesidad urgente de mejorar la calidad de los servicios básicos para la provincia.
Una vez más, la discusión sobre permitir o no la pesca industrial en áreas naturales protegidas es parte del debate nacional. Este jueves 7 de mayo, el Pleno del Congreso tiene previsto sesionar desde las 10:00 a. m. y entre los temas priorizados figura el Proyecto de Ley 5666. Esta iniciativa propone incorporar el artículo 27-A a la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas. En términos sencillos, busca establecer de forma expresa y con rango de ley la prohibición de la pesca industrial en todas las áreas naturales protegidas marinas y marino-costeras del país.
La importancia de este proyecto se entiende mejor a partir del caso de la Reserva Nacional de Paracas Recordemos que durante los últimos años, esta área natural protegida estuvo en el centro de una disputa judicial. La Sociedad Nacional de Pesquería, principal gremio de la pesca industrial, buscó abrir la puerta al ingreso de esta actividad a gran escala en las áreas marinas protegidas del país. Para ello, intentó dejar sin efecto una directiva del Sernanp que reafirmaba la prohibición de la pesca industrial en estos espacios de conservación.
Paracas, el caso que encendió la alerta y por qué importa el PL 5666
No obstante, a inicios de este año, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema confirmó la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda de Acción Popular presentada por la Sociedad Nacional de Pesquería contra el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). El gremio industrial había apelado la decisión, pero el máximo tribunal ratificó la posición del Sernanp.
Con ello, la Corte Suprema confirmó que la prohibición de pesca industrial en áreas naturales protegidas responde al deber del Estado de conservar estos espacios, proteger su biodiversidad y asegurar que los recursos naturales se mantengan en el tiempo. Sin embargo, el fallo judicial no eliminó todos los riesgos. Ahora, el debate se ha trasladado al Congreso, donde se busca que esta protección quede blindada por ley y se cierren los vacíos normativos que podrían ser usados para cuestionarla, reinterpretarla o debilitarla, incluso bajo argumentos como derechos preexistentes u otras excepciones.
El caso Paracas no es un hecho aislado. Aunque esta reserva fue el escenario principal de la disputa, el problema de fondo era mucho más amplio: los efectos de la demanda podían extenderse a todas las áreas marinas protegidas del país.
Esto resulta especialmente preocupante porque solo la Reserva Nacional de Paracas es un área emblemática para la conservación marina, el turismo, la pesca artesanal y la economía local. Esta área protegida sostiene biodiversidad marina, turismo, pesca artesanal y actividades locales que dependen de ecosistemas saludables. Por ello, permitir el ingreso de la pesca industrial podía afectar recursos hidrobiológicos clave y poner en riesgo a las comunidades que dependen directamente del mar.
(Foto: Inforegión)
Qué cambiaría con el PL 5666
Cabe destacar que el PL 5666 forma parte de un conjunto de iniciativas orientadas a proteger los ecosistemas marinos y la biodiversidad, junto con los PL 6668 y 7157. Según un informe de la congresista Ruth Luque, la importancia de esta propuesta radica en que convierte una prohibición que hoy existe a nivel reglamentario en una disposición con rango de ley.
Aunque la prohibición de pesca industrial en áreas naturales protegidas existe desde hace más de 25 años a nivel reglamentario, ese marco no ha impedido presiones, controversias legales ni intentos de reinterpretar sus alcances. El PL 5666 busca cerrar ese margen de disputa al incorporar la prohibición directamente en la Ley de Áreas Naturales Protegidas.
Es decifr, mientras existan vacíos o zonas grises, las áreas protegidas pueden quedar expuestas a nuevos intentos de ingreso de la pesca industrial. Pero el problema no se limita a la jerarquía de la norma. También está en la capacidad real del Estado para fiscalizar y sancionar a quienes incumplen esa prohibición.
El vacío sancionador que deja expuestas a las reservas
Uno de los puntos más delicados está precisamente en la falta de herramientas efectivas para sancionar. El informe advierte que Produce eliminó de su cuadro de infracciones la tipificación por pescar dentro de áreas prohibidas o reservadas, como las áreas naturales protegidas. En consecuencia, aunque la prohibición siga vigente en el reglamento, no existiría una infracción efectiva que permita castigar su incumplimiento.
Esto genera un escenario preocupante. Según la información recogida en la mesa de trabajo citada en el informe, incluso multas ya impuestas estarían siendo archivadas por la aplicación del principio de retroactividad benigna. El documento menciona el caso de 99 sanciones en 2024 en Paracas, por más de S/12 millones, que estarían siendo archivadas. A ello se suma que el Sernanp no cuenta con competencias sancionadoras directas frente a la pesca industrial.
En otras palabras, el Estado puede reconocer que la pesca industrial está prohibida en estas zonas, pero al mismo tiempo tener dificultades para sancionar a quienes incumplen esa regla. Ese vacío debilita la protección de reservas como Paracas y abre espacio para que embarcaciones nacionales o extranjeras operen en áreas que deberían funcionar como refugios de biodiversidad y zonas de recuperación de recursos marinos.
Lo que está en juego
La discusión del PL 5666 no trata únicamente sobre una norma técnica. Tiene implicancias directas para el futuro de la conservación marina en el Perú. Si se aprueba, la prohibición de pesca industrial en áreas protegidas quedaría reconocida por ley, con mayor fuerza frente a presiones sectoriales, vacíos administrativos o nuevos procesos judiciales. También reforzaría el reciente fallo de la Corte Suprema y daría una señal política sobre la protección de reservas como Paracas y la Dorsal de Nasca.
Si el proyecto no avanza, el riesgo es que la discusión vuelva a abrirse. Reservas marinas podrían seguir expuestas a intentos de ingreso de la pesca industrial, mientras los vacíos sancionadores limitan la capacidad del Estado para actuar. También podría sentarse un precedente riesgoso para futuras áreas naturales protegidas, especialmente si se permite que actividades incompatibles con sus fines ingresen bajo interpretaciones administrativas o excepciones sectoriales.
(Foto: Inforegión)
El impacto económico también es relevante. Áreas como Paracas sostienen turismo, pesca artesanal y actividades locales que dependen de ecosistemas bien conservados. La pesca industrial, por su escala y capacidad de extracción, puede afectar los recursos que sostienen a pescadores artesanales y a las economías vinculadas a estas zonas. Por eso, el debate no enfrenta conservación contra desarrollo; plantea qué tipo de actividades son compatibles con espacios creados para proteger biodiversidad y asegurar recursos a largo plazo.
Este jueves 7 de mayo, el Congreso tendrá la posibilidad de convertir el caso Paracas en un punto de quiebre. La Corte Suprema ya respaldó la prohibición. Ahora, la decisión legislativa puede definir si esa protección queda fortalecida por ley o si las áreas marinas protegidas seguirán dependiendo de reglas vulnerables a presiones, vacíos sancionadores y nuevas disputas.
*La candidata de Fuerza Popular afirmó que Cajamarca, Loreto y Puno concentran los mayores niveles de pobreza monetaria del país.
Keiko Fujimori señaló desde la localidad de Bretaña, en el distrito de Puinahua, que las carencias en servicios básicos evidencian el abandono que enfrentan varias regiones del país. Durante su recorrido por Loreto, indicó que la falta de electricidad, agua y alcantarillado refleja que el incremento del presupuesto público no se traduce en obras ni atención para la población, especialmente para los niños.
La lideresa de Fuerza Popular lamentó que Cajamarca, Loreto y Puno figuren entre las regiones con mayor pobreza monetaria y sostuvo que la pobreza multidimensional es aún más grave debido a las necesidades insatisfechas. Fujimori también se refirió a la convocatoria realizada en Lima tras la primera vuelta electoral y señaló que su agrupación respaldó el pedido de elecciones complementarias y la ampliación del horario de votación, aunque marcó distancia de propuestas vinculadas a la insurgencia.
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* La candidata a regidora por Renovación Popular sostuvo que buscará supervisar obras paralizadas, impulsar espacios para emprendedores y recuperar zonas turísticas de Iquitos.
Alessandra Rodríguez afirmó que uno de sus principales objetivos, de llegar al concejo provincial, será fortalecer la fiscalización municipal y supervisar directamente las obras en ejecución. Señaló que existen proyectos paralizados y cuestionó que anteriores regidores no hayan realizado seguimiento ni informes sobre el estado de las inversiones públicas. También indicó que buscará promover iniciativas dirigidas a jóvenes y padres de familia para enfrentar problemas como la violencia vinculada a barristas y la falta de oportunidades para la juventud.
La candidata sostuvo además que la inseguridad, el deterioro de las calles y la acumulación de basura afectan la imagen de Iquitos y limitan el desarrollo turístico. En ese sentido, planteó recuperar espacios públicos como la Alameda, impulsar ferias permanentes para emprendedores y promover actividades culturales y turísticas que generen movimiento económico. Rodríguez señaló que acompaña la candidatura de Sergio Donaire y aseguró que la propuesta de su agrupación prioriza seguridad ciudadana, mantenimiento vial y orden urbano.
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* El abogado sostuvo que no existe diferencia jurídica entre un gobierno legal y uno legítimo, y afirmó que ese argumento se usa con fines políticos.
Augusto Vargas rechazó las versiones que califican de “ilegítimo” a un eventual gobierno surgido de las Elecciones Generales 2026. Durante una entrevista, afirmó que la legitimidad de una autoridad proviene del voto ciudadano y que no existe una figura jurídica que permita desconocer resultados únicamente por desacuerdos políticos o bajos niveles de respaldo popular.
El abogado indicó que las denuncias de fraude deben sustentarse con pruebas y no en percepciones o discursos difundidos en redes sociales. También advirtió que la polarización política y la difusión de información sin sustento están debilitando la confianza en la democracia y alimentando escenarios de confrontación en el país.
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* Juan Méndez señaló que la atención psicológica sigue concentrada en Iquitos y cuestionó la ausencia de programas preventivos sostenidos en comunidades y colegios.
Juan Méndez afirmó que en Loreto no existe una política pública efectiva para atender los problemas de salud mental en comunidades y zonas periféricas. Durante una entrevista radial, sostuvo que la mayor parte de esfuerzos se concentra en la ciudad de Iquitos y que los centros de salud mental comunitarios resultan insuficientes frente al incremento de casos relacionados con depresión, adicciones y conductas suicidas.
El especialista señaló que la falta de presupuesto, planificación y trabajo preventivo limita la atención en sectores vulnerables. También indicó que muchos problemas de salud mental están vinculados al entorno familiar y a las secuelas de la pandemia. Méndez pidió fortalecer la presencia de profesionales en colegios, comunidades y centros laborales, además de ampliar las estrategias de prevención y acompañamiento psicológico en la región.
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* El precandidato de Somos Perú señaló que el distrito arrastra proyectos pendientes en salud, seguridad y saneamiento, y cuestionó la falta de planificación de anteriores gestiones.
Víctor González afirmó que una de las principales necesidades del distrito de San Juan Bautista es mejorar los servicios básicos y ejecutar proyectos de infraestructura pendientes. Durante una entrevista, indicó que entre las demandas más recurrentes de la población figuran la construcción de un hospital, una comisaría, mercados, puertos de embarque y obras de saneamiento, además de pistas y alcantarillado en zonas urbanas que ya cuentan con titulación.
El precandidato sostuvo que muchas de estas obras no avanzaron por falta de expedientes técnicos y continuidad entre gestiones municipales. También señaló que la situación de la comunidad campesina de San Juan limita el acceso a títulos de propiedad y financiamiento para cientos de familias. González indicó que buscará establecer convenios con la comunidad campesina para impulsar inversiones y programas de desarrollo en el distrito.
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* Roger Grandez señaló que la nueva distribución de recursos incrementó el presupuesto de municipios petroleros, pero advirtió que persisten brechas en salud, educación y saneamiento en las zonas afectadas por la actividad extractiva.
El economista Roger Grandez afirmó que los conflictos registrados en Providencia reflejan problemas pendientes en la distribución y ejecución de los recursos provenientes de la actividad petrolera en Loreto. Explicó que desde febrero de 2024 cambió el sistema de reparto del canon, dando mayor peso a los distritos productores y elevando significativamente los ingresos de algunas municipalidades del denominado circuito petrolero, que actualmente comprende 26 distritos.
El economista sostuvo que, pese al incremento de fondos, muchas comunidades continúan sin acceso adecuado a servicios básicos y obras públicas. Indicó que la falta de fiscalización y de planificación local impide que los recursos lleguen a las poblaciones más alejadas. También señaló que las demandas sociales en zonas petroleras responden a años de carencias acumuladas y consideró necesario que los gobiernos locales prioricen la ejecución de proyectos vinculados a agua, salud y educación.
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Durante 2025, el Serfor atendió 100 casos de hallazgos de especies marinas en playas del país. (Foto: Serfor)
