Por Miguel Donayre Pinedo
Cualquier “lector juicioso” que reclamaba Adam Smith observaría que lo que está pasando en España con la situación jurídica del Juez Garzón es realmente insólita. Si se llegara a una condena sería un duro varapalo para el camino y doctrina los derechos fundamentales y los derechos humanos. El juez ha tratado de cuestionar la “ley de punto final” y se le han tirado al cuello, a la yugular. Si hay una condena contra él, seria tirar al tacho la doctrina que paso a paso se ha venido construyendo a lo largo de estos años, y en el caso de la memoria histórica las instituciones de América Latina, con sus luces y sombras, han demostrado y han estado mejor encaminadas que la propia democracia española. En el caso de Perú por ejemplo, los informes de la Defensoría del Pueblo de los primeros años (los de ahora son romos y pocos estimulantes, parecieran cargados de una pesadez y discrecionalidad política) dio paso a la conformación de la Comisión de la Verdad. Igual pasó en otros países amerindios como El Salvador, Guatemala entre otros en los cuales las instituciones y la sociedad se movilizaron contra la impunidad (proceso de idas y vueltas, sinuoso y lleno de espinas), pero en España eso está muy lejos, más aún cuando la transición democrática no ha alcanzado al Poder Judicial de este país que cada día está más politizado [en el sentido del copamiento por los partidos políticos] por más que se sostenga lo contrario.
