El tráfico de terrenos es un fenómeno que va creciendo en nuestro país, sostenido por redes de autoridades policiales, municipales y judiciales, entre otras. Estas redes tienen esta forma particular de operar: mediante personas naturales o jurídicas se hacen de extensiones de terrenos para posteriormente venderlas al mejor postor por un precio por debajo del mercado. Estos terrenos pertenecen en algunos casos a particulares y, en otros, al Estado. En Iquitos, esta situación se ha mostrado particularmente grave.
¿QUÉ ESTA SUCEDIENDO EN IQUITOS?
Los casos de la avanzada delincuencial de traficantes de terrenos hay muchos, como la invasión a terrenos de Aceros Arequipa el 11 de octubre de 2022, situación que fue controlada por el Serenazgo de la Municipalidad distrital de San Juan Bautista junto a una patrulla de la PNP; las denuncias ocurridas entre noviembre y diciembre de 2022 de invasiones a terrenos de notarios, empresarios, Telefónica y el Vicariato, así como los terrenos que colindan con la Base Naval de Iquitos, y que le pertenecen a las Fuerzas Aéreas y a la Marina de Guerra; las invasiones a los terrenos frente al grifo La Hacienda, ubicado en el kilómetro 3.5 carretera Iquitos Nauta, con balacera incluida, que dejó el saldo de un muerto: el policía en retiro Roldán Castro Martínez (51) el 2 de enero del 2023; lo ocurrido el 3 de febrero, cuando un grupo de personas invadieron los terrenos de la ex Universidad Peruana del Oriente, en la Avenida Guardia Republicana colindante con el Centro Penitenciario de Iquitos, que cuenta con siete canchas de fútbol donde menores a diario realizan su práctica deportiva, y al que los invasores acarreaban postes y barandales para instalar sus chozas; la usurpación de terrenos a lo largo del eje carretero Iquitos-Nauta, en marzo, denunciados por la Asociación de Propietarios de Loreto; el fallido desalojo judicial el 8 de abril, en el eje carretero en el distrito de San Juan Bautista, donde 15 efectivos policiales fueron heridos por proyectil de arma de fuego disparado por sujetos con armas caseras tipo escopeta.
DISTINTOS ACTORES INVOLUCRADOS
El caso más reciente ha ocurrido en el distrito de Punchana, con el ataque de invasores de terrenos a dos propiedades de la empresa Triplay Iquitos. En primera instancia, la empresa tiene un terreno en donde actualmente funciona una triplayera, que viene siendo vulnerado desde 2016. A partir del citado año, se han realizado tres desalojos, uno de ellos dejó como saldo un policía herido de perdigón a la altura de la boca hasta perder casi todos los dientes, producto del enfrentamiento suscitado en el desalojo de más de 50 familias invasoras de los terrenos de la empresa. En segunda instancia, la misma empresa tiene un segundo terreno conocido como exmolinera Giulfo, el cual ha sido también vulnerado: en abril del presente año, en horas de la madrugada, se reportó que alrededor de doscientas personas, con combas y cinceles, tumbaron la pared del molino, capturándose a cuatro personas en flagrancia.
Lo preocupante de esta situación es que no son intentos aislados, sino que vienen siendo incentivados desde hace mucho tiempo por diversos actores. Por un lado, se tiene a los dirigentes del Asentamiento Humano APOBLAPIL, específicamente el señor Wilmer Lomas Linares, quien presuntamente habría dirigido diversos intentos de invasión. Asimismo, se tiene la intervención de abogados, en este caso, del señor Weni García Pizango, abogado del asentamiento humano anteriormente mencionado, quien fue detenido por obstrucción a la justicia, de acuerdo con los reportes policiales.
Por otro lado, preocupa la inacción de la Fiscalía, por ejemplo, la Fiscal Margarita Shuña Viena quien, de acuerdo al acta de variación de situación jurídica de fecha 16 de abril del 2023, liberó a los presuntos implicados sin mayor investigación; así como también, llama la atención el silencio de las autoridades municipales.
PERSPECTIVA LEGAL
Ahora bien, al abordar esta problemática, debemos ser conscientes de que tiene una profunda conexión con el actuar ilegal de funcionarios públicos, autoridades políticas y judiciales. Es importante recordar que la Ley N° 30327 incorpora al Código Penal el artículo 376-B, que tipifica el delito de otorgamiento ilegitimo de derechos sobre inmuebles, el cual recae en aquel funcionario público que en violación de sus atribuciones u obligaciones, otorga ilegítimamente derechos de posesión o emite títulos de propiedad sobre bienes de dominio público o bienes de dominio privado estatal, o bienes inmuebles de propiedad privada, sin cumplir con los requisitos establecidos por la normatividad vigente, quienes serán reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años. Este delito concurre con otros como usurpación, falsedad documental, estafas agravadas, organización criminal, entre otros.
Lastimosamente, se trata de prácticas sistemáticas en Iquitos, que involucran a autoridades municipales, magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público y abogados, quienes se encargan de sanear las propiedades y darles una aparente legalidad. Esto lo hace aún más grave, en tanto que son quienes, se supone, deberían cautelar el correcto funcionamiento del Estado y la seguridad jurídica, no hacen más que vulnerar el deber que deberían cumplir, atentando contra las leyes y contra la ética del ejercicio de su profesión. Definitivamente, en Iquitos, hoy por hoy, parece casi imposible contar con seguridad jurídica para la titularidad de los terrenos, dado que la inacción de las autoridades y la ausencia de políticas públicas para un acceso a vivienda digna a todo nivel hace que estas mafias que lucran con el dinero de los más pobres estén ganando la batalla.
