El parlamento, el día de hoy 13 de junio que redacto estas líneas, debate la aprobación por insistencia del proyecto de ley presentado por el congresista Mauricio Mulder, la misma que regula –prohibe- la publicidad estatal en medios privados. En ese sentido –escuchando a nuestro parlamento en su “ilustre y docto” debate- es menester recordar que el estado debe mantener informada a su ciudadanía a través de los medios necesarios de las diversas políticas públicas, planes estratégicos y demás quehaceres de la función gubernamental.

Es por ello que, en este momento está permitido la publicidad del estado en medios de comunicación privados, que reciben una contra prestación por el servicio brindado conforme a las normas que regulan la relación contractual. Es cierto que, como todo contrato realizado por alguna entidad del estado dicha relación necesita de supervisión y fiscalización, lo cual puede y es realizado por la Contraloría General de la República; pero la ley propuesta por el congresista Mulder va más allá, puesto que su principal cambio es la prohibición de la publicidad estatal en medios de comunicación privados, lo que considero que es algo poco pensado y vulnera el derecho constitucional de libertad de información que ampara a todo ciudadano.

Considero que el proyecto de ley presentado por Mulder es poco pensado, toda vez que el Parlamento como Poder Legislativo debe promulgar leyes que beneficien a la gobernabilidad, empero esta norma limitará claramente el acceso a la información política a los ciudadanos. Si bien propone que se usen las redes sociales y el canal nacional para la realización de dicha publicidad, no contempla que existe una gran masa poblacional que no tiene accesibilidad al internet, pero al  redactar el debatido proyecto de ley no se tuvo en cuenta ello.

Asimismo, el mencionado proyecto de ley vulnera lo establecido en el artículo 2 inciso 4 de la Constitución Política del Perú que establece libertad de información con la que cuentan todos los ciudadanos peruanos, porque las personas requieren de esta libertad establecida, a través de cualquier medio de comunicación social sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno; sin embargo, el debatido proyecto de ley limita dicha libertad, debido a que, las alternativas planteadas, como las redes sociales y el canal de televisión estatal no cubren en su totalidad al grueso de ciudadanos que se quedarán sin acceso a la información sobre política, gestión o acción gubernamental, por lo que puede proceder una acción de inconstitucionalidad de ser aprobada dicha norma.

Entonces, quizá el debate de esta norma solo responde a la amenaza realizada por Luis Galarreta –Presidente del Congreso- para callar a toda esa prensa mermelera que quiere que se cierre el Congreso. Si ello es así, estamos frente a una acción autoritaria y penosamente nada inteligente.

Miguel Angel Rojas Ríos

Abogado

Maestrando en Gobierno y Políticas Públicas

rojasr.miguel@pucp.edu.pe