ESCRIBE: Jaime Dupuy, Gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de ComexPerú.
Hace casi un año, el gobierno anunció una segunda reforma agraria que promovería la conectividad y tecnología para una mejor comercialización de los alimentos que producen los agricultores.
En este contexto, se estaría analizando en el gobierno un proyecto de ley que implementaría esta segunda reforma agraria, con un enfoque especial en las comunidades campesinas y nativas dedicadas a la agricultura familiar, como preferencia en el otorgamiento de tierras, financiamiento, formalización, etc.
No cabe duda que la agricultura en el país es uno de los sectores más intensivos en mano de obra y al día de hoy es, después de la minería, la segunda actividad exportadora del país.
Una reforma agraria que realmente busque potenciar el sector no puede partir de sesgos que busquen limitar la tierra, privilegiar a determinados sectores o proteger la industria nacional.
En el país conviven una agricultura moderna e innovadora, dedicada principalmente a la agroexportación, con una actividad agraria a menor escala, que apunta al mercado nacional y, en muchos casos, a la subsistencia familiar. Todas ellas igual de valiosas y merecedoras de nuestro orgullo y reconocimiento.
¿Qué debería hacer el Estado? Generar las condiciones para que los agentes económicos decidan desarrollar su actividad como mejor lo crean conveniente. Son ellos –los grandes, medianos y pequeños agricultores– los que mejor saben desarrollar su actividad. No necesitan que el Estado les diga qué hacer ni cómo hacerlo, sino que los dejen hacer.
¿Eso significa que el Estado no debe intervenir? Pues no, el Estado sí tiene un rol qué cumplir. Lo ha hecho generando oportunidades comerciales con la suscripción de acuerdos comerciales internacionales o desarrollando grandes proyectos de irrigación. Y las tareas pendientes son varias. Urge mejorar infraestructura, impulsar conectividad, promover acceso a financiamiento, brindar seguridad jurídica y predictibilidad, garantizar derechos de propiedad, habilitar el uso de la biotecnología, etc. Esta es la real reforma agraria pendiente en el país.
Un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado “Competir en la agroindustria. Estrategias empresariales y políticas públicas para los desafíos del siglo XXI”, coordinado, entre otros, por Piero Ghezzi, da cuenta del enorme potencial de los agronegocios en América Latina y el Caribe, y cómo resulta clave la integración de los distintos agentes económicos, de todo tamaño, en las cadenas globales de valor, y la estrecha coordinación público-privada para potenciar el sector.
Así, más allá de proyectos de ley, una solución más efectiva pasaría por la creación de una Mesa Ejecutiva que, bien empoderada, permita la coordinación estrecha de los distintos actores del sector privado, conjuntamente con el sector público y la academia, que permita identificar y levantar cuellos de botella, así como generar oportunidades de sinergias a través de integraciones a cadenas globales de valor y encadenamientos productivos.
Por lo dicho, los problemas del sector agrícola no se resuelven con anuncios políticos populistas, sino con propuestas técnicas basadas en evidencia y fundamento, que de momento, no existen en este primer año de gobierno.
