Decepción y tamiz político

Por: Moisés Panduro Coral

La decepción política se ha convertido en una letanía recitada periódicamente en nuestro país. Llega ya sea por que un candidato no cumple sus promesas, se olvida de ellas o las encubre astutamente, o por que después se descubre que el personaje por quien se votó no era el más indicado ni ética ni funcionalmente para entregarle la investidura o el mandato popular de gobernante o representante. Se suponía que la revocatoria permitiría corregir esta decepción, pero no ha funcionado, porque la misma ley le otorga enormes ventajas a quien está posesionado en el cargo y también porque es cierto que ésta figura legal ha sido aprovechada por los adversarios políticos para hacerle la vida imposible al ganador desde el arranque.

¿Cómo hacer para evitar que una persona de comportamiento delictivo llegue a gobernarnos o a representarnos?. Se han pretendido diversas soluciones. Una de ellas es la que implementa la Ley Nº 30322, recientemente publicada, que dispone la creación de la ventanilla única de antecedentes para uso electoral; un mecanismo a cargo del Jurado Nacional de Elecciones que permite a las organizaciones políticas conocer la información sobre bienes que tienen sus potenciales candidatos, o si éstos tienen antecedentes de sentencias condenatorias con calidad de cosa juzgada por delito doloso, órdenes de captura; o deudas tributarias de naturaleza municipal y en la SUNAT; o deudas por reparación civil y por alimentos, éste último referido a manutención de sus hijos.

Aún cuando esta certificación legalista resulta necesaria para limpiar en algo la política, de lejos se nota que su eficacia es limitada. Será un filtro para tamizar a quienes aspiren a candidatear, sí, pero ¿cuántos de esos aspirantes que proliferan como hongos, a nivel nacional, en regiones y provincias, no encubren sus bienes obtenidos de manera turbia utilizando testaferros o parientes? ¿cuántos de ellos no usan artilugios de diverso estilo para escurrirse de ser investigados en casos donde su complicidad, su intervención o su participación es flagrante y directa? ¿cuántos politiqueros no se burlan de sus obligaciones tributarias y civiles y no les cae ni un pelo?.

Las respuestas a estas preguntas nos lllevan al tema de fondo. ¿Cómo garantizar que un candidato que después se convierte en gobernante o representante no decepcione a la gente por su olvido electoral, por su abulia política o por su conducta reprochable?. Existe una propuesta legislativa que sanciona a quienes incumplen sus promesas de campaña, pero dudo que sea aprobada o efectivamente implantada; primero, porque ahora mismo nos quedaríamos virtualmente sin presidente, sin gobernadores y casi sin alcaldes; segundo, porque en el camino a su aprobación se dorará la píldora de tal modo que el dispositivo devendrá en inocuo; y tercero, porque los aquí inmersos siempre encontrarán la manera de sacarle la vuelta a la ley.

La única solución que veo es educar al soberano, didácticamente, pacientemente, persistentemente. Un soberano que valga oro, que no se deje engatusar por el marketing político atosigante y exuberante en dinero, sensiblería y demagogia de las campañas; ni por el martilleo mediático atiborrado de pautas que machacan los tímpanos y la mente del ciudadano haciéndole votar por mequetrefes y aventureros que no saben ni lo que dicen, menos lo que harán cuando al trono lleguen. Un soberano que observe, examine, coteje, verifique y reflexione sobre el candidato y sus propuestas, y que basado en ese análisis, sin presiones mediáticas, tome la sabia y responsable decisión de elegir al mejor.

Es una tarea difícil, algunos la tildarán de romática, pero es la tarea.