El director ejecutivo de CHS Alternativo, Ricardo Valdez, se refirió a las posibles consecuencias del proyecto de ley 5981 que está siendo considerado por el Congreso. Mostró su preocupación sobre el impacto que esta ley podría tener si se aprueba en una segunda votación. Podría eximir más de 50 delitos del ámbito del crimen organizado, generando repercusiones significativas en la detención preliminar e investigación de estos delitos.

Valdez detalló que lo más preocupante sería el aumento del umbral a seis años de pena mínima para que un delito sea considerado parte del crimen organizado. Esto dejaría fuera una gran cantidad de delitos graves, debilitando la capacidad del sistema judicial para combatir la criminalidad organizada. Además, la ley también impone nuevas restricciones en el proceso de allanamiento de inmuebles, requiriendo la presencia del abogado y del imputado, lo cual socavaría las investigaciones secretas y favorecería la impunidad.

Otro punto abordado fue la modificación del artículo 317 del Código Penal, limitando la consideración de delitos como crimen organizado solo a aquellos con penas mayores a 6 años y relacionados con economías criminales. Esto podría excluir delitos graves como el secuestro, debilitando aún más la lucha contra el crimen organizado. Valdés advirtió que estas modificaciones parecen diseñadas para proteger a políticos y funcionarios implicados en delitos de corrupción.

Finalmente, Valdez resaltó que la aprobación de este proyecto de ley sería un golpe a la transparencia y la rendición de cuentas en la lucha contra la criminalidad organizada. Hizo un llamado a la sociedad civil y a los gremios a oponerse a estas propuestas legislativas. Asimismo, instó a los congresistas a reconsiderar su apoyo a este proyecto.

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