Mi apuesta por Corina

Mi apuesta por Corina

Moisés Panduro Coral

La promulgación de la Ley N° 29760 que declara de necesidad pública y de interés nacional la ejecución del proyecto de trasvase del río Marañón y de represamiento y derivación del río Marañón para fines hidroenergético y agrícola, ha desatado una batahola de impugnaciones a la misma en la que compiten desde afamados politiqueros hasta correctos profesionales que merecen nuestro respeto, pasando por dirigentes populares bien intencionados y una masa crítica respetable pero que mira las cosas desde una perspectiva localista y segmentada.

Es difícil asumir una posición que contradiga la visión catastrofista que tiene de este proyecto la aparentemente mayoría ciudadana. Para alguien, como yo, que es político, sería más fácil y conveniente olfatear por donde va la opinión virtualmente generalizada, y simplemente colarme al viento a favor de la protesta que, por supuesto, en una nación democrática como la nuestra es legítima e intachable. Estar enfrentando además a disímiles próceres de la defensa del medio ambiente, -entre ellos ciertos afanosos en sacar su rodajita política haciendo de oposición sin darse cuenta que ya son gobierno- hacen más complicada la tarea que me he autoimpuesto.

El 90 por ciento de los juicios que he escuchado se encuentran en el campo de la entelequia especulativa -algunos abiertamente extravagantes y libertinos en el insulto a un ex Presidente-; y pocos, en el terreno técnico. Mi propósito es analizar y responder los argumentos de quienes, equivocadamente o con justa razón, se oponen a este proyecto. Y lo hago, con el sano criterio de quien mira con pasión la historia y el futuro de su nación, para que quede registrado, más allá de las polémicas de la coyuntura, lo genuino de mi interés nacionalista y regionalista al participar en este debate.

i)          Un “alegato” que se repite protervamente es que el proyecto sería un supuesto “gran faenón de Alan García para que ganen las empresas brasileñas, privatizar el agua, la energía y expropiar tierras en grandes cantidades”. Tan perverso y primario es este “alegato” que no lo pongo aquí por válido, sino para dar una idea de la calidad argumentativa de ciertos opositores al proyecto. La ley dada hace poco es una ley que puede ser derogada ayer, hoy o mañana, pues existe un nuevo gobierno y un nuevo Parlamento. En éste, el flamante oficialismo humalista-toledista tiene mayoría absoluta, así que sin el menor esfuerzo, sin hacer tanta bulla y en menos de 48 horas puede derogarla y ganarse el aplauso de la gente. ¿Por qué la hacen tan larga?. En el hipotético y negado caso de no derogarla, el contrato no será firmado por Alan García sino por Ollanta Humala. ¿Diríamos entonces que el faenón es de Humala por que los brasileños le han asesorado y financiado la campaña?.

ii)        Otro alegato corriente es el que sostiene que la costa se llevará nuestra agua tal como ha ocurrido con otros recursos a lo largo de la historia regional. Olvidan aquellos, -que para oponerse al proyecto se agarran de esos periodos dolorosos de explotación centralista de los recursos naturales-, que el Perú de 2011 unitario y descentralizado, en el que se eligen gobiernos regionales y locales autónomos no es el Perú de 1910. Callan que el proyecto Corina no sólo es agrícola sino también hidroenergético, y lo que es más, ignoran o se hacen que ignoran, que en todo megaproyecto es esencial la relación costo- beneficio.

iii)      El carácter de país unitario y descentralizado hace precisamente que el Estado tenga la condición de garante y ejecutor de la complementariedad para promover el desarrollo equitativo de los espacios geoeconómicos tan dispares que tiene el país. Por eso es que una región como Loreto cuya inaccesibilidad intrarregional y hacia el mercado nacional se agrava por las distancias geográficas y por la  falta de vías terrestres, goza de una compensación que es la exoneración tributaria, razón por la cual las actividades de producción y consumo están liberadas de impuestos. Uno de esos impuestos que no tributamos es el Impuesto General a las Ventas (IGV) que sí pagan otras regiones del país y que constituye más del 80% de los recursos del Fondo de Compensación Municipal, un fondo que mes tras mes reciben las municipalidades provinciales y distritales de Loreto para el sostenimiento de servicios públicos esenciales y la ejecución de proyectos. En una visión de conjunto del país, resulta palmario que si crece el agro de exportación nos beneficiamos todos, ya sea en aspectos de seguridad alimentaria o de exportación que genera ingresos, empleos y pago de impuestos. Pues ése es uno de los objetivos de Corina.

iv)      Hay un argumento -si se le podría llamar así- que dice que la ejecución de obras del proyecto Corina es inminente. En mi concepto, creo que algunas autoridades regionales y locales que así se expresan para convocar a marchas contra el proyecto, desconocen por conveniencia o por ignorancia, los parámetros y niveles que rigen la ejecución, aprobación y operatividad de un proyecto de inversión en nuestro país. En Perú, hace tiempo que están definidas las tres fases de todo proyecto: la pre inversión que, a su vez tiene tres niveles sucesivos de estudios que son perfil, prefactibilidad y factibilidad; la inversión que contempla la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obras; y la post inversión que comporta la operación y mantenimiento. ¿En qué etapa está el proyecto Corina?. De acuerdo a la Resolución Directoral 0083-2009-ANA-DARH del 18 de setiembre del 2009 el proyecto está en el nivel de estudios de pre-inversión. Si el proyecto resulta viable en términos económicos, sociales, ambientales, entonces pasará a la etapa de elaboración del expediente técnico y, luego, aprobado éste recién se daría inicio al proceso de ejecución de obras que incluye convocatoria, adjudicación y ejecución de obras. Es bueno precisar que, en cada uno de los niveles de pre inversión se analiza la rentabilidad económica, social y ambiental del proyecto, y que por mandato de la legislación vigente ninguna obra de estas características se puede ejecutar sin estudio de impacto ambiental detallado y debidamente aprobado. Como se puede notar, falta mucho trecho por recorrer para llegar a la ejecución de obras.

v)        En el aspecto de la legalidad, el cuestionamiento al proyecto está orientado a decir que no se ha consultado a nadie para su aprobación. No es así. Precisamente la Ley N° 29760 en su artículo 1° habla de la “ejecución del megaproyecto”, no habla de ejecución de obras. “Ejecutar el megaproyecto” es cumplir primero con todo el recorrido previo de la pre-inversión y del estudio de impacto ambiental que ya señalé en el punto anterior. Y, cuando en su artículo 2° la ley establece que se encarga a la Presidencia del Consejo de Ministros, a los gobiernos regionales y locales de la zona de influencia del proyecto adoptar las acciones para el cumplimiento de dicho dispositivo, se refiere exactamente a debatir el tema, plantear consultas, promover foros, recibir cuestionamientos, sugerir aportes, recomendar modificaciones, y sistematizar información relevante para contribuir a definir la viabilidad del proyecto. Estamos en esa etapa, de manera que no hay que dar tanto brinco cuando el suelo está parejo.

vi)      Un argumento concreto, razonable y justo es que el proyecto podría tener consecuencias negativas para el medio ambiente. Nadie lo niega. Precisamente por ello, es que tratándose de un megaproyecto su aprobación a nivel de expediente técnico debe pasar rigurosamente por el estudio de impacto ambiental que establecerá cuáles son esos riesgos, que magnitud tienen, sin son reversibles o no, y cómo hacer para mitigarlos, reducirlos o minimizarlos. En este punto, es apreciable la opinión técnica emitida por el IIAP en forma de documento preliminar que, establece en una de sus conclusiones que el proyecto “debe pasar por un análisis cuidadoso del costo-beneficio, que compare los costos derivados de la alteración del equilibrio ecológico con los beneficios previstos del proyecto”. Es obvio, nadie en su sano juicio iniciaría un proyecto que tenga más costos que beneficios. En esta relación costo-beneficio debemos poner en el lado de los costos no sólo los diez mil millones de dólares que costaría el trasvase, el represamiento, la construcción de las hidroeléctricas y la distribución de las aguas de riego, sino también los posibles costos sociales, económicos y ambientales del mismo. En el lado de los beneficios debemos colocar la incorporación de un millón de hectáreas en la costa para la seguridad alimentaria y agroexportación que genera divisas, la generación de nueve millones de kilovatios para la producción eléctrica nacional, la descontaminación del ambiente por los miles de millones de galones de combustible que ya no serán necesarios utilizar para producir energía, los menores costos de la energía eléctrica, mayores recursos para financiar el desarrollo, etc. Todo ello debe ser puesto en el balance.

vii)    Ahora bien, mirando el proyecto desde una perspectiva amplia, debo señalar que Perú tiene la obligación imprescindible de cambiar su matriz energética. Somos una nación energéticamente dependiente o, si se quiere, con inseguridad energética. Unas cifras que grafican la endeble condición de importadores de combustible y de país altamente deficitario en el mercado de hidrocarburos que tenemos, son éstas: el 75% del diesel 2 de nuestro consumo interno es importado mientras el déficit de nuestra balanza comercial de hidrocarburos era de 1,200 millones de dólares en 2006. Ya pesar del gas de Camisea, tenemos una matriz energética constituida en un 56% por petróleo, 17% por gas natural y GLN, y 27% por energías renovables (hidroenergía y energía no convencional). De estos datos contundentes deriva la imperiosa necesidad de reconvertir nuestra matriz energética, siendo nuestra meta al 2021 que el 40% de ella sean energías renovables, llegando a 50% en el año 2040. En ese marco se inscriben Corina y otros proyectos hidroeléctricos. Quien no vea esto, no puede llamarse patriota.

En conclusión, como ingeniero forestal, como político loretano y como padre de hijos loretanos, creo que el proyecto Corina debe ejecutarse bajo las siguientes condiciones:

a)        Que no genere impactos ambientales irreversibles, vale decir que esos impactos sean factibles de reducirse, minimizarse o anularse. Ello debe estar claramente expresado en el Estudio de Impacto Ambiental.

b)        Que no genere efectos sociales negativos, como el desarraigo de la población ancestral, conflictos de tierras, limitación de actividades, entre otros. Debe estar puntualizado en el Estudio de Impacto Social.

c)        Que a cambio  el gobierno central financie toda la interconexión de Loreto al sistema eléctrico nacional, lo que incluye los ramales secundarios a ciudades y centros poblados de Loreto, no sólo Iquitos, Yurimaguas o Nauta.

d)       Que Loreto goce de un canon hidroeléctrico (o puede ser canon hídrico) como fuente de financiamiento para los gobiernos locales y el gobierno regional.

e)        Que el 100% de los ingresos por el canon hidroeléctrico (o hídrico) sean invertidos en proyectos de inversión encauzados a superar la pobreza, reducir el déficit de infraestructura de servicios, impulsar la innovación tecnológica para la competitividad regional y, prioritariamente (se podría establecer un porcentaje) a financiar proyectos ambientales que contribuyan a reducir el impacto del calentamiento global en el territorio de Loreto.

Así es como concibo el proyecto Corina. Y parafraseando a Sergio Markarián, el entrenador de la selección nacional debo decir: no me pongan rótulos. Ya estamos podridos de los rótulos. Dejémonos de rótulos y démosle otra mirada al futuro del país que es el futuro de la región, y viceversa.