Lo que sucede en Lima entre el Presidente de la República Martín Vizcarrra y la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori se parece en algo a lo que sucede en Iquitos entre el gobernador Fernando Meléndez y el candidato Elisbán Ochoa. Con la diferencia que el gobernador y candidato no tienen defensores públicos que enriquezcan la discusión y sí ha revivido las adhesiones y animadversiones propias de una campaña electoral. Además, entendiendo que Keiko está en campaña presidencial desde el día siguiente que perdió la segunda vuelta con PPK, la pugna limeña tiene alcance nacional y será prolongada. No sucede lo mismo con la pugna Meléndez-Ochoa.
La de Lima se va a centrar en la reforma política y desde el Ejecutivo Vizcarra y sus ministros -junto con los congresistas de la bancada, recuérdese los primeros días del Presidente en Palacio ninguneando a los parlamentarios- tratarán de marcar la agenda legislativa respaldados por el apoyo que provoca en la ciudadanía la reforma que anunció el 28 de julio en el hemiciclo. Todo ello está matizado con las consecuencias de los audios y las versiones de los colaboradores eficaces que, como se ha visto, pueden llevar al cambio de agenda mediática en pocos minutos. De ambos lados han salido expresiones altisonantes que demuestran la calidad de la clase política. Eso explica que el origen de los congresistas que defienden a Vizcarra y Keiko debe cambiarse. El origen de los candidatos debe cambiarse. El actual Presidente de la República es producto de ese sistema de elección de candidatos.
La discusión en Iquitos no debería tener como protagonista al gobernador. No sólo por una cuestión legal sino porque la autoridad regional tendría que estar por encima de esos dimes y diretes. Catalogar como mafia a la agrupación que representa Ochoa no ha sido lo más apropiado ni pertinente. Y las versiones del profesor Elisbán sobre la intención del MIL de retirarlo de la contienda es una exageración si tenemos en cuenta que los candidatos de la provincia de Alto Amazonas/Yurimaguas y Loreto/Nauta han sido excluidos porque estaban impedidos de postular por condenas judiciales y aún sabiendo persistieron terca e ilegalmente en inscribirlos. Exponerse con ambos candidatos puede ser el ejemplo de lo que hará Ochoa en un posible gobierno, es decir, sacarle la vuelta a la norma y dar como mensaje que la legalidad puede quedar en un segundo plano. El gobernador tiene -o debería tener- personas de su agrupación y funcionarios de su gestión no sólo dispuestos a responder las acusaciones de Restauración Nacional sino a provocar reacciones beneficiosas para su gobierno y agrupación. Sin meterse directamente en el lío.
Ojalá que las cinco semanas que falta para el día de la elección tengamos discrepancias públicas entre los candidatos. Por lo menos los que tienen mayores posibilidades de ganar la elección. Y las autoridades, en los cuatro meses que les queda, se preocupen más en dejar ordenada cada una de las administraciones.
