Juramentada como Presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Araoz debe presentarse ahora, en cumplimiento del mandato constitucional, ante el Congreso para exponer la política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Esa presentación debe hacerse dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, planteando para el efecto cuestión de confianza al Congreso.
De cajón, que los congresistas realizarán muchos cuestionamientos, algunos válidamente argumentados, otros para las tribunas. No faltarán quienes repitan sus shows en tres funciones, griten a los cuatro vientos su petulancia o asuman poses faranduleras como ya se hizo costumbre en el recinto parlamentario. Pero, igual tendrán que votar a favor de la confianza del gabinete Araoz, de lo contrario se produciría el supuesto del artículo 134° de la Constitución que prescribe la facultad presidencial de disolver el Congreso, en caso éste haya negado la confianza a dos Consejos de Ministros.
Recordemos que la primera negación de confianza ya se produjo hace unos días. Entonces, por angas o por mangas, les guste o no; ya sea para contribuir a la gobernabilidad de la nación o para no perder sus curules, por apuntalar la estabilidad democrática del país o por no perder sus honores y privilegios, los congresistas -por lo menos la gran mayoría- tendrán que darle un voto de confianza al gabinete de Meche.
No pierdo la esperanza, sin embargo, de que ese voto inercial sea dado pensando en el país y no en el interés particular. Necesitamos desprendernos de esas mezquindades del alma, de esas exquisiteces mesiánicas, de ese infantilismo multicolor que medra en el Congreso. Subsiste un peligroso revanchismo que se autotortura todos los días y sus noches con los porcentajes de votación ajustados de la tarde del 5 de junio de 2016. Existe un desenfrenado afán por el figuretismo mediático que exacerban los medios de comunicación habituados a alimentarse con la morbosidad de los improperios, la pulla irresponsable y el griterío destemplado que les enseñorea en el rating o se convierte en el titular del día.
Creo que dejando toda esa fatuidad política por un lado, y sin dejar de lado sus funciones normativas, de fiscalización o de representación política, el Congreso puede aportar a lograr las grandes metas que como nación nos hemos propuesto para el Bicentenario. Estas grandes metas al 2021, permítanme recordarles son, en resumen, las siguientes: 1) Una población de 33 millones de peruanos sin pobreza extrema, desempleo, desnutrición, analfabetismo ni mortalidad infantil, 2) Un ingreso per cápita entre US$ 8000 y US$ 10 000, 3) Un producto bruto interno duplicado entre 2010 y 2021, 4) Un volumen de exportaciones cuadruplicado entre 2010 y 2021, 5) Una tasa de crecimiento anual promedio cercana al 6% anual, 6) Una tasa de inversión anual promedio cercana al 25%, 7) Una mejora de la tributación promedio anual en 5 puntos respecto del PBI y 8) Una reducción de la pobreza a menos del 10% de la población total.
Claro, estas metas fueron planteadas en el 2010, cuando estábamos embalados y era realista alcanzarlas. Habíamos reducido 20 puntos la pobreza y crecíamos a 8% anual, con grandes proyectos mineros, energéticos y viales en marcha. Lo que pasa es que en el quinquenio del señor Humala, nuestra economía perdió su dinámica, al encarpetar, por ejemplo, proyectos mineros por más de 25 mil millones de dólares; al incrementar innecesaria e inmisericordemente el gasto corriente creando nuevos ministerios, multiplicando la burocracia, triplicando los gastos en bienes y servicios; o al derogar demagógica y antipatrióticamente proyectos como Corina, olvidándose de crear valor público tan necesario para cerrar la gigantesca brecha de infraestructura que tenemos.
A mi me encantaría que Meche Araoz lleve estos temas al Congreso, replantee las grandes metas del Plan Bicentenario, establezca una agenda, fije plazos, plantee nuevos mecanismos atractivos para la inversión privada, comprometa en esta responsabilidad al Congreso, por supuesto que para iniciativas de gasto, sino para facilitar en el marco de la ley el logro de estos magnos propósitos.
Si eso ocurre, tendremos cuatro años de impulso para la productividad, la prosperidad y la justicia social. Si no, nos quedamos fuera del camino.
