LA CONTRALORÍA LOS SANCIONÓ ADMINISTRATIVAMENTE POR INCONDUCTA FUNCIONAL Y SANCIONES CONTINÚAN VIGENTES
La Contraloría General reveló que un total de 2,137 funcionarios y servidores públicos se encuentran suspendidos o inhabilitados temporalmente para ejercer la función pública, al haber sido sancionados administrativamente por inconducta funcional (sanciones vigentes al 31 de abril del 2019).
En Loreto son 37 funcionarios que fueron sancionados con la inhabilitación que culmina hasta el 2022. La situación de estos sancionados no se verá afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional porque se trata de sanciones firmes o consentidas (El fallo del TC de manera literal precisa que su decisión no tiene efectos retroactivos, lo cual además se encuentra establecido en la propia Constitución Política del Perú).
El 97% de los sancionados administrativamente a nivel nacional fueron inhabilitados para ejercer la función pública (de 1 a 5 años), lo que conlleva a su desvinculación laboral con el Estado. Mientras que el 3% fueron suspendidos temporalmente (de 30 a 360 días).
Fueron sancionados por actuar parcializadamente, en contra de los intereses del Estado, en los contratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones o cualquier otra operación o procedimiento en que participe con ocasión de su cargo, función o comisión, dando lugar a un beneficio ilegal, sea propio o de tercero.
También por incumplir las disposiciones legales que regulan expresamente su actuación funcional, generando grave perjuicio al Estado. Así como negarse o demorar de manera injustificada e intencional, el ejercicio de las funciones a su cargo, en los procedimientos en los que participa con ocasión de su función o cargo.
La Contraloría General explicó que al 31 de abril, existen 2,398 sanciones vigentes que comprenden a 2,137 funcionarios y servidores públicos que están suspendidos o inhabilitados para trabajar en el Estado. Algunos de estos funcionarios cuentan con dos a más sanciones vigentes.
Las sanciones vigentes han sido comunicadas a los titulares de las entidades públicas del país a fin de que ejecuten de manera inmediata las resoluciones emitidas como resultado del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra los funcionarios que incurrieron en inconducta funcional.
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