Martín Casuso Chávez, abogado defensor de los familiares que vienen solicitando la exhumación de cadáveres del cementerio Covid-19, indicó que esperan que la nueva sentencia del Poder Judicial falle a su favor.
Los deudos solo saben que sus padres, madres, hermanos o hijos fueron enterrados en secreto el 22 de abril del 2020 y sin respetar los protocolos de identificación, en un improvisado cementerio de 2.500 metros cuadrados.
Se espera que el juez del Segundo Juzgado Civil, Sergio del Águila emita una nueva sentencia. El abogado recordó que la primera sentencia de agosto 2020 y antes de haber cumplido el año fue anulada. Precisó que la sala civil al momento de emitir la sentencia dijo que se había superado el año límite y no había impedimento legal para pedir la exhumación.
“Entre los argumentos de la sala tratan de hacernos entender que la situación y los problemas, se debía entender porque fueron enterrados allá”, explicó.
Sin embargo, como parte del dictamen se debía consultar al Gobierno Regional de Loreto y la Diresa si tienen la capacidad técnica y presupuestaria para atender las exhumaciones solicitadas.
Son alrededor de 500 cadáveres los que descansan en un terreno se encuentra en la parte posterior del cementerio municipal de San Juan Bautista. En un primer momento, fueron 86 las familias demandantes, pero por lo engorroso del problema, varios desistieron y ahora son cerca de 76 las que aún tienen la esperanza de darle una digna sepultura.
“Guardamos la esperanza que el juez en esta nueva sentencia con un mejor criterio”, indicó Casuso.
Durante la emisión del programa Pro y Contra TV, el abogado mostró un video de lo que sería una exhumación realizada el 09 de enero, en la que se nota la presencia de personal de Salud Ambiental de Diresa más no de un fiscal, lo que contraviene a la ley.
“Pedimos que a cada cadáver le realicen una prueba de ADN porque pasa el tiempo por culpa de Diresa y del Poder Judicial se van a descomponer más ¿Y cómo lo identifico después?”, señaló.
