Resulta incomprensible el discurso de algunos actores políticos y mediáticos que han declarado sobre la detención preliminar de Pedro Pablo Kucsynsnki (PPK) dictaminada este miércoles por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima a raíz del pedido del fiscal José Domingo Pérez a propósito del presunto “blanqueo de capitales” en los casos del Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil (IIRSA Tramos 2 y 3), Proyecto de Irrigación e Hidroenergético de Olmos, Trasvase e Irrigación que fueron adjudicados a la empresa Odebrecht cuando él era ministro de Alejandro Toledo.
Esos mismos críticos que ahora señalan de excesos de la justicia y hasta una cortina de humo para esconder los casos de ineptitud que va mostrando este gobierno en los temas de Las Bambas, reconstrucción del norte, aumento de la pobreza y hasta el escándalo en el Ministerio de Educación por los textos fallidos, en su momento señalaban que el ex mandatario debería ir preso por este y otros temas anteriores al escándalo Lava Jato.
Si uno trata de hacer una interpretación política del asunto aplicable a los operadores de justicia y sobre todo a algunos en la Fiscalía y el Poder Judicial que sí se han tomado la lucha contra la corrupción en serio, podríamos decir que se trata de generar un precedente que fortalesca la posición de la justicia para las otras detenciones que se vienen o que tienen que llegar si la justicia es predecible.
Porque detener a PPK abre el camino a, por ejemplo, en España no se genere mayor debate para extraditar al ex magistrado supremo, Cesar Hinostroza, del mismo modo allana el camino para que, ahora que se revisa ya en EE.UU el caso Alejandro Toledo, este sea más viable en su extradición. Si su primer ministro y ex presidente está preso, por similares hechos, Toledo debería tener el camino legal (y político) allanado para que en los próximos meses corra la misma suerte. Todos estos casos que alegan persecución política, se minimizan si todos los compinches están siendo encarcelados.
Pero sobre el tema en específico, es evidente que la justicia tiene la misma estrategia que tuvo con Keiko Fujimori. Es decir ordenar una detención preliminar por 10 días para que los involucrados de menor rango hablen y con el pasar de los días esta medida se convierta en una prisión preventiva de unos 36 meses por lo menos. En ese sentido para la fiscalía es clave que hablen su exsecretaria Gloria Kisic Wagner y su ex chofer José Luis Bernaola Ñufflo. Es decir arrinconarlos y ante ciertas evidencias de blanqueo donde habrían participado sus allegados se acojan a ser colaboradores eficaces y de ahí la suerte estaría echada de PPK.
Es evidente que para los “garantistas” constitucionales y para los políticos que seguramente le deben su permanencia aún en el escenario público a PPK, este procedimiento es arbitrario, exagerado, inconstitucional y hasta una maniobra política de su ex vicepresidente Zegarra. A estas alturas todo sirve para justificar lo que en evidencias e investigaciones judiciales era lógico que tenía que suceder y que obviamente le cae como anillo al dedo a un gobierno que por un momento se quitará los flashes que lo debilitaban.
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