Acuerdo sobre el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe

“Acuerdo de Escazú”

Puerto Maldonado, 06 de agosto del 2020

La Mancomunidad Regional Amazónica agrupa a los Gobiernos Regionales de Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali, Huánuco y Madre de Dios de la Región Amazónica del Perú.

Después de haber intercambiado información relevante de los alcances e implicancias del Acuerdo de Escazú y haber participado en los Forums organizados por la Autoridad Regional Ambiental de Loreto (ARA) el 22 de julio del presente y el organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Loreto y la Mancomunidad Regional Amazónica el 31 de julio de 2020, emitimos el siguiente pronunciamiento.

Frente al proyecto de Resolución Legislativa N° 04645/2019-PE “Acuerdo sobre el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe” conocido como el “Acuerdo de Escazú” y derivado a la Comisión de Relaciones de Exteriores del Congreso de la República, el cual ha generado un intenso y polémico debate en las últimas semanas en todos los niveles del país. Por lo que, en base al análisis de todas las instancias de las regiones y expresadas a través de los Gobernadores Regionales, hacemos de conocimiento público lo siguiente:

1.- Los Gobiernos Regionales Amazónicos hemos evidenciado un profundo y efectivo compromiso en temas ambientales y sociales, así como en la implementación de estrategias, proyectos y programas relacionados a la mitigación del cambio climático, lucha contra la deforestación, protección de la biodiversidad, conservación de las áreas naturales protegidas y el respeto y reconocimiento a los pueblos amazónicos. Asimismo, promovemos la participación de manera efectiva e informada de nuestras poblaciones en el desarrollo de nuestra región, enmarcado y alineado con la política y normatividad con la que cuenta el Estado Peruano.

2.- Del análisis del denominado “Acuerdo de Escazú” resulta claro que las decisiones sobre nuestro medio ambiente y sus controversias serán trasnacionalizadas. Es decir, ya no dependerán de los peruanos ni de nuestras instituciones públicas, sino de organismos internacionales. No sólo ubicados fuera de nuestras fronteras, sino comprometidos con intereses ajenos a los nacionales. Esta forma de entregar la soberanía, de perder capacidad sobre el legítimo aprovechamiento de nuestros recursos naturales, se fundamenta en opiniones que consideran que solos no podemos administrarlos como es debido y porque inevitablemente vamos a destruirlos, a pesar que tenemos una copiosa Legislación sobre la materia reconocida por todos. Los peruanos necesitamos “como los niños una tutela internacional” para conservar la Amazonía.

3.- Considerando la importancia y trascendencia que tiene para el país este tema, merecemos ampliar y profundizar un debate serio, profesional, técnicamente fundamentado, con la participación de todos los actores del sector público y privado, de la Sociedad Civil organizada y las respectivas autoridades de los Gobiernos Regionales y Locales, así como la opinión especializada del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

4.- Expresamos la necesidad de que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República convoque a los representantes de los Gobiernos Regionales, Locales y Sociedad Civil a una sesión de la Comisión a efectos de recibir información en relación al acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe “Acuerdo de Escazú”.

5.- Finalmente por los argumentos vertidos y el análisis realizado, concluimos que el “Acuerdo de Escazú” resulta lesivo para la región Amazónica y el país, por lo tanto, expresamos nuestro rechazo a la aprobación por parte del Congreso de la República, toda vez que están en juego los intereses del Perú y especialmente los de la Amazonía. Por eso defenderemos la soberanía plena sobre nuestros recursos naturales, de modo que estén al servicio del desarrollo nacional y el bienestar de nuestros pueblos.

Por la Mancomunidad Regional Amazónica,