ESCRIBE: Tato Barcia
En sesión ordinaria del Consejo Regional del 11 de junio se acordó declarar en “Reestructuración Administrativa” al Gobierno Regional de Loreto y encargar a la Gerencia General su implementación en un plazo de 120 días hábiles. Las razones y motivación de esta medida radical están contenidas en la “Ordenanza Regional No 009-2019-GRL-CR”, que fue publicada en el portal www.regionloreto.gob.pe. El área de planificación o racionalización del GOREL será la encargada de conducir los procesos de elaboración y formulación de los documentos de gestión, especialmente del ROF, en el que el Ejecutivo (Gobernador) y el Consejo Regional (Consejeros) cumplen roles complementarios, para el éxito del proceso.
Como consecuencia de esta declaratoria resulta obvio que se iniciará un proceso de evaluación y selección del personal que deberá culminar con la aprobación de un nuevo Cuadro del Personal “CAP” (personal que pertenece a la estructura orgánica prevista en el ROF) y el retiro del exceso de personal bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios “CAS” (personal que trabaja con contrato Administrativo de Servicios) con el consiguiente despido de cientos de trabajadores, argumentando que nuestra primera institución regional se habría convertido en una agencia de empleo durante las gestiones anteriores. Sin tener en cuenta que actualmente estos trabajadores son dependientes directa o indirectamente del GOREL. Aquí en este punto nacerán nuevos problemas, porque no hay que olvidar que, el derecho de estabilidad laboral constitucionalmente consagrado supone que estos trabajadores que serán afectados no pueden ser despedidos sino por causa justa, debidamente comprobada; por lo que los procesos especiales de cese que se inicien de los servidores públicos por reestructuración y reorganización, deben realizarse con escrupulosa observancia de las pautas previstas en la Ley autoritativa, a fin de no vulnerar sus derechos fundamentales.
Como vemos se está preparando un despido significativo de trabajadores del GOREL, y es muy fácil ahora echar a la calle a muchos trabajadores, porque a diferencia del sector privado, que tiene numerosas restricciones debido a las incontables normas laborales, una muy alta proporción de empleados del GOREL son precarios, están contratados por orden de servicios o como CAS. Esos contratos tienen vigencias muy cortas y se van renovando cada mes, cada dos meses, etc. Con no renovar los contratos a su vencimiento, se pueden despedir a cientos de empleados en muy poco tiempo. La idea sería de recortar sus gastos en cierta proporción, lo cual implica empezar de inmediato los despidos. Y ese, al parecer, es solo el primer tijeretazo presupuestal. Después vendrían otros. Se estarían haciendo las listas de despidos que empezarían en el último trimestre de este año. La idea es que eso se compensaría con el aumento de la inversión pública que activaría la economía regional y crearía nuevos empleos. Pero hay dos problemas. Uno, que los despidos son inmediatos y, por tanto, esos trabajadores se quedan sin ingresos en ese instante. El incremento de la inversión pública siempre es lento, puede demorar muchos meses, y sus efectos sobre el empleo más tiempo todavía. Esta decisión se va a aplicar cuando el empleo está en su peor momento en los últimos años en Loreto. Todas las cifras muestran que el empleo formal sólo llega al 9.7% de la PEA; y sigue disminuyendo al tiempo que el número de los que ingresan al mercado laboral va aumentando.
Para ello la gerencia general del GOREL propone la modernización de la estructura orgánica, del reglamento de organización y funciones, y del cuadro de puestos de la primera institución regional, lo que supondría no necesariamente un salto de “calidad”, pues con esta ordenanza el propio Gobernador, Elisban Ochoa, está reconociendo implícitamente que el GOREL carece de un número adecuado de profesionales especializados para cumplir las tareas que la ley le asigna y que la región necesita. Esa es la razón de fondo por la que pretende realizar una reorganización que incluye aspectos funcionales, estructurales y de recursos humanos, entre otros. Lo cierto es que la incidencia del personal nombrado y/o contratado no incide significativamente en la ineficiencia del Gobierno Regional, con relación al pobre desarrollo de Loreto. Si tomamos en cuenta que en recursos humanos se considera que el ambiente influencia directamente sobre la motivación, por lo tanto la cualidad o propiedad del ambiente humano que perciben o experimentan sus miembros y necesariamente influye en su conducta, entonces el GOREL debe utilizar instrumentos y medios que le permitan, periódicamente, evaluar y mejorar el recurso humano. Con la finalidad de promover la coordinación, la cooperación, el contacto, la confianza, el bienestar, el respeto, la satisfacción, la comunicación y la debida atención de los servidores de las diferentes áreas que la componen; para que puedan realizar un trabajo en equipo y no aislado. fomentando reuniones periódicas y consecutivas con el personal de las diferentes áreas, donde se tendrán que identificar las debilidades de cada una de ellas, esto coadyuvará a superar los inconvenientes presentados en la jornada laboral a la brevedad posible, pues si se pretende despedir el “supuesto” exceso de personal; se corre el riesgo de que esta acción se prolongue más de la cuenta y la misma termine convirtiéndose en un problema mayor.
Entre las posibles reformas, que la actual gestión del GOREL pretende hacer; hay una que está en la base y le da sostenibilidad a las demás, y esa es precisamente “la reforma del sistema de recursos humanos”. Recordemos que desde hace meses se ha venido criticando el cambio continuo de funcionarios de confianza de la actual gestión regional. Porque con el cambio de funcionarios, cambian hasta 3 niveles hacia abajo. Más del 70% de los puestos directivos son “de confianza” (de libre designación y remoción). Cuando cambia la autoridad, cambian todos. Ingresan nuevas prioridades, se genera curva de aprendizaje, se pierde memoria institucional, en varios aspectos se empieza de cero. Si a ello sumamos los CAS, que son casi el 20% del total de servidores, el problema es mayor. Ante el último cambio de autoridades ocurrido, en enero pasado con el ingreso de esta gestión; hay la facilidad para decidir no renovar contratos ya que son temporales. Ingresarán nuevos profesionales que se adaptarán, con quienes se retomarán coordinaciones internas y externas. Y además, la designación por “confianza” no garantiza que se trate de profesionales competentes. Tampoco hay garantía en la forma en que se llevaran a cabo los concursos CAS en la actual gestión del GOREL.
Lo óptimo sería que el ingreso del nuevo personal a la Administración del Gobierno Regional de Loreto solo pueda darse mediante un concurso público de méritos, cuando la vacante haya sido presupuestada y sea de duración indeterminada, pues es la única forma de garantizar que fue seleccionado el postulante que mayor mérito demostró, respetando el parámetro objetivo que la igualdad requiere. Además debemos recordar que se genera un derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, el cual necesariamente será confrontado con el derecho a la estabilidad laboral. Si bien es cierto el concurso público es como una especie de garantía del proceso de selección del personal. Sin embargo, su aplicación debería ser mucho más amplia y cuestionada inclusive, pues no existe una regla absoluta en nuestro ordenamiento jurídico. Es por ello que optar radicalmente por esta modalidad, sin una ponderación previa es criticable. ¿Qué resulta positivo? Pues las sanciones administrativas y civiles contra los funcionarios que no respetaron el procedimiento de selección. Esto generará un buen incentivo para que no se abuse de la contratación fraudulenta en el GOREL. Sin embargo tienen ante sí, la oportunidad histórica de impulsar la implementación de un sistema meritocrático y con carrera pública por primera vez en nuestra Región.
La ausencia de un plan regional con un nivel de detalle suficiente resulta en que cada sector planifique sin llevar en cuenta el resto ni todos los factores involucrados ni sus consecuencias. Hay, en medio de tantos planes, algunos que vistos aisladamente están bastante bien hechos. Pero la mayor parte no sirve para nada excepto para cumplir un ritual, que consiste en copiar los diagnósticos de otros textos, con errores incluidos y luego simplemente dicen lo que les da la gana, sin mayor análisis ni consulta. Olvidan que planificar implica priorizar y ordenar, haciendo primero lo que debe ser previo. La mayoría de estos planes carecen de cronogramas, presupuestos y de mecanismos de monitoreo y control o evaluación. En otras palabras, estos planes son, en general, colecciones de ideas de obras que supuestamente son reclamos populares o, simplemente que fueron del agrado de los dos últimos gobernadores regionales, a ello agreguémosle el cambio de cabezas y personal ejecutor. La planificación no es la panacea para el desarrollo, pero sí es una de sus herramientas esenciales. Construir una región sin usarla es condenarlo al fracaso o, por lo menos, a una acumulación de problemas y de costos económicos, sociales y ambientales innecesarios. Por otro lado, se olvidan que ese personal desechado forma parte de “Algún plan a futuro” por lo que irremediablemente se verá desconfigurado.
