¿Qué tal si cada uno narra los hechos concretos de violencia que ha cubierto? ¿Qué tal si los colegas dejan de hablar tonterías y escriben unas líneas sobre los últimos casos de violencia que le ha tocado vivir y transmitir? Seguro que hay muchos y que la mayoría no salen a la luz porque no terminaron en muerte. Pero mortales o no, los hechos de violencia van desde la explotación sexual hasta el feminicidio, pasando por los juicios por alimentos que, para variar, no reciben la atención de los medios porque detrás están poderosos que, además, quieren mostrar su poder de diversas maneras.
Una noche cualquiera la esposa de un periodista me llama alarmada porque han detenido a un empresario por el presunto delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. Corro a la dependencia policial y cuando uno de los policías me muestra la foto del detenido, caigo en la cuenta que no es el empresario, sino su hermano. Así se informa y varios diarios hacen lo mismo. Es decir, “detienen a hermano de empresario por el delito de trata de personas”. Era relevante. Es como si en Lima, digamos, detienen al hermano de un empresario conocido y poderoso. Era lo periodísticamente correcto. Tanto la Policía como el Ministerio Público lanzaron la versión que como el receptor –que también tendría que ser investigado por el delito- no había sido beneficiado y que el hecho no se consumó, entonces no hay pruebas. Vale decir que, paradójicamente, al intervenir el Ministerio Público y la Policía evitando que el delito se concrete lo que hizo es “salvar” al sujeto. Semejante lógica es, por decir lo menos, cuestionable. Ahí no queda el asunto: el hermano del detenido ha iniciado un proceso porque afirma que al vincularle al detenido he dañado su reputación y eso le ha perjudicado económicamente. Tanto así que pide un millón de soles como reparación civil. Un típico caso de prepotencia donde el prepotente se considera potente.
Una tarde un primo de una señorita me llama para pedir por favor que atienda a su pariente porque ha iniciado un juicio por alimento y que ante el pedido del denunciado se ha realizado la prueba de ADN que, además, salió positivo y que el Poder Judicial está demorando meses en emitir la resolución que, en otros casos, debe ser inmediato. Ante ese relato pido a dos colegas que escuchen la versión de la demandante y ambos se quedan sorprendidos por el caso. La señorita, entre sollozos y visiblemente desesperada, narra hechos traumáticos y confiesa que teme ser atropellada en su derecho, que es el derecho también de su hija al apellido y a la asistencia familiar. Añadido a esto que el denunciado es –los documentos entregados al Poder Judicial, así lo corroboran- uno de los que factura varios cientos de millones a entidades públicas y los mil soles que le solicitan en verdad no le perjudica económicamente. Cotejadas las fuentes, verificados los datos y la negativa del abogado del empresario de dar su versión –el letrado inventó viajes y otras cosas- y las declaraciones del representante del Poder Judicial solo quedaba el camino de la publicación. Así se hizo. Al día siguiente de la publicación, el Juzgado emitió la resolución dando la razón a la demandante, quien llamó para agradecer lo que habíamos hecho para que su derecho sea respetado. Días después la misma señorita llama sollozando para indicar que está siendo presionada para que denuncia porque hemos “violado la intimidad” y que la están obligando a denunciarnos en el Ministerio Público. Las presiones son terribles, confiesa. Le han dicho que entre los periodistas que publicaron la nota y el vínculo sanguíneo de su hija lo mejor es optar por lo segundo. La última vez que llama por teléfono es sólo para escuchar su llanto que grafica su desesperación. Días después, lo previsible. Llega la notificación del Ministerio Público donde se inicia la investigación preliminar porque la que demandó por paternidad y pidió que atendiéramos su caso por ser justo, termina demandándonos.
Seguro que hay miles de casos de violencia contra la mujer. Los más sonados –y está bien que así sea- son lo que terminaron con la vida de quienes la sufrieron. A nivel nacional está Eyvi Ágreda que ha puesto los pelos de punta a los peruanos por la forma cómo fue asesinada. A nivel regional está Tessy López que ha puesto en alerta a los requeninos e iquiteños porque todos los caminos conducen a que el autor de ese macabro crimen también era su enamorado. No son los únicos casos, lamentablemente. Ojalá fueran los últimos. Que no sigan matando a la gente en nombre del amor, del enamoramiento. Para evitar ello, tenemos que poner en agenda los casos de violencia como los aquí narrados. Los periodistas tenemos una enorme responsabilidad. Las denuncias de quienes se creen intocables y de las propias víctimas no deben amilanarnos. No.
