ESCRIBE: Percy Vílchez Vela
El presente Congreso debería cerrar con un golpe seco y arrojar a la mera calle a los parlamentarios que no quieren irse a sus casas, pese al desprestigio de los actuales escaños. Ese recinto es como una sentina que suelta malas noticias de gastos exagerados, paseos indebidos, compras absurdas, favoritismos sospechosos y otras perlas. Uno de los delitos más cantados, más reiterados, es la estafa de los sueldos a diferentes trabajadores que sirven a algunos congresistas inescrupulosos. En crónica anterior nos referimos al hecho pesetero de la congresista loretana, Rosío Torres que en la actualidad está siendo investigada. Entonces, ingenuamente, creíamos que el peseteo había terminado aunque sea por un tiempo. Nos equivocamos, porque acaba de aparecer otra parlamentaria con las mismas mañas y malas costumbres de la referida.
La otra pesetera congresal se llama Heidy Juárez. Ella no tiene ningún prestigio entre los curules, nada especial la distingue entre los ineptos y glotones parlamentarios de hoy, pero viene llamando la atención por cercenar sueldos a diferentes servidores. La mencionada es bastante ambiciosa y no ha escatimado esfuerzo para sumar su recorte, llegando a los 1000 soles por cabeza. Hasta ahora han sido 4 los trabajadores de su Despacho que se han atrevido a presentar la denuncia. Por lo tanto, la pesetera se soplaba 4000 soles mensuales, algó así como 4 sueldos básicos y mínimos en el convulso Perú de estos tiempos. El delito que ella ha cometido, según los entendidos en la rapaz materia, es de concusión.
Lo que de entrada sorprende en ese hecho bochornoso es el silencio de los servidores afectados como si tuvieran miedo de denunciar el ilegal corte, permitiendo de esa manera que algunos sinvergüenzas hagan descaradamente de las suyas. Consierando el amor por esa variedad de asalto monetario de parte de los supuestos legisladores, no se puede descartar que en el presente están ocultos muchos casos de peseteo que nadie denuncia. Para acabar con esa lacra, que desprestigia aún más al triste Congreso, sería conveniente que las respectivas autoridades tomen medidas para liberar de los miedos a los asesores y servidores para que denuncien a los mochadores. Un delito oculto hasta ahora se esconde detrás de esos escandalosos cortes congresales.
Nos referimos a las cuotas que están obligados a pagar ciertos trabjadores de determinada gestión gubernamental. Todo servidor contratado, cada fin de mes, está obligado a ceder un porcentaje de su sueldo habitual que es reunido por un racaudador oficial. Esos ingresos pasan a engrosar las filas del partido o de la agrupación que está en el poder. La dolosa costumbre no es reciente, ha ganado carta de ciudadanía y nadie lo considera un delito. Es decir, todo el mundo, con las mandíbulas cerradas y la lengua callada, cumple con pagar ese diezmo. Entonces hay una costumbre generalizada en aceptar como normal un evidente delito que se repite sin ningún inconveniente.
Lo cual significa que para combatir el delito congresal del corte de ingresos había que fijarse primero en esa modalidad del cupo o diezmo para cortar de raíz esa costumbre de beneficiarse con el uso y abuso del ejercicio del poder. Todavía estamos a tiempo de tomar medidas contra ambos delitos, antes de que el ejercicio de la política caiga en una crisis terminal, en un crisis final, que decrete su exterminio acaso para siempre.
