ESCRIBE: Percy Vílchez Vela

La evidente erosión del Congreso no se detiene en estos tiempos de caos nacional. Es como si cada cierto tiempo estallara un nuevo caso de sospecha o de dolo que causa una mayor repulsión en la ciudadanía. En estos días apareció en los medios de comunicación el caso de los inmuebles comprados por ciertos congresistas, algunos de los cuales están siendo investigados por el Ministerio Público. El caso es evidentemente sospechoso porque es imposible que un parlamentario tenga tantos dólares para comprar viviendas caras. Los altos sueldos que perciben no dan para tanto.

¿De dónde va a sacar 800 mil dólares el congresista Carlos Zevallos, de la bancada Podemos, para comprar su nuevo inmueble? ¿De debajo de su colchón, de un préstamo gota a gota, de una providencial tinka?. Nadie lo sabe, ni siquiera los adivinos más certeros. La cuestión es que el congresista citado, como si nada o como si se tratara de un milagro, vive en una nueva morada sin poder demostrar de qué ubre surgió ese billete. Muy suelto de lengua el mencionado refirió que adquirió ese inmueble porque necesitaba huir de la humedad limeña. No faltaba más. Ahora va a tener que huir de la mentira para contar a la justicia cómo hizo para comprar esa costosa morada. Otro congresista que tendrá que dar sesudas explicaciones es el señor José Jerí.

Sucede que el referido invirtió la bonita suma de 750 mil dólares para comprar una nueva morada. Así, como por arte de magia, el parlamentario de Somos Perú cambió de domicilio y todavía no encuentra palabras para explicar el origen de tanto billete. El señor Oscar Zea es un legislador no agrupado que compró un inmueble por 250 mil dólares. Y tampoco, todavía, encuentra palabras para explicar de dónde pecatameó para adquirir un nuevo domicilio. Hay también otros congresistas que en poco tiempo entre los escaños han logrado juntar bastante plata para comprar sus flamantes casas. Es decir, han hecho una afortunada mudanza que es, por decir algo benigno, bastante sospechosa.

Lo turbio del asunto inmobiliario es que 4 de esos congresistas están siendo investigados por el Ministerio Público. Es decir, están bajo sospecha de haber cometido algunos delitos y sus cuentas o sus ingresos exagerados no están claros. Y el escándalo de los inmuebles caros ha estallado en un momento en que la mayoría de la población pide el cierre del Congreso y nuevas elecciones. Como si la protesta, callada o evidente, no fuera nada importante los congresistas se hacen los locos y hasta ahora no designan la fecha de las nuevas elecciones. De esa manera hemos arribado a un absurdo político.

En el escenario oficial entonces quedan los parlamentarios negándose tercamente a acabar con el mandato que recibieron. Hacen hasta payasadas para seguir disfrutando de sus gangas y gollerías, prestan oídos cerrados a las ilusiones de las sufridas mayorías y, lo que es peor, no pueden tapar las brechas o rendijas por donde salen los delitos. Esperamos que las autoridades aceleren las investigaciones sobre las procedencias de las compras de esos inmuebles. De repente evidenciando los delitos, descubriendo las trafas, se pueda ayudar a acabar con el reinado de este nefasto Congreso.