Las cinco congresistas que recortaron los sueldos de sus trabajadores, podrían recibir una pena mínima de 2 y máxima de 8 años de prisión preventiva.

El abogado penalista Benji Espinoza señaló que Magaly Ruiz, Rosío Torres, Katy Ugarte, Heidy Juárez y María Cordero, habrían incurrido en el delito contra la administración pública en la modalidad de concusión. 

Según declaró, existe un dato concreto que las ubica en este delito; por lo que, habría que constatar que sus acciones se dieron mientras tenían el cargo congresal.  De acuerdo al artículo 382 del Código Penal, este delito consiste en que el funcionario público abusa de su poder para obligar o inducir a otra persona a que entregue o que prometa entregar un bien, ventaja o beneficio patrimonial. 

«En el caso de las congresistas se cumplen los tres requisitos. Primero, son funcionarias públicas. Segundo, habría abuso de poder porque se aprovechan de su condición congresal para que a través de un intermediario se les exijan pagar una parte del sueldo que les corresponde como trabajadores (…). Tercero, el beneficio es para ellas o un tercero», señaló Espinoza.