Las investigaciones en Fiscalía de la Nación a los congresistas acusados de ‘mochasueldos’ están en sus días decisivos. En la primera mitad del 2023, las denuncias a los legisladores de parte de los trabajadores de sus despachos sacudieron al Parlamento.

En respuesta, el Congreso inició procesos a nivel de la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). Los casos derivaron en ‘blindajes’ o sanciones leves a nivel de la Comisión de Ética, mientras que los que llegaron a la SAC continúan en proceso. A nivel del Ministerio Público, las indagaciones tampoco avanzaron muy rápido: recién en noviembre se presentó una denuncia constitucional en uno de la decena de casos de este tipo.

En el caso de la congresista por Loreto, Rosío Torres, la opción es ampliar el plazo de la investigación preliminar de ocho meses nuevamente de forma extraordinaria. Así ocurrió en el caso de la legisladora, cuya investigación preliminar comenzó el 2 de abril del 2023.

De forma similar, la fiscalía le imputa haberse aprovechado de su condición de legisladora y presidenta de la SAC para “inducir a los trabajadores que le entreguen dinero de sus remuneraciones” a través de una cuenta bancaria a nombre de su sobrino. Como sus colegas, Torres niega la acusación.

Desde la emisión denuncia periodística que dio origen a la pesquisa, hecha por Punto Final, el caso parecía como uno de los más sólidos. Sin embargo, la investigación fue declarada como compleja durante la gestión de Patricia Benavides, con plazo hasta el 1 de diciembre del 2023. Antes de esa fecha, se amplió de forma extraordinaria por dos meses más hasta este jueves 1 de febrero.

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