Los últimos días del año pasado la actividad comercial que genera mayores ingresos para Loreto estuvo semiparalizada, pero activa. Semiparalizada, porque las federaciones nativas decidieron bloquear varios ríos en las cuencas del circuito petrolero. Activa, porque desde una de las empresas operadoras se lanzó la propuesta de otorgamiento de un denominado fondo social para que se destine al desarrollo de los pueblos afectados por la actividad petrolera. Seguido, además, por la posibilidad de un fideicomiso indígena que vienen reclamando los dirigentes indígenas, que aún sin concretarse ya generó divisiones.
La producción del Lote 192 que operaba Pluspetrol hasta el 2015, y luego Perúpetro entregó a la empresa Frontera Energy, como operador hasta el 2021, ha quedado reducida a cero. Este lote, de acuerdo al Decreto Supremo publicado en su momento, se asignó a la empresa Petroperú, que luego de una licitación internacional le otorgó la buena pro a ALTAMESA, como operador del lote. En el caso del Lote 8, la empresa Pluspetrol Norte optó por retirarse unilateralmente. Sin embargo, existe una demanda por parte de Perúpetro para que cumpla con el contrato de licencia. En la actualidad las instalaciones industriales han sido invadidas por pobladores de las comunidades indígenas, sin que haya una acción concreta para establecer el orden en este lote.
En el Lote 192 se ha denunciado el robo de material de esos campamentos, especialmente el cobre, que ha sido confirmado por un informe de Contraloría General de la República donde se señala que “La Contraloría General evidenció daños de equipos en cuatro locaciones de producción de petróleo del Lote 192, en la región Loreto, debido a la falta de vigilancia adecuada, ocasionando que tres de ellas se encuentren inoperativas en la actualidad. Esta situación genera el riesgo de mayores daños al resto de bienes existentes en el referido lote petrolero, bajo custodia y cuidado temporal de Perúpetro S.A., con el consiguiente perjuicio económico a dicha entidad”. El Órgano de Control Institucional (OCI) de Perúpetro, con anterioridad, identificó que en las locaciones Capahuari Norte, Huayuri, Shiviyacu se evidenció la sustracción generalizada del cableado de los equipos de la mini central, sustracción del cableado de salida de la central de generación eléctrica Wartzila, así como la destrucción de los tableros de control de los generadores de energía eléctrica, sustracción de las barras de cobre de sus tableros de control. Es decir, el robo de materiales en las instalaciones del Estado que deberían estar protegidas. Así está actualmente uno de los lotes que tantos recursos dio en el pasado. Hoy, por las pérdidas en todos los sentidos, hasta las federaciones nativas exigen a Perúpetro que se vuelva a operar.
En el lote 67 la situación es similar, sólo que está semiactiva. Los pobladores de Curaray se consideran “afectados por las actividades extractivas del petróleo” a pesar que no están dentro de las áreas de influencia directa ni indirecta, y lo que buscan es la atención del Estado. Las comunidades que apoyan el paro están ubicadas en la zona baja del río Curaray, pues las de la zona alta, que es la zona de influencia de la empresa Perenco no comparten esa posición. Beltrán Sandi, apu de la zona y presidente de la Federación de Comunidades Nativas (FECONCU), al explicar lo que se denomina “el paro amazónico” ha dicho que “no hay otra manera de protestar que haciendo detener las embarcaciones” de la empresa Perenco que opera en la zona norte de Loreto. Las barcazas que transitan por el río Curaray rumbo a Estación Nº 1, San José de Saramuro del Oleoducto Nor Peruano, se han visto afectadas por los reclamos. Desde octubre del año pasado se vive esta situación y la producción ha llegado a cero barriles hasta la actualidad.
Esta situación de la producción de petróleo en los lotes 192, 8 y 67 continúa paralizada y en enero se comenzó mal el año 2022 porque no se ha producido ni un solo barril.
El lote 95 ha sido el más productivo. El año pasado se ha llegado a producir más de 3 millones de barriles. En enero del 2022 se ha producido 430,120 barriles. Es el lote con mayor producción y que ha generado mayor riqueza en la región Loreto, no sólo por los impuestos que paga la empresa operadora, el canon petrolero que genera, sino también porque los ejecutivos de PETROTAL, empresa peruana que opera en el distrito de Puinahua, han lanzado una serie de propuestas. “PetroTal a fin de contribuir como un nexo entre el Gobierno y las comunidades de la región Loreto, la empresa presentó tres propuestas al Ministerio de Energía y Minas, a Perupetro, y a la Presidencia del Consejo de Ministros: establecer un Fondo Social, crear un Fideicomiso Indígena y, redistribución del canon y sobrecanon petrolero en Loreto”, según información que se publicó en noviembre del año pasado en la mayoría de medios nacionales. Una de las más atrevidas ha sido aquello de otorgar el 2.5% de la producción petrolera para el desarrollo de las comunidades. Todos los líderes de las federaciones se han mostrado a favor de la misma y han exigido al Poder Ejecutivo que por lo menos analice las propuestas. En ese estado se encuentran, aunque el Estado no haya mostrado interés siquiera en discutirlo.
El CEO de PetroTal, Manolo Zúñiga, declaró en el diario “Gestión” que “continuamos haciendo esfuerzos relacionados a los temas sociales, demostrando liderazgo con iniciativas que son valiosas y que deberían proporcionar una relación más fructífera y estable entre el Gobierno y las comunidades, para lograr la pasa social”. Sin embargo, aquello del Fideicomiso Indígena ha levantado más polvo. Porque desde las federaciones indígenas, de la PCM y MEF y de economistas y funcionarios de Loreto se han dado declaraciones confrontacionales.
Por ejemplo, el Director de Energía y Minas de Loreto, Gastón García Pizango, ha dicho a Pro & Contra, que se trata de “un engaña muchachos” que no solucionará el problema de recursos y sí va contribuir a crear mayores conflictos. Mientras que el economista Róger Grández desde “Prospectiva Amazónica” ha señalado que “el mal llamado Fideicomiso Indígena enmarcada en el Plan de Cierre de Brechas, y que el Estado mismo sabe que es improbable abrir un presupuesto para constituir un fideicomiso, sabiendo que va contra la Cuenta Única del Tesoro (CUT), como también no calza en las condiciones de exigencias financieras (fondo constituido y garantizado para gastos a futuro). El Estado está jugando un partido con demasiados riesgos de acción, al parecer sin ánimo de solucionar el problema, y con mala intención de seguir postergando soluciones integrales en suelo indígena”. Richard Vásquez, asesor de las federaciones, ha señalado en Pro & Contra, que la propuesta ya tiene la aprobación del Poder Ejecutivo y que la están evaluando para ver la forma en la que se concreta. En ese mismo sentido, José Fachín, el asesor indígena más activo cuando se presentan conflictos sociales ha asegurado que “el fideicomiso indígena se dará sí o sí” (Diario Pro & Contra del lunes 31 de enero).
En todo este ambiente ¿es posible una paz social con desarrollo en los pueblos de Loreto? Un conocedor del tema petrolero es José Mansen Bellida, quien en declaraciones a la Red de Medios Digitales explicó que “solo vamos a tener paz social, cuando se cumpla con lo que se ha comprometido el Estado y que está por Decreto Supremo Nº 145-2020-PCM, que es, el cierre de brechas que se necesita y es importantísimo hacerlo ya”.
“La población exige a la empresa privada –que no está obligada a atenderlos- porque es la única manera de llamar la atención del Estado y es cuando toman las empresas privadas y exigen lo que en condiciones normales tendrían que ser atendidas por el Poder Ejecutivo. Siempre se fueron contra Oxy y Pluspetrol con justa razón o no, porque han contaminado los ríos y los bosques, es cierto, pero es que no fueron fiscalizados por el Estado. El Estado nunca se quiso hacer cargo del problema y simplemente “pateó la pelota” para que las empresas se hagan cargo. Y lo único que tienen las poblaciones es la empresa que la tienen enfrente y a ellos les exigen lo que le corresponde al Estado, que les hagan un colegio, una posta médica. La empresa lo puede hacer sí, pero tiene que haber el sostén que es el Ministerio de Educación y los sistemas de salud igualmente. Como empresa no se puede decidir sin la aprobación del Estado”, dijo el mismo Bellido.
Hace unos días llegaron hasta Saramurillo ejecutivos de PetroTal, Petroperú, PCM y del Gobierno Regional de Loreto para el inicio de la obra de construcción del local comunal. La obra es cofinanciada por la empresa privada y aunque ello no asegura la paz social, por lo menos da un respiro para la continuidad de las operaciones petroleras que no es sólo de explotación sino de traslado del crudo ya sea hacia Brasil o por el Oleoducto Nor Peruano para su comercialización.
Todo ello ocurre en un clima político nacional donde no se sabe qué va suceder. Es necesario que exista paz social en todos los pueblos de Loreto, especialmente la zona petrolera, pero si desde el Estado no se diseña una política concreta para el Plan de Cierre de Brechas la misma seguirá abierta de manera inversamente proporcional a los pozos petroleros que se mantienen cerrados.
