Durante esta semana, gracias a la investigación periodística realizada por IDL Reporteros, teniendo a la cabeza a Gustavo Gorriti, se destapó una esquela de tráfico de influencias y corrupción que involucra a los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Iván Noguera, Guido Águila y Julio Gutiérrez; así como, a Walter Benigno Ríos Montalvo, presidente de Corte Superior de Justicia del Callao, a César José Hinostroza Pariachi, presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, a la “señora K” y a la “fuerza N° 1”.
Ya todos sabemos, por ser este un tema tan mediático, que esto mella aún más el concepto que tiene la sociedad en su conjunto de los jueces como administradores de justicia y del CNM, que es el órgano que los selecciona, así como la evidente identidad de la “señora K” y de “fuerza N°1”; pero lo sorprendente en este caso, es la desfachatez y soberbia, amparada en una falsa sapiencia y conocimiento de leyes, con la que el señor juez supremo Hinostroza alega su defensa, señalando que los audios no contienen material que evidencie algún delito de su parte y que dichos audios fueron recopilados de manera “ilegal” puesto que la interceptación fue ordenada por un juez que carecía de competencia.
Ante esto, es preciso dejar en claro que, si bien el principio de legalidad es importante, los principios éticos –que este personaje claramente no los tienen- son universales; en ese sentido, no importan los legalismos si son para ocultar acciones carentes de ética, por lo que, la defensa de Hinostroza se puede considerar inválida, puesto que de los audios claramente se evidencia el tráfico de influencias y manejo de los procesos conforme a arreglos a los que se pueda llegar.
Quizá la argumentación de la ilegalidad de los audios es congruente en base a la normativa vigente, lo que conllevaría a que el control jurisdiccional y administrativo en el presente caso no podrían ser empleados, pero como ciudadanos podemos hacer uso del control social para sancionar estos hechos y a sus implicados, exigiendo a nuestros representantes que hagan el debido uso del control político para sancionarlos y no vuelvan ejercer cargo público alguno, por la evidente falta de ética.
Asimismo, me sumo al llamado realizado por el señor Rubén Meza, en su columna “la mosca en la sopa”, debido a que esta crisis de ética y moralidad flexible, por parte de nuestros servidores públicos, puede ser una oportunidad para que nosotros los ciudadanos, ejerciendo el control social, elijamos de forma correcta, empezando por estas elecciones regionales y locales.
Insto a mis conciudadanos a optar por lo mejor y no por lo menos malo; recordemos que el poder viene desde nosotros y es por ello que podemos poner los límites necesarios a la escasa ética de los servidores, olvidemos los intereses partidarios y personales sancionando socialmente a los involucrados en este caso, elijamos lo mejor para el país, ello es nuestro deber.
Miguel Angel Rojas Rios
Abogado
Maestrando en Gobierno y Políticas Públicas
rojasr.miguel@pucp.edu.pe
