Víctor Soto, jefe del Organismo Público Infraestructura para la Productividad (OPIPP), indicó que las normas peruanas blindan a las empresas que incumplen con la ejecución de obras.
“Como entidad pública no podemos rescindir el contrato sin los causales que corresponda, porque nos hacemos acreedores de una denuncia penal por abuso de autoridad”, dijo.
Al referirse a la obra que se ejecuta en el sector de San Antonio, indicó que identificaron en el consorcio hasta 15 causales de incumplimiento en sus obligaciones contractuales.
“De ellos tomamos solo 3 para rescindirles el contrato, porque la norma indica que una vez que rescindimos contrato no puedes acumular causales. Sin embargo, ahora está el proceso arbitral y a nosotros solo nos corresponde defendernos”, manifestó.
