[APRUEBAN DENUNCIAR PENALMENTE A].
Entre otras irregularidades se ha detectado que en la ejecución de los trabajos de ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado e instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Iquitos, el presupuesto inicial se habría incrementado en un 74.9 %, perjudicando al Estado por más de 315 millones de soles; pese a que la obra, que debió ejecutarse en 18 meses, lleva un retraso de tres años y diez meses, entre otras.
Los ex gobernadores regionales de Cusco, Jorge Acurio Tito, y de Loreto, Yván Vásquez Valera, así como los más altos funcionarios de su administración en el período 2011-2014, serían denunciados penalmente por la presunta comisión de ilícitos penales en la ejecución de diversas obras de infraestructura en sus respectivas jurisdicciones.
Así lo acordó la Comisión Fiscalización y Contraloría, que preside Gustavo Rondón Fudinaga, en su sesión, en la que se dio cuenta de los informes finales de las investigaciones hechas a ambas administraciones. Los informes serán sometidos a consideración del Pleno para su ratificación y ejecución.
En todos los casos se habrían cometido los delitos de peculado agravado, colusión agravada, asociación ilícita para delinquir, omisión de funciones, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, y otros ilícitos penales.
El informe recomienda al Ministerio Público que acelere las investigaciones, que se encuentran a nivel de investigación preliminar, y declare la competencia de la Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios; y la intervención de la Contraloría General de la República para que cumpla con sus funciones e inicie un proceso sancionador, entre otras.´
Respecto a la región Loreto, el informe señala que la administración de Vásquez Valera interpretó a su modo la Ley de Presupuesto General de la República del 2009 y decidió comprometer el ciento por ciento de los recursos provenientes del caso, para cubrir su deuda proyectada hasta el año 2023. Esa decisión se tomó sin tener en cuenta la distribución de esos recursos, ni consultar a las instituciones beneficiarias (municipalidades provinciales y distritales, instituciones autónomas, universidades, INIA, etc.), que resultaron afectadas en sus respectivos presupuestos.
Por favor, que esperan que no formulan la denuncia penal. Estos señores que no aman a su pueblo, que no han correspondido a la confianza que el pueblo ha depositado en ellos, para un manejo honrado de la cosa pública, lógicamente deben ir a dar a la cárcel.
Quienes tardan en estas gestiones no viven en Iquitos, por tanto, no tienen la experiencia de lo que es tener que lidiar con el agua que ingresa a sus viviendas.
No hay que ser experto para comprender que estos señores han cometido delito al actuar de esa manera, perjudicando a la población en general. Por tanto, deben rendir cuenta a la justicia.
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