ESCRIBE: Jaime A. Vásquez Valcárcel
Hoy es Escazú, anteayer el Tratado Salomón Lozano, ayer el Tratado de Itamarati, antes el Protocolo de Río de Janeiro. En medio de todo ello una renuncia permanente al pensamiento crítico. Una devoción patológica al pensamiento único. Escazú, como todo tratado, no es bueno o malo de por sí. Su aplicación tiene que ser de cuidado. Y hay que cuidarla. Escazú tiene por objetivo “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”. Artículo primero. ¿Alguien se puede oponer?
Un periodista o abogado no puede estar en desacuerdo con el “Acuerdo de Escazú” porque en la mayoría de sus artículos garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia. Que son logros difíciles de alcanzar y que poseen barreras con las que cotidianamente nos enfrentamos los que tenemos como materia prima la información y la justicia. Es decir, periodistas y abogados. Más del 95 por ciento del texto de Escazú va en ese sentido. Se dirá que las leyes nacionales garantizan lo mismo. Es verdad. Ahí está la LEY Nº 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pero no es suficiente, como se nota en la práctica.
Así podríamos llenar páginas con los artículos del Acuerdo de Escazú. El artículo 5 que está referido a la información ambiental en uno de sus puntos establece “Cuando la información solicitada o parte de ella no se entregue al solicitante por estar en el régimen de excepciones establecido en la legislación nacional, la autoridad competente deberá comunicar por escrito la denegación, incluyendo las disposiciones jurídicas y las razones que en cada caso justifiquen esta decisión, e informar al solicitante de su derecho de impugnarla y recurrirla”. Ratifica lo que se establece en la legislación nacional. ¿Dónde se pierde soberanía?
Se beneficia a las ONGs, se dice. Media verdad. Con o sin “Escazú” los oenegeneros majaderos se las ingenian para abrirse espacio. Es necesaria la cooperación internacional para cubrir lo que el Estado no es capaz de atender. Ahí entran las Ongs y está bien que lo hagan. Si nos empeñamos en incentivar la alianza pública/privada para la ejecución de obras no hay motivo para satanizar la cooperación internacional bajo la aseveración que son ambientalistas y oportunistas quienes las dirigen. Identifiquemos y retiremos a los que tienen ese comportamiento.
Un añadido con relación a las ONGs. Bien harían los que se empeñan en generalizaciones injustas en mostrar casos específicos de mal uso de recursos por parte de estos organismos. Claro, eso va suponer, que se haga público los convenios que tienes esas ONGs con instituciones como la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana o, para no agotarlos con una larga lista, el Gobierno Regional de Loreto. También permitirá conocer con detalle cómo así un municipio de Chile envía dólares a un organismo que opera en Iquitos. También servirá para conocer cómo los autotitulados “progres” de la floresta han tenido la genial idea de acurrucarse ante la sotana para mejorar la educación y no han hecho nada tangible por el desarrollo propio y menos lo harán por el ajeno.
Con reservas, sí. Con el ojo público bien abierto, sí. Con la mirada sospechosa hacia los organismos no gubernamentales, por supuesto. Esas miserias que se nota en quienes desde fuera del Estado se sirven del propio Estado no debe llevarnos a renunciar a principios fundamentales de derecho a la información, acceso a la justicia y a la participación pública. Si carecemos de mecanismos que aseguren esos logros ¿por qué tendríamos que oponernos a los que apuntan en ese mismo sentido?
Finalmente, por enésima vez. Con Escazú no se acaba ni comienza el mundo. Como no se acabó ni terminó con anteriores tratados. Que sirva este debate para conocer quiénes fijan posición y quiénes ensayan pensamiento crítico. Los que enarbolan el pensamiento único son los mismos que epidérmicamente dicen defender la pluralidad bañados de un sectarismo tremendo. Como ya ha sucedido en otras épocas, los que más se oponen a un Acuerdo son los que terminan beneficiándose. Se firme o no Escazú, me temo que no será la excepción. Motivemos el pensamiento crítico, desterremos el pensamiento único.
