Por: Elena Burga Cabrera
“Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley” (Art. 48 de la Constitución Política del Perú)
Doña María Antonia Díaz Cáceres es una mujer quechua hablante monolingüe trabajadora ambulante en el mercado de Carhuaz, en Ancash. Un día la Municipalidad hizo firmar a María un documento escrito en castellano, el mismo que no pudo entender porque no hablaba castellano, y tampoco sabía leer y escribir. Este documento resultó ser un “acuerdo” en el que ella aceptaba dejar su puesto, para ser ocupado por otra persona. Esto que le pasó a María no es un hecho aislado y le pasa a diario a miles de mujeres y hombres de pueblos originarios o indígenas en diferentes lugares del Perú. En efecto, estos ciudadanos y ciudadanas, que de acuerdo con el último Censo de Población 2017 suman 4 millones y medio de personas y representan el 16% de la población nacional, no sólo reciben notificaciones o se ven obligados a aceptar documentos en una lengua que no hablan, sino que los servicios públicos que reciben del Estado no se dan en su lengua materna. Ellos son tratados como extranjeros en su propio país. Si bien en los últimos años existe una mayor sensibilización en torno a la necesidad de ofrecer los servicios públicos en la lengua materna de las y los ciudadanos, aún falta mucho por hacer para garantizar este derecho fundamental, y para ser considerado como un criterio de calidad del servicio. La demanda por una educación en la lengua materna y de acuerdo a la cultura de los niños, niñas y adolescentes de pueblos indígenas se ha ido atendiendo progresivamente, aunque aún hay mucho por hacer para lograr una Educación Intercultural Bilingüe de calidad en todas las escuelas que atienden a estos estudiantes. Salud es otro sector que ha avanzado en esta dirección, pero todavía con iniciativas focalizadas en algunos hospitales y centros de salud, y en muy pocas regiones. El RENIEC cuenta con Registros Bilingües en nueve lenguas indígenas, pero aún falta el uso de las lenguas indígenas en otros servicios que ofrece. El Poder Judicial viene trabajando el programa de Justicia Intercultural y en ese marco se han desarrollado algunos procesos judiciales con traductores e intérpretes, y se han emitido sentencias en quechua y aimara, principalmente. Asimismo, se observan un conjunto de “buenas prácticas” que se dan en diversos espacios de la gestión pública, como la atención en quechua en algunas comisarías de Lima y otras regiones del país; las “Ventanillas bilingües o multilingües”, que funcionan en algunos municipios; así como algunas iniciativas de empresas privadas que buscan brindar un mejor servicio a los usuarios en su lengua materna indígena. Podemos notar avances importantes en los últimos 10 años, y de seguro existen más iniciativas positivas a lo largo del Perú; sin embargo, a puertas de llegar a cumplir 200 años como República, estos avances son absolutamente insuficientes. Es necesario, como señalan la Constitución y la Ley de lenguas 29735, que las lenguas originarias sean declaradas oficiales en los lugares donde predominan y que los servicios públicos, como la atención en postas médicas, escuelas y colegios, Banco de la Nación, Centros de Emergencia Mujer, comisarías, municipalidades, entre otros;se ofrezcan en estas lenguas. Volviendo al caso de María Antonia, luego de casi cuatro años de lucha, logró que se hiciera justicia, y en abril del 2018 el Tribunal Constitucional, en una sentencia histórica, no sólo determinó que se le devolviera su puesto de trabajo y se le diera la reparación económica respectiva, sino que, apelando “al derecho al uso del propio idioma ante cualquier autoridad reconocido en el artículo 2, inciso 19 [de la Constitución Política del Perú] y el derecho a que en la zona donde predominen las lenguas originarias, éstas sean instituidas como idiomas oficiales…” dispone que todas las entidades públicas y privadas oficialicen el uso del idioma quechua en la provincia de Carhuaz. Pero lo más interesante es que la sentencia no se queda en el caso de María Antonia y en Carhuaz, sino que dispone que el Ministerio de Educación apruebe en un plazo de 6 meses el nuevo Mapa Etnolingüístico del Perú1 – que establece los lugares donde predominan las lenguas originarias – y exhorta a todas las entidades públicas y privadas de todo el Perú a hacer sus máximos esfuerzos para que, antes del Bicentenario de la Independencia, oficialicen el uso de la lengua originaria predominante en sus ámbitos de desarrollo. De acuerdo con el Mapa Etnolingüístico del Perú recientemente aprobado (DS Nro. 011- 2018-MINEDU), hay 27 – de las 48 lenguas – que predominan en alguna región, provincia o distrito. Este año 2019, declarado además como “Año Internacional de las Lenguas Indígenas”, ya debió haberse iniciado la oficialización de estas 27 lenguas en esos ámbitos – mediante Decreto Supremo – como lo señala la Ley de Lenguas (N° 29735). Esto a su vez debe conllevar a que las entidades públicas empiecen a ofrecer los servicios en estos idiomas en los distritos, provincias y regiones donde predominan. Si bien esta tarea es compleja, es totalmente posible de lograr. El Perú cuenta ya con más de 500 traductores e intérpretes en 37 de las 48 lenguas, formados por el Ministerio de Cultura2 , y casi dos mil funcionarios han sido certificados en sus competencias en quechua, en algunas de las regiones con mayor predominancia de esta lengua (Cusco, Apurímac y Ayacucho). Esta deuda histórica con nuestros pueblos indígenas u originarios requiere de una mayor voluntad política de parte del Ejecutivo, en los distintos sectores, y de gobiernos regionales y locales, y de un mayor presupuesto. Podemos llegar al Bicentenario en 1 El Ministerio de Educación aprobó el Mapa Etnolingüístico del Perú en octubre del 2018, cumpliendo el plazo del TC. 2 Existe un registro de estos traductores e intérpretes que pueden ser contratados por distintas entidades del Estado y por empresas privadas. Mejores condiciones, como corresponde a un país que valora su diversidad cultural y lingüística como potencial de desarrollo, y atiende y trata a sus ciudadanos y ciudadanas como tales.
