[POR ROBO AGRAVADO, USURPACIÓN ILÍCITA, ESTAFA Y HOMICIDIO].
Se espera que en los próximos días se dé nuevamente un lanzamiento judicial; sin embargo el tema de las invasiones es un problema del cual lamentablemente seguiremos informando.
Las investigaciones y procesos en contra de Doris Gonzales Torres van investigaciones por lesiones leves, estafa, usurpación de tierras, robo agravado entre otras por lo que nos preguntamos qué tipo de relación guarda la mencionada fémina con la actual invasión de más de 300 personas dentro de un predio mayor a las dos hectáreas y cuyos ocupantes se niegan a abandonarlo a pesar de que ya se dio la muerte de un joven, heridos otros tantos y cuantiosas pérdidas económicas.
En las últimas semanas la zona sur de Iquitos ha reflejado la falta de criterio de las autoridades policiales y judiciales pues se conoció, mediante denuncia de agraviados que los cabecillas de las usurpaciones de tierra serían el clan familiar González Torres posesionados del extenso terreno en Anita Cabrera (ex granja). Con documentos en mano integrantes de la familia Sanjurjo enviaron a diversas medios de comunicación información judicial donde se determinaría que las hermanas González Torres (Doris, Daisy y Leyli), en especial la primera en ser nombrada – han sido denunciadas y actualmente son investigadas por delitos como usurpación ilícita, robo agravado, estafa y hasta homicidio, entre otros.
En palabras de los últimos afectados la modalidad usada por las sospechosas va más allá del acto samaritano y el objetivo principal ante todo es el lucro monetario, pues al adueñarse de tierras que tienen dueño y luego traficar con estas en un rentable y lucrativo negocio basado en lo endeble de nuestras leyes ante este tipo de delitos. «No negociaremos con terceros pues los terrenos fueron vendidos y lo que ocurra de aquí en adelante es responsabilidad de los usurpadores. Ya hay una persona fallecida y las cabecillas tendrán que responder por lo que sucedió. Que la Fiscalía agilice las diligencias pues aquí debe primar la legalidad», indicó una de las solicitantes. Se conoció además – según denunciantes – que parte del clan lo formaría un hombre de leyes identificado como Mario Ernesto Cruz Arirama, quien labora en el sector Justicia – quien sería pareja de la menor de las hermanas por lo que todo el sistema para apropiarse de tierras tendría como engranaje el clan familiar; el mismo que aún permanece en dicho sector a la espera de negociar con los dueños del predio o en todo caso quedárselo en base al cansancio y gasto de dinero provocado por lo aletargado de los juicios y lanzamientos judiciales. (M. Lizarzaburu)
EN EL TRANSCURSO DE ESTE AÑO SE HICIERON CAMBIOS EN LA PNP DONDE POLICÍAS DE OTRAS CIUDADES LLEGARON A TRABAJAR A IQUITOS, QUE RAZÓN DA PARA HABER ASESINADO A UNA PERSONA QUE SOLO QUERÍA UN TERRENO PARA SU FAMILIA, LA POLICIA UTILIZO ARMAS DE 9 MILIMETROS PISTOLAS DISPAROS A MATAR ESO DEBERÍAN DE INVESTIGAR QUIEN MATO A ESA PERSONA AHORA LA PNP DESDE EL MES DE ENERO ESTA TRABAJANDO SERVICIO FRANCO RETEN PORQUE NO INVESTIGAN QUE PERSONAL ESTUVO DE SERVICIO EN ESTE DESALOJO, QUIEN ASESINO A ESA PERSONA QUIEN CONTRATO ESE SERVICIO, EN MI PARECER ESTE PERIÓDICO NO TIENE PERIODISTAS DEBEN SER CORRESPONSALES , PARA SINDICAR A UNA PERSONA SIN TENER LAS PRUEBAS SUFICIENTES, ESO SE LLAMA DIFAMACIÓN CALUMNIA.
No es posible que bandas organizadas en tráfico de tierras estén libres sin temor alguno al imperio de la Ley. No es justo, que la propiedad privada, como bien jurídico se ve vulnerada, sin consideración alguna. Todos aspiramos a tener un techo, pero debe ser honradamente sin invadir límites. No se puede abanderar las necesidades y justificar actos contra el Estado de Derecho y las normas que regulan la convivencia; la usurpación, el tráfico de tierras, la apropiación ilícita, son delitos y debe ser tratados como enemigos a la Ley Penal. Que conciencia puede haber en estas personas que motivan ánimos en grupos humanos y exponerlos al límites protegidos por el ordenamiento jurídico, donde incluso la pérdida de una vida estaría demostrando conductas sociopáticas y peligrosas de estos dirigentes. Debe el Ministerio Público, no solo evaluar la tipicidad de esta conducta antijurídica, sino la gravedad de manipular la conciencia de las personas que buscan un lugar para vivir, pero equivocadamente.
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