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Acuerdo de Escazú: El punto G

ESCRIBE: Jaime A. Vásquez Valcárcel

Con algunas reservas, mínimas pues, este articulista, firmaría el Acuerdo de Escazú. No sólo por formación sino por convicción. Tiene más de bueno que de perfectible ese documento que, pocos han leído y menos han comprendido. Ahora bien. Si no se firma tampoco es el fin del mundo.

Pro & Contra, sin querer queriendo, ha recibido todas las voces sobre el Acuerdo de Escazú que, como siempre tantos desacuerdos, desencuentros y tergiversaciones ha provocado. De todos los foros el que mejor estuvo fue el organizado por la Autoridad Regional del Agua de Loreto que, combinó acertadamente lo académico con lo político. Se debe insistir en diálogos de ese tipo y que no se pretenda llegar a un consenso porque eso es imposible.
Fue en el foro del ARA donde pudimos enterarnos que los gobernadores de Ucayali, Madre de Dios y San Martín, se oponen a la firma. Luego se sumaría el de Loreto. Siendo elegidos por el pueblo, no sólo debe ser tomada en cuenta esas voces, sino que tienen la representatividad que el origen de su elección les confiere. Lo que no significa que sean coincidentes con la opinión mayoritaria de los pobladores que representan. Porque no han consultado a nadie más que a gente de su entorno. Si ese foro fue lo mejor, la “Declaración de Loreto” es un documento mal redactado y lleno de lugares comunes que ojalá no sea la muestra de la capacidad de los representantes de las instituciones -muchas de ellas de completa fachada y desfachatez- que la firmaron. Qué manera de hacer las cosas mal. Felizmente apareció -se publica en esta edición de Pro & Contra- el Pronunciamiento de Resurgir Amazonía, REMA, que es una muestra de un documento bien elaborado, aunque se pueda discrepar de varias frases allí escritas.

Volvamos al Acuerdo. La mayoría de los artículos del Acuerdo no son más que reiteraciones de lo que ya se tiene en la Constitución y leyes peruanas. Por eso, una de las opiniones más sensatas que he escuchado es de Rita Ruck Riera cuando dice que por su trabajo en Derechos Humanos tiene que solicitar información a las autoridades y es “sumamente difícil” lograr acceso. A pesar de ser un derecho consagrado en el artículo 2 de la Constitución no es nada fácil lograr información pública. Eso lo sabemos lo que, como los periodistas, pasamos penurias para acceder a información que las autoridades se empeñan en ocultarla. Si hay un tratado que refuerce ese mecanismo, bienvenido sea.
La reserva está referida al punto G del artículo 15. Allí se habla de la “Conferencia de las Partes” y se escribe que se “establecerá directrices y modalidades para la movilización de recursos, financieros y no financieros, de diversas fuentes para facilitar la implementación del presente Acuerdo”. Creo que ahí se deja abierta la posibilidad para la supervivencia de las ONG. Aún antes de ratificarse el acuerdo ya se han creado organismos para la recepción de esos fondos. Muchos de ellos con claros vínculos con la Iglesia que lleva la delantera en ese tema. Pero siendo esa una desviación del espíritu del Acuerdo no hay por qué eliminar el mismo.
“Hay ONG que viven de la palabra indígena” ha dicho con todas sus letras la misma Ruck Riera. Coincido con ella. Es una tarea pendiente evidenciarlas y, de ser el caso, denunciarlas. Hace algún tiempo he publicado la ruta que sigue el dinero recibido por una de esas ONG que termina retroalimentando a empresa vinculadas a la Iglesia Católica. Es momento de decirles que no sigan con esa práctica. Que así vivirán mejor en la tierra, pero si son consecuentes con sus creencias no van a ir al Cielo.
¿Acaso es difícil identificar a esas ONG que han formado un círculo vicioso donde entre ellos circulan los recursos destinados a mejorar la vida de los indígenas y lo que han hecho es mejorar su propia vida, únicamente? ¿Acaso no son evidentes “los trabajos” que hacen las ONG que emprenden, básicamente en el rubro de Educación y Comunicación, campañitas donde se reparten la platita?
No hay que tener miedo al Acuerdo ante una supuesta invasión extranjera y pérdida de soberanía. Eso es sembrar demonios donde no hay ni siquiera tempestades. Hay que usar ese instrumento para incidir en la transparencia de la administración pública. No hay que usarla demagógicamente para decir que sin la firma nos salimos del tren de la historia o con la ratificación se terminará la posibilidad de lograr nuestro desarrollo. Ambas son falsedades.


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