Lideresas y dirigentes de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) dieron a conocer sus derechos colectivos e individuales, durante la reunión que sostuvieron en Lima, con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marco Orellana.
Una delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) recibió el informe sobre la situación de los pueblos indígenas: Túpac Amaru, Betijay, Sempaya, Shahuaya, Puerto Firmeza, Santa Teresita, Santa Lucía, las 7 del pueblo shipibo-konibo. Y la comunidad Tahuarapa del pueblo Ashéninka, ubicada en Raymondi, provincia Atalaya.
Si bien las ocho comunidades cuentan con títulos formales, estos reconocimientos no los protegen en la práctica respecto de las intromisiones perniciosas de terceros y el desarrollo de actividades ilegales en sus territorios.
“No existe un reconocimiento de la integridad de su territorio, solo se les entrega los títulos de propiedad del área agrícola y ganadera; el área forestal se les entrega en cesión en uso. Es importante que el Estado adecue sus normas internas a la luz de los instrumentos internacionales que reconocen la integridad territorial”, detalla el documento.
Convocaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a implementar el Mecanismo Intersectorial para proteger a los defensores de derechos humanos, la protección de los miembros de las comunidades que son amenazados y agredidos por invasores que practican la minería, tala ilegal y narcotráfico.
El informe incluye el recorte o desaparición del número de plazas para la contratación de docentes de Educación Intercultural Bilingüe. Además, casos de vulneraciones al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado.
