Es muy frecuente escuchar o leer que ante una situación de desgobierno o donde se impone el más fuerte estamos ante la “ley de la selva”, se escucha esto en los corrillos políticos o jurídicos. Desde el punto de aproximación de la legalidad en la Amazonía ha ocurrido todo lo contrario: hay una ingente normatividad, hay una desmesura que se entiende de parte del legislador de tratar a la selva como un espacio vacío, entonces, ¿Estamos ante una ley de la selva en la Amazonia? Hace poco leía un titular de un diario de Iquitos que resaltaba lo que decían algunos de los congresistas elegidos que se reafirmaban un rotundo no al Convenio Escazú, lo dicen y no exponen sus razones. O en todo caso hacen caso el comentario manido que este convenio es producto de los acuerdos de las ONG. Ante tremendo atrevimiento de estas personas elegidas uno tiende a pensar el panorama desolador en lo que respecta a este lado de la floresta. El extractivismo desde la Colonia tiene como premisa el descepe de los recursos naturales y para ello, necesita, es parte del modelo, tener instituciones endebles en lo que respecta a los derechos de propiedad sobre los recursos naturales. Esa misma lógica extractivista la hemos heredado cuando pasamos a ser República independiente, miremos al escudo peruano, los recursos naturales son los que ganan en los símbolos. Esos recursos están ahí para aprovecharlos sin más, así se promueve el expolio. El convenio Escazú, a pesar de sus limitaciones, trata de crear esa institucionalidad alrededor de los recursos naturales que parece ser que eso fastidia a los legisladores amazónicos elegidos ¿Quiénes promueven la ley de la selva?
