Contraloría detectó perjuicio económico
La Contraloría General detectó un perjuicio económico por 4 millones 803 mil 647.59 en la Municipalidad Provincial de Ucayali, debido a que 26 ex funcionarios autorizaron, aprobaron y ejecutaron durante los años 2012 al 2018 el pago de una bonificación mensual denominada “Pago por desempeño de función especializada, dedicación exclusiva a tiempo completo, por productividad, nivel jerárquico, alta responsabilidad y por ejercicio efectivo del cargo”, sin contar con norma legal presupuestaria que lo sustente.
Un informe de auditoría detectó que los funcionarios actuaron, pese a existir normas legales presupuestarias que expresamente prohíben el pago de bonificaciones y/o beneficios económicos, anualmente emitieron documentos justificando la autorización, aprobación y gestionaron el pago mensual de bonificaciones a su favor y a otros funcionarios y servidores de la Entidad; así como por el accionar de los Titulares de la Entidad, quienes en su calidad de responsables de la gestión presupuestaria en las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y control del gasto, durante los años 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, autorizaron y aprobaron Resoluciones de Alcaldía que permitieron el pago de las bonificaciones y en el año 2013, se omitió supervisar la gestión del gerente Municipal quien aprobó el pago mensual de bonificaciones prohibidas por la normativa legal presupuestaria.
Asimismo, se detectó que la Entidad carece de un manual de procedimientos que sirva como guía para el desarrollo de las funciones y tareas del personal en la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Organización y Gerencia de Administración y Finanzas, con la finalidad que dicho instrumento de gestión adecue la estructura de procedimientos administrativos en forma lógica, sistemática y detallada de cada unidad orgánica, en el proceso interno que realicen y coadyuven al cumplimiento de los objetivos institucionales, en la mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados a los administrados en el proceso de modernización de la gestión del Estado
El informe de auditoría además de haber sido notificado a la entidad auditada, fue derivado a la Procuraduría Pública de la Contraloría para que inicie las acciones legales respectivas, así como al Órgano Instructor para que inicie el procedimiento sancionador respecto a los 26 ex funcionarios involucrados. La Contraloría recomendó poner en conocimiento del Procurador Público Municipal, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores involucrados.
También recomiendan que el actual alcalde del municipio de Ucayali, debe poner en conocimiento del pleno del Concejo Municipal el contenido del presente informe, a fin que en relación de las deficiencias detectadas y las responsabilidades administrativas funcionales identificadas a los funcionarios públicos elegidos por votación popular, dicho órgano adopte los acuerdos o acciones que correspondan en el marco de la Ley n.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; acto que deberá constar en el acta de sesión de concejo convocada para dicho efecto. Los hechos descritos se encuentran detallados en el Informe de Auditoria n.° 012-2018-2-0478, realizado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Ucayali. (Contraloría)