Lisbeth Castro, representante de la Defensoría del Pueblo, señaló tanto avances como obstáculos en la lucha contra la violencia de género durante una reunión de la Instancia Regional de Concertación Intergubernamental e Intersectorial contra la Violencia de Género en Loreto. Aunque se registra progreso, aún persisten serias dificultades que impiden una atención adecuada a las víctimas. La falta de personal especializado, como psicólogos y abogados, así como la ausencia de cámaras Gesell en diversas provincias, son algunos de los problemas que generan impunidad y dificultan la justicia.
Subrayó la necesidad de una intervención inmediata y coordinada entre las entidades para enfrentar estos desafíos. Un tema crítico es el embarazo adolescente, donde Loreto ocupa el segundo lugar a nivel nacional. Muchos de estos casos son resultado de violaciones, y la actual normativa que regula los abortos terapéuticos requiere modificaciones urgentes para permitir a los profesionales de la salud brindar la atención necesaria a niñas y adolescentes afectadas.
Además, la Defensoría del Pueblo propuso declarar en emergencia la violencia de género en Loreto. Esta medida permitiría abordar de manera más efectiva y rápida los problemas inmediatos, facilitando la coordinación y la implementación de soluciones concretas. Castro enfatizó la importancia de que las mesas de concertación se centren en resolver los problemas y no solo en resaltar logros, buscando acciones concretas y eficientes para proteger a todas las personas, independientemente de su género.
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