En el Perú, los violadores de niños no son extraños ni están lejos de sus posibles víctimas. En algunos casos, comparten la misma casa e, incluso, la misma sangre. En otros, se valen del abuso de poder y se aprovechan de la inocencia.
Así le pasó a José, de 8 años, quien no vio en Eleuterio Tipula Miranda, de 60 años, dueño de una tienda de mármoles cercana a su colegio, a un violador. Nadie se percató hasta que un día José le bajó el pantalón a su compañero en el baño e intentó penetrarlo. Cuando su profesora le preguntó por qué lo hizo, José contestó con una sinceridad fulminante: “Es lo que siempre me hace el señor de la tienda después que lavo su carro”. Luego de un largo proceso judicial, Tipula fue condenado en febrero de este año a cadena perpetua por violación sexual de un menor de edad.
–Números que alertan–
En el Perú, las cifras sobre violación sexual de menores de edad son dispersas y preocupantes. Según el último informe estadístico penitenciario del INPE, hay 8.430 presos en las cárceles del país por haber violado a un niño o adolescente. Este delito es el segundo con más población penal, luego del robo agravado y representa al 9,6% de todos los reos del país.
El informe también revela que al menos 34 de los encarcelados por violar a un menor han tenido más de cinco ingresos a un penal.
“Que haya ocho mil presos por violación revela que hay un grave problema de vulneración a los derechos de los niños que debe ser atendido con urgencia. Lo peor es que hay una cifra escondida de denuncias que nos dice que debería haber muchos más presos por violación”, opina Matilde Cobeña, adjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo.
Las estadísticas del Poder Judicial registran que solo entre el 2015 y el 2017 se condenó a 2.383 personas por los delitos de violación sexual de menores de edad y violación sexual seguida de muerte.
En tanto, las de la fiscalía señalan que en el mismo período se registraron 21.861 denuncias por violación sexual, la mayoría a menores de edad.
Para Cobeña, es necesario que el Estado cuente con un registro único de denuncias y condenas sobre violación sexual de menores para que las autoridades puedan hacer seguimiento de los procesos.
–Juicios eternos–
Cuando Irma encontró a su hermano de 27 años en la cama tocando a su hija de 8 años, decidió contarle a toda su familia en busca de apoyo para denunciarlo. Lo que recibió fue malas caras, molestia e incomodidad. “Le pidieron que no lo denunciara, pero ella felizmente no se dejó manipular. Los exámenes confirmaron que la niña había sido violada”, cuenta la fiscal Ana María Cubas Longa, fiscal superior de San Juan de Lurigancho.
En los procesos judiciales sobre violación sexual de menores de edad, no solo hay que enfrentar la falta de tinta en las impresoras y el déficit de computadoras –cuenta la fiscal Cubas–, en San Juan de Lurigancho, por lo menos, hay que batallar con los prejuicios machistas y con la falta de recursos de las víctimas. “Después de lo que pasó con Jimenita, se creó la primera fiscalía especializada en casos de violación sexual en el distrito y ya contamos con una cámara Gesell”, detalla.
Estas dificultades dilatan los procesos y algunas víctimas desisten de las denuncias. En lo que va del año, esta fiscalía ha logrado recién nueve sentencias de cadena perpetua de procesos iniciados en el 2011, 2013 y 2015.
Para Rosa Vallejos, representante legal de Save the Children, otra de las trabas en estos procesos es la falta de especialización para tratar estos temas sensibles tanto de policías como de fiscales y jueces. En su opinión, el niño no solo debe ser visto como víctima, sino con una visión donde se promueva el respeto a su dignidad.
Brenda Álvarez, representante de Promsex, añade dos puntos importantes: recursos destinados para la lucha contra la violencia sexual y la prevención en las escuelas. Mientras tanto, coinciden las expertas, la cadena del abuso no tendrá final.
–Pongamos el tema en agenda–
Giulio Valz-Gen
Editor de la sección País
Todos somos conscientes del problema de la inseguridad ciudadana. Lo sufrimos diariamente. ¿Pero qué tan conscientes somos de lo crítica que es la situación en cuanto a la violación de menores de edad? Poco o nada. Y sin embargo, hay más de 8 mil presos por este delito.
Los niños y adolescentes son la población más vulnerable. De eso se aprovechan los miserables que abusan de ellos. Recién este año, como gran logro, el Minedu pudo destituir a 583 docentes que habían cumplido condenas por violencia sexual.
Que ello ocurra recién en el 2018 es una señal más que evidente de que algo anda muy mal en la forma en que se maneja este problema.
El Comercio se suma a la campaña ciudadana ¡Cuidado!, y se compromete a exponer los principales problemas asociados a la violencia sexual contra menores. Hablemos abiertamente del problema. Solo así podremos generar cambios.
