UNAP contra UNAAA

La creación de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas fue celebrada con júbilo por la juventud de esa provincia y apoyada con entusiasmo por los dirigentes gremiales de Yurimaguas. A las autoridades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana no les pareció nada buena esa creación. Pero la ley ya estaba dada y solo faltaba cumplirla. Y, como en tantas otras cuestiones de la vida, aquí también no hay plazos que no se cumplan. Y en ese cumplimiento fue la propia UNAP la que tuvo que nombrar la Comisión de Transferencia mediante resolución Rectoral No. 1784-2014. Félix Fernando Hernández Zúñiga, Alberto Navas Torres y Elizabeth Bohabot Gómez representan a la UNAP en la transferencia.

En una concertación inusual y hasta atípica los representantes del mundo académico junto con los del sindicalismo y de la mano de algunos actores políticos han gestionado –mucho antes de la promulgación de la ley 29649- ante diversos sectores la implementación y funcionamiento de la UNAAA. Hasta hace pocos días el presidente del FREDESAA, Jhony Isuiza, el presidente de la Comisión Organizadora de la nueva universidad, Jesús Guardia Salas y el congresista Víctor Isla Rojas se reunieron con el Viceministro de Gestión Pedagógica, Flavio Figalo para coordinar los temas presupuestales. Demás está decir que el entusiasmo de las personas mencionadas es contagiante. Contagiante, digo, para quienes añoramos una descentralización efectiva. Y, desde el punto de vista jurídico, geográfico y, si prefieren, sentimental, no hay razones para oponerse a la creación y funcionamiento de la UNAAA tal como lo establece la ley que le da vida. Pero, ya sabemos, que algunos personajes de la UNAP no piensan lo mismo. O, mejor, para no colocar en el rubro de pensamiento esa posición diremos que creen que no es así.

Por eso, a través de las redes sociales, primero, y luego en una conferencia de prensa, han lanzado la iniciativa para presentar una acción de inconstitucionalidad porque “son rentas de la universidad las actuales partidas consignadas en el presupuesto de la UNAP para el funcionamiento de su sede en Yurimaguas (…) El personal docente y administrativo de la UNAP en Yurimaguas pasa a formar parte de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas”. Los de la UNAP afirman ello afecta la autonomía académica, administrativa económica. Pero se comportan como el perro del hortelano. Y ya los amazónicos sabemos muy bien aquello de perros y hortelanos.

Jurídicamente la ley no viola ninguna otra norma. Ni la Constitución. Pues bastaría que cualquier estudiante de Derecho revise la creación de universidades de los últimos años para comprobar que ellas se han formado con la infraestructura, recursos y alumnos y docentes de otras similares. Geográficamente Yurimaguas merece contar con una casa de estudios superiores propia. Sentimentalmente todos los loretanos deberíamos apoyar el funcionamiento de la UNAAA. Porque lo que algunos quieren negar a los de Alto Amazonas es lo que siempre el centralismo insensato ha negado a los iquiteños bajo diversos argumentos.

Si las autoridades de la UNAP quieren dejar algo trascendente para los iquiteños deberían inundar las redes sociales, convocar a conferencias y socializar a la comunidad para que se cumpla uno de los fines por los que ha sido creado y que ya cumplió 54 años de estar escrito en el papel y que no es otra cosa que “Establecer, en colaboración con el Instituto Antropológico, un museo Amazónico en la ciudad de Iquitos”.

Así que desde estas líneas hay que invocar a los integrantes de la Comisión de Transferencia –ordenada por el propio Rector de la UNAP, Rodil Tello- que hagan su trabajo porque desde el mundo académico sería una lección magistral que los postulados se lleven a la práctica y no se pongan trabas. Alberto Navas –uno de los comisionados- por sus orígenes y pensamiento debería ser uno de los entusiasmados en esta tarea. No hacerlo es ir contra la naturaleza de las cosas y, además, un ejemplo peligrosísimo de inconsecuencia porque han formado una Comisión y sus creadores se oponen a la misma. Claro, saben que no hacerlo es caer en desacato a la ley. Y saben, además, que desde su curul el congresista Víctor Isla Rojas prácticamente ha conminado a que cumplan la ley. Y en lugar de verse obligados a ello hubieran dado un gesto de grandeza -y nobleza a la vez- no solo formalizando lo que la ley obliga sino colaborando para el logro de la tarea. Que se dará de todas maneras a pesar de la oposición mezquina de quienes creen que es inconstitucional crear universidades nacionales con los recursos que se destinan a otras.