Por Roger Najar Kokally
Candidato al Senado por PODEMOS PERÚ
En el Perú, más de un millón de personas dependen directa o indirectamente de la minería artesanal e informal. Esta realidad no es nueva, ni marginal, ni pasajera. Se trata de una actividad económica extendida y vital, especialmente en aquellas regiones donde el Estado ha sido históricamente ausente. Sin embargo, en lugar de políticas de inclusión, el país ha mantenido una lógica represiva: criminalización, interdicciones y abandono. Esa contradicción debe ser enfrentada con honestidad. La minería artesanal no es el problema: el problema es un modelo minero injusto, concentrador y excluyente, que privilegia a la gran minería con beneficios extraordinarios, mientras margina a quienes trabajan por necesidad en condiciones precarias.
La gran minería —amparada por contratos blindados y estabilidad jurídica por 10, 15 o más años— concentra territorio sin producir, evade impuestos mediante deducciones legales y goza de devoluciones anticipadas del IGV. Mientras tanto, bloquea otras formas de economía y encierra al país en una estructura extractiva que no redistribuye ni transforma. Según cifras oficiales, el 14% del territorio nacional está concesionado a la minería, pero menos del 10% está en explotación efectiva. El resto permanece ocioso, usado muchas veces como herramienta especulativa. En paralelo, cientos de miles de mineros artesanales son perseguidos, cuando en realidad representan una fuerza de trabajo que puede y debe integrarse a la economía nacional con derechos, seguridad y sostenibilidad.
Reconocer para transformar
La minería artesanal llegó para quedarse. No será erradicada ni sustituida en el corto plazo. Por eso, el punto de partida de cualquier política minera realista es su reconocimiento como actividad económica legítima. Reconocer para ordenar. Reconocer para transformar. Esto implica una transición basada en derechos, con un Estado que acompañe, y con un modelo propio: minería de pequeña escala, asociativa, con acceso a títulos, financiamiento, tecnologías limpias y trazabilidad. Una política que piense no desde Lima sino desde los cerros, las quebradas y las economías locales.
Proponemos, por tanto, una nueva política minera basada en seis ejes estratégicos, que reflejen el territorio y pongan fin a los privilegios corporativos:
1. Formalización con enfoque territorial y humano
Procesos descentralizados, títulos colectivos o comunales, licencias sociales. El Estado debe brindar acompañamiento técnico y financiero, y garantizar que el pequeño minero trabaje con dignidad, seguridad y trazabilidad.
En este sentido, se debe mantener la continuación del proceso de la formalización para las personas que directamente realizan actividad minera a pequeña escala (pequeña minería y minería artesanal), a través del REINFO hasta la promulgación de una Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) debidamente consensuada. Excluir a estos actores podría afectar la economía de miles de familias que directa o indirectamente dependen de la mencionada actividad.
Si bien es cierto que no es posible contar con cifras oficiales claras de la totalidad de personas que se encuentran vinculadas a esta actividad, por un lado se menciona que habría más de 200,000 trabajadores vinculados directamente a este sector (MINEM, 2025) y otros, en cambio, estiman hasta unos 500,000 trabajadores directos y cuatro millones de empleos indirectos (Infobae, 2025). Lo que no se puede negar es que la masa humana que conforma esta actividad es inmensa a nivel nacional, por lo que se requiere una política de Estado orientada a su integración con derechos y sostenibilidad.
2. Justicia tributaria y fin a las gollerías
La gran minería debe dejar de operar bajo regímenes especiales. Proponemos la revisión de contratos de estabilidad jurídica, el fin de las deducciones abusivas y la aplicación de regalías progresivas que realmente beneficien a las regiones.
3. Zonificación con participación social
Debe establecerse una zonificación clara: cabeceras de cuenca, territorios indígenas y áreas naturales protegidas como zonas intangibles. A la par, definir áreas aptas para minería artesanal con criterios técnicos y acuerdos locales.
4. Diversificación productiva con fondo de transición
La dependencia del oro no puede perpetuarse. Planteamos la creación de un Fondo Nacional de Transición Productiva, con recursos de la minería, para fomentar agroindustria, bioeconomía, turismo y energías limpias en zonas mineras.
5. Seguridad con justicia, no con represión
La persecución debe dirigirse a las mafias del oro, la trata de personas y el lavado de activos. Los pequeños mineros que buscan formalizarse deben ser protegidos y acompañados. Es hora de aplicar una justicia diferenciada.
6. Reforma radical del régimen de concesiones
Las concesiones ociosas deben revertirse. Proponemos el principio de “uso o reversión”: si no se produce en dos años, la concesión caduca. Además, debe aplicarse un impuesto a la especulación territorial y redistribuir el suelo en función de fines sociales y sostenibles. (La reforma incluye la modificación de la Ley General de Minería).
Hacia un nuevo pacto territorial
Necesitamos un nuevo pacto entre el Estado y los territorios. Un pacto donde el trabajo no sea criminalizado. Donde las riquezas del subsuelo no se acumulen en pocas manos. Donde el Perú deje de ser una república extractiva y empiece a ser una nación que distribuye, que cuida y que respeta a su gente.
Este planteamiento no es solo una propuesta técnica. Es una convocatoria política y ética. Convocamos a los pequeños productores, a los mineros artesanales, a las organizaciones gremiales, a los gobiernos regionales, a las juventudes que quieren un país con oportunidades. Convocamos a las fuerzas políticas dispuestas a romper con el viejo modelo. Este es el momento de transformar el país desde abajo. De reconocer la realidad para cambiarla. De convertir la minería en una vía de desarrollo con justicia y dignidad para todos.
