Servir: ¿se puede creer en la ley?
Con 58 votos a favor, 45 en contra y 3 abstenciones, el Congreso de la República finalmente aprobó la llamada ley del Servicio Civil propuesta por el Poder Ejecutivo, en medio de un mar de protestas que incluyeron desangramientos, entierros vivos, crucifixiones, tomas de locales, movilizaciones, bloqueos de vías y una violencia que crece en la misma proporción que crece la angustia y la incertidumbre de miles de trabajadores y de sus familias frente a lo que puede ser su próximo escenario vivencial. “No le tengamos miedo al cambio” ha dicho antes el presidente Humala para amenguar el temor que existe a la aplicación de un dispositivo que tiene propósitos laudables ciertamente -como aquello de modernizar la gestión pública y volverla más transparente, más competitiva, más eficaz, más eficiente-, pero que deja resquicios por donde podrían filtrarse las aguas oscuras del revanchismo, el chantaje y la manipulación.
Ya sucedió en el pasado reciente. Los despidos masivos que se dieron en 1993 en el régimen fujimorista se sostuvieron en los mismos propósitos, y el resultado es que ahora tenemos un aparato estatal más paquidérmico que el de la década del ochenta. Se botaron a la calle a decenas de miles de trabajadores, creando una zozobra existencial a igual número de familias. Con estos antecedentes cuesta creer por ello en una ley que señala que el puesto de trabajo se suprime, o sea, se anula, se elimina, por causas tecnológicas, estructurales u organizativas. Invocando este dispositivo, una autoridad municipal o regional podría interpretar que un despido de trabajadores que no son de su simpatía o de su agrado es legítimo si realiza una innovación tecnológica en la prestación de un servicio que reduzca la necesidad de personal. O uno más avezado podría declarar una reestructuración o reorganización en la entidad pública que dirige con la única intención de deshacerse de quienes le resulten incómodos.
Igualmente, es absolutamente poco confiable una ley que establece explícitamente que una causa de terminación de la relación laboral es la “ineficiencia comprobada”. ¿Cómo se medirá la ineficiencia?, ¿cómo se comprobará esa ineficiencia?, ¿qué métodos de evaluación del desempeño laboral se aplicará?, ¿cuáles serán los criterios a emplearse?, ¿quién o quienes lo van a elaborar y decidir?. En la última experiencia de este tipo en la década de los noventa esa evaluación fue un grandísimo engaño, una herramienta sórdida, un instrumento del rencor político, una babosada de puntajes fabricados, con la que los verdugos naranjas formalizaron el intríngulis de echar a la gente sin ninguna consideración, ni compasión, ni derechos. Una evaluación no puede ser una inventiva de ítems cognoscitivos, no debe ser una sistemática infame de humillación de las personas, ni menos un carnaval de chantajes monetarios y sexuales padecidos por quienes más que cifras, son seres que tienen una dignidad que en ese entonces les fue negada en todos los idiomas.
Sé que nos dirán que ésa era otra época. Mentira. Esas prácticas son comunes hoy en día, con el agravante de que la politiquería la ha embarrado aún más. A esas prácticas cuestionables y delincuenciales, se suma ahora la extorsión laboral que padecen calladitos los que no tienen opción. Si no sales a pintar las paredes con el nombre de tal o cual candidato o a llevar gente a una plaza para aplaudir al politiquero que hace bingos y regala de todo, puedes dar por hecho que en el siguiente mes ya no encontrarás tu tarjeta de asistencia. Si no has dado un billete mensual para la campaña -algunos son tan macheteros que le esquilman hasta el 50% de sus ingresos a sus pobres trabajadores-, debes ir buscando donde acoderar tus brazos y tu cerebro para seguir sosteniendo a tu familia.
En el otro extremo está quienes ingresan bajo concursos en organismos públicos. Somos una sociedad tan pobre mentalmente que algunos creen que pasar una valla cognoscitiva o procedimental, -muchas veces con ayuda de padrinos estratégicamente ubicados- es sinónimo de ser los non plus ultra de la empleocracia, la última chupada del mango en la escasez de frutas, la penúltima coca cola del desierto sahariano, y por eso, en su ostracismo espiritual, creen que eso da derecho a tratar a los demás, especialmente a los usuarios de un servicio público, de manera despectiva, como en una relación de superior a inferior, con una indiferencia de hielo antártico, o con una soberbia indecente y despreciable que habla por sí mismo de la indigencia de su alma.
Volviendo a la evaluación, preguntábamos cuáles serán los criterios que se emplearán para la misma, en el supuesto que los trabajadores consientan la aplicación de la ley. Evidentemente deben ser criterios claros, detallados, precisos, sin ambigüedades, para cada categoría, nivel, especialidad y función en que se encuentren los sujetos de la evaluación. No es sólo bucear en el legajo curricular o de hacer una evaluación eminentemente cognoscitivista de la función o, peor aún, una prueba de cultura general como la llaman. Se trata de verificar las competencias procedimentales, las habilidades y destrezas del servidor en el desempeño de su labor; hay que medir y monitorear el comportamiento ético, la actitud del evaluado, conocer sus emociones, su capacidad de convivir con los demás; y junto a ello, de ayudarlo a desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades.
Díganme, qué de todo esto que debe ser el vivir diario de la institucionalidad pública hay en la ley Servir aprobada contra viento y marea por nuestros ilustres congresistas.
En un mundo de políticos suspicaces, que direccionan el objetivo de una medida de acuerdo a sus intereses políticos y no del pueblo, habra resistencia a los cambios. Si leemos la ley, es todo lo contrario a lo que estan manifestando. No es obligatorio entrar en este nuevo régimen, el que quiere se queda como está, el que entra tendrá los siguientes beneficios: Todo lo que gana se hasta hoy sew considera como sueldo pencionable, tendrá gratificaciones de sueldo completo, su CTS sera el valor de su sueldo completo, los del CAS con mas de dos años entraran sin concurso, los eficientes podran hacer carrera pública, los otros serán capacitados, mantendrán todos sus beneficios ganados. Los nuevos que entran lo haran por concurso, ya no por recomendaciones o por ser miembros del partido ganador, los cargos de confianza serán limitados para que la burocracia no aumente de partidarios como en tiempo del Apra. Esa es la cosa señor Moises Pnduro Coral, si desconfiamos de todo es señal que no sosmos confiables.
Bueno, basta ya ; actualmente trabajo en una institucion publica y veo de todo, el 20% pasa los sesenta años y tienen nivel secundario y se creen los nombrados intocables, dueños, que nadie lo puede sacar, meten a trabajar a sus familiares con documentacion alterada y nadie dice nada. La mayor parte del trabajo lo realizamos nosotros los contratados y si decimos algo en contra del sistema, estaen la mira. Entonces de que hablamos. Las teorias administrativas lo señalan solo se lograra la eficiencia organizativa, funcional y de servicio con una capacitacion constante y evaluaciones permanentes para mantener latente el animo de la responsabilidad en el cargo y no sentirse indispensable o unico.
¡Viva el Peru!, es un buen regalo por fiestas patrias para todos los peruanos que queremos un pais moderno, eficiente, cero burocracia, cero tarjetazo. Solo tu capaciadad de ser un buen profesional con etica; Al servicio de los ciudadanos,
de nuestros compatriotas.
Que Dios nos bendiga
Bueno amigos, en verdad podria decir, que existe diversidad de opiniones con respecto a lo indicado por ustedes, pero es una verdad que el que tiene mas tiempo, debe ser respetado y valorado, en las instituciones Militares y Policiales, se dan dos rangos, los Oficiales y los subalternos; los oficiales para ascender tienen que estudiar y demostrar capacitaciones adquiridas las mismas que son solventadas por la misma institución a través de concursos, de igual modo en los subalternos, y los que no desean aspirar a escalar mas grados, se quedan como estan; Ahora en la Administración Pública, casi no existe un programa de capacitaciones que permita que los empleados y funcionarios se capaciten; y si, se da; solo se otorga a los allegados, y el resto que pasa? , es verdad lo que dice uno de los opinantes, los nombrados se atrincheran y se protegen en ello, en cambio los contratados tienen que hacer la labor de ellos. Sobre esta opinión podre decir, que lo que pasa es que ahora los contratos nuevos se piden con mayor nivel académico, hace unos 20 años, la condición era que tengan secundaria completa, solo que esa educación era diferente, más completa y con un conocimiento ortografico del bueno. en la actualidad existen profesionales con grados académicos de gran jerarquia, y con un lexico pobre. la diferencia es solamente tecnológica y de oportunidades, mientras que los antiguos deben administrar su ganancias económicas en su familia ( esposa e hijos que educar y gastar) los nuevos que salen, son solteros y su dinero lo invierten solo en ellos. Considero que eso es el limitante entre un antiguo y uno nuevo, existen dos fases claramenrte enmarcadas y las cuales no debemos dejar de Olvidar, asimismo que uno de esos nombrados de la Administración pública podría ser el padre de uno de nuestros jefes de Ahora o de uno de los opinantes. no les parece que le debemos respeto y honra a los antiguos. ellos ya trabajaron, nosotros estamos empezando y hay que agradecerlos a ellos, que han permitido que la institución donde trabajamos se haya mantenido hasta ahora, y de ese modo podemos tener la oportunidad de trabajar. Que Dios les de exitos y prosperidad.
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