La próxima semana va ser decisiva para el futuro próximo de la política peruana. El mandatario Martín Vizcarra ha dicho que esperará hasta fin de mes para aplicar un plan B que todo apunta a una Asamblea Constituyente. Sin embargo, más allá de las especulaciones y rumores, parece que el presidente no tendría el coraje suficiente para tamaña decisión. Tal vez nos equivoquemos y por ahí en un arrebato de autoridad nos sorprenda a todos.

Pero no creemos de semejante audacia y lo decimos porque varios gobernadores regionales del sur y sobre todo la población, en términos generales, está coincidiendo que amerita una nueva ley minera a propósito de los problemas sociales y enfrentamiento que existe actualmente. Enarbolar esta exigencia sería un gesto realmente importante y se interpretaría como un acto de valentía de Vizcarra porque implicaría mover el tablero económico en el que se ha sustentado el modelo económico.

Pero en el 34 PeruMin en Arequipa ha dicho que sólo conformará una comisión de expertos y voceros de sectores sociales para fomentar el diálogo y que hay algunos temas perfectibles que se pueden mejorar. Una demostración que el verdadero problema de la crisis es que nadie se atreve a realizar las reformas necesarias. Más allá de los fuegos artificiales que implica la lucha contra la corrupción y el sostenimiento de los operadores de justicia que hacen esfuerzos por buscar la verdad en las coimas sistemáticas, un verdadero cambio implica sustituir a los que actualmente están en el Congreso.

Y no estamos hablando necesariamente de cambio de sistema como piensan muchos alineados a la izquierda. Lo que siente la población es la inoperancia de la administración estatal mas no creo que reniegue del sistema que le ha ofrecido muchas oportunidades de salir, dentro de sus posibilidades, de la pobreza. En tiempos que se quiere encasillar a la extracción de recursos por su inactividad en la solución de los problemas del país, hay experiencias (es insuficiente claro) en cada esquina que desmienten esta perorata de algunos.

Pero lo que sí se exige es una posición radical que ponga fin a estas injusticias de procedimiento. La corrupción, la inequidad por el mercantilismo, las trabas estatales y para eso se requiere no estar comprometido con los que actualmente pregonan que aquí no pasa nada y que sólo es cuestión de maquillar alguna circunstancia. La actitud revolucionaria pasa por sostener una decisión que comulgue con las convicciones de la gente y Martín Vizcarra, por lo mostrado últimamente, parece estar lejos.

El poder envilece, acomoda, silencia y hasta domestica. Peor aún si hay compromisos sospechosos aún no aclarados. La próxima semana comprobaremos finalmente de que estaba hecha la construcción de un perfil provinciano que, por cuota marrón, suerte comercial con su ex jefe o coincidencia peruana de la política, llegó a ser mandatario. Alguien que se inició tibiamente, quiso apretar el pedal de la lucha anticorrupción, se estrelló con los poderes reales, aparentemente se cansó y como final de su estadía intenta pasar a la historia.

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