El Informe Anual del Proceso de Descentralización 2021 (IAPC) presentado en octubre por la PCM prioriza la elaboración e implementación de la Política Nacional Multisectorial de Descentralización al 2030. Sin embargo, la metodología de intervención para apaciguar el descontento social sigue siendo la misma.
El economista Roger Grandez, citó el caso de Loreto, donde las manifestaciones sociales de los indígenas de imponer su control territorial bloqueando ríos y afectan la propiedad privada y los eventos suscitados el 8 de agosto de 2020 en el Lote 95, donde fallecieron 3 civiles y hubo 10 heridos, marcaron el fracaso y la PCM insiste en continuar por la misma senda.
«Las políticas de gobierno, al ser de carácter unitario, desconocen las realidades locales, lo que conlleva a un arriesgado proceso de gobernabilidad del territorio, un gobierno que lo quiere todo, pero no llega ni resuelve para todos», explicó.
Los avances en estas décadas fallidas por allanar el camino hacia la descentralización y desconcentración, son analizadas por las instituciones con distintos enfoques, y todos determinan que la centralización sigue anclando mecanismos técnicos administrativos que establecen rígidos procesos para relentizar capacidades gubernamentales subnacionales.
Lamentó que la súbita muerte de este modelo de gestión territorial no sea tratada en el IAPC 2021 como respuesta para un proceso de descentralización y subsidiaridad más efectiva. Armar un paquete de reformas institucionales con los gobiernos locales para promover el diálogo, identificar las brechas intervenciones para alcanzar mecanismos de resolución de conflictos, puede ser el camino de una descentralización con gobernanza territorial.
«La descentralización va más allá del tema presupuestal, de activar proyectos y programas, transferir y delegar funciones; requiere de un proceso de subsidiaridad y metodológicamente bien implementado, para impulsar respuestas y resultados favorables», señaló.
