En la UGEL Putumayo
Procurador Público Regional denunció penalmente a funcionarios y personas que cobraron sin tener ninguna relación laboral con sector. Uno de ellos al verse descubierto devolvió una parte del dinero con depósito en el Banco de la Nación.
Funcionario de la UGEL informó que “Fernando Tapia Coral, mal utilizando su cercanía al gobernador Fernando Meléndez, dio instrucciones para que se cese a los encargados de Logística y Contabilidad para no dejar evidencia de operaciones fraudulentas”.
El 30 de mayo de este año Javier Iturrarán Viena recibió un abono a su cuenta de S/. 87,858.45 por concepto de pago de beneficios sociales. Ese mismo día Rider Rengifo Bardales recibió un abono a su cuenta de S/. 51,269.91 por concepto de pago de beneficios sociales. No tendría nada de raras ambas operaciones si es que las dos personas beneficiadas tendrían vínculos con la Unidad de Gestión Educativa Local de Putumayo. Pero tanto Iturrarán Viena como Rengifo Bardales no tienen ni han tenido vínculo laboral con la UGEL Putumayo y han sido beneficiados con la complicidad de Pedro Cainamari Soto, administrador de la UGEL, en complicidad con Fernando Tapia Coral, Rider Rengifo Bardales, Javier Iturrarán Viena y Marco López Sifuentes. Todos los detalles de la forma cómo operaban estas personas en la UGEL Putumayo se encentra en la denuncia penal presentada por Roldán Ruíz Ruíz, Procurador Público del Gobierno Regional de Loreto al que este diario ha tenido acceso.
Los hechos
Según Vismar Jovany Gutiérrez Acho del equipo de Finanzas y Presupuesto, el 29 de mayo recibió una llamada telefónica de Hércules Pierre Saboya Domínguez del Área de Informática indicándole que Marcos López Sifuentes, extesorero de la UGEL Putumayo, requiere el servidor SIAF para que haga un informe de entrega de cargo, utilizando el servidor durante dos horas. El 30 de mayo recibió la llamada telefónica de Rider Rengifo Bardales indicando que ya está procesando una operación. Cuando Gutiérrez Acho preguntó a qué operación se refería, el interlocutor cortó la comunicación. Cuatro horas después recibió otra llamada, esta vez de Fernando Tapia Coral, quien le indicó que no se preocupe de la operación que se realizó y le precisó que iba a coordinar con Pedro Cainamari Soto, administrador de la UGEL Putumayo, para que le proteja de la operación realizada y le aseguró que iban a cambiar inmediatamente al jefe de Logística y al de Contabilidad para que no quede evidencia de la misma.
Preocupado por la operación a la que hacían referencia Rider Rengifo y Fernando Tapia, el 2 de junio revisó los registros SIAF y no encontró ninguna operación sospechosa. Sin embargo, el 12 de junio se realizó el cierre presupuestal de mayo y se encontró un saldo diferencial que no cuadraba y se encontró un registro anulado de la ampliación del calendario. Inmediatamente se informó al MEF y la entidad informó que dicho registro estaba en la fase de girado el 29 de mayo y cuando se revisa los cuadros de ejecución se nota que había un saldo de diferencia en “Personal y Obligaciones Sociales” de S/ 139,128.36 soles. Cuando se revisa más se encuentra que los beneficiados eran Javier Iturrarán Viena y Rider Rengifo Bardales.
Pero eso no es todo. El 26 de junio la UGEL Putumayo emite un informe que concluye que “existen irregularidades tanto en la certificación No. 000146 y el expediente SIAF No. 000233 (…) y se evidenció abonos a cuentas bancarias de dos personas que no figuran en el padrón nominal de personal docente, auxiliar y administrativo que presta servicios y por montos excesivamente vinculadas a la escala vigente para pago de docentes y/o administrativos”. Como para que no quede duda de la operación fraudulenta se añade que “dicha operación fue realizada sin el procedimiento administrativo y sin las autorizaciones de los funcionarios responsables de la ejecución del gasto y que las personas que lo realizaron tenían acceso sin restricciones a los módulos SIAF.
La devolución del dinero
En la denuncia penal el Procurador Regional Roldán Vigo señala que cuando se detectó estas irregularidades la profesora María Elena Venturi Vílchez, directora de la UGEL Putumayo, remitió cartas notariales a Iturrarán Viena y Rengifo Bardales y López Sifuentes, tesorero de la entidad. El único que respondió la carta del 27 de julio fue Javier Iturrarán, quien el 12 de julio se acercó al Banco de la Nación y depositó S/. 45,000. En la carta enviada al extesorero se le señala que “sin mediar consecuencias, responsabilidades y autorización alguna generó un expediente virtual para un trámite de ejecución de gasto donde deliberada e irregularmente efectuó un registro de las fases de compromiso, devengado y girado con comprobante de pago No. 000250 por S/. 139,128.36 con el agravante que el 29 de mayo ya no era tesorero, pues el 25 de mayo él mismo recepcionó el memo que le informaba que ya no desempeñaba ese cargo de confianza.
El informe que inicialmente se envía a la directora de la UGEL Putumayo señala además que “estas acciones fueron planificadas y ejecutadas con la autorización de Pedro Cainamari Soto, administrador, con complicidad con Fernando Tapia Coral, Rider Rengifo Bardales, Javier Iturrarán Viena y Marco López Sifuentes, quien fue el autor material de los abonos en cuenta de los fondos de UGEL Putumayo”. Y en un párrafo establece que “Fernando Tapia Coral mal utilizando su cercanía con el Gobernador de la Región, Fernando Meléndez Celis, dio instrucciones a Pedro Cainamari Soto, para que en forma inmediata cese en sus cargos a los encargados de Logística y Contabilidad con la intención de no dejar evidencias de las operaciones realizadas, con la finalidad de que estas nunca sean detectadas”.
Pro & Contra trató de comunicarse con los involucrados pero al cierre de edición no contestaban el teléfono, hasta lo apagaron.
