Por: Moisés Panduro Coral
El uso de este término se está volviendo trillado en gobernantes y políticos de todos los niveles. Lo utilizan en documentos oficiales, en planes de desarrollo, en discursos, en intervenciones en medios y en reuniones públicas, más la realidad ha demostrado que hasta ahora esto de gobierno abierto ha sido puro floro, saludo a la bandera, adorno de peroratas, palabreo para aparentar honestidades inexistentes, cortina de humo para tapar saqueos presupuestales, compras fantasmas y obras arruinadas antes de cumplir su primer año de vida útil.
¿Qué es un “gobierno abierto”? Es una iniciativa, una política que busca darle al ciudadano la oportunidad de saber lo que pasa en la gestión pública, cómo se gasta el dinero público cualquiera sea su origen presupuestal, permite conocer si una compra de bienes, la prestación de servicios, la contratación, ejecución y operación de una obra se ajusta a los procedimientos establecidos, y fundamentalmente, si en todos ellos se ha actuado con criterios de justicia, equidad, razonabilidad, proporcionalidad, honestidad, predecibilidad, eficiencia, eficacia y efectividad.
Por eso, un “gobierno abierto” debe sustentarse sobre cuatro pilares: transparencia y acceso a la información pública, participación ciudadana, integridad pública, y gobierno electrónico y mejoras en los servicios públicos. No puede ser transparente un gobierno local, regional o nacional que no tiene su portal institucional actualizado y/o que oculta información a sus ciudadanos y a los encargados de realizar sus funciones de fiscalización. El ciudadano debe tener la información disponible sobre las actividades de su gobierno y realizar el seguimiento. Quien nada debe, nada teme.
La premisa anterior garantiza la participación ciudadana, es decir lo promueve, lo potencia, lo hace más tangible, legitima a la autoridad, involucra al ciudadano en las tareas y funciones de su municipalidad o de su gobierno regional, le permite a éstos recibir su aporte e incluirle de manera efectiva en la toma de decisiones, por encima de su ideología, credo, extracción social, género o simpatía electoral. Por eso es importante mejorar los formatos, los mecanismos y los procesos de la rendición de cuentas. Éstas deben dejar de ser esas cifras que nadie lee, esos términos que a pocos les interesa, esas asambleas soporíferas con portátiles que aplauden, esos anillados voluminosos de contenido vacuo para la inmensa mayoría; deben ser orientadas más a la exposición de resultados concretos que a la foto y al titular periodístico, dirigidos más al entendimiento de la gente que al mero y anodino cumplimiento legalista.
Lo reseñado hasta aquí es difícil de lograr sino tenemos hombres y mujeres íntegros en el manejo y la conducción de los gobiernos. Por íntegro se entiende a la persona en la que uno puede confiar, es gente con entereza valórica, de reconocida rectitud en sus acciones, leales a sus principios, que exhiben honradez en su conducta de gobierno, cercanos al bien común. Tener políticos, técnicos, profesionales, empresarios o ciudadanos integros es el mejor basamento para la concertación de políticas púbicas, el consenso para el largo plazo, el acuerdo político o social por y para resultados.
Finalmente, para que un gobierno sea abierto es necesario expandir el gobierno electrónico, es decir integrar a los ciudadanos a las redes sociales, usar pedagógicamente los medios de comunicación, y si éstos no cumplen su función educadora y formadora de conciencia y -peor aún- si se prostituyen con el efímero poder del dinero y la corrupción, es menester aumentar el acceso de la población a las nuevas tecnologías de información, identificar continuamente otros medios alternativos y expandir la vigilancia y el control ciudadano sin ninguna restricción.
Es un chiste que se pretenda llamar “gobierno abierto” a un gobierno que es opuesto a esta nueva perspectiva de la acción de gobierno.
